-La menor recibe atenciones en un centro médico de Baní, donde fue ingresada de emergencia-

La Policía Nacional y el Ministerio Público, como resultado de una ardua labor de interoperatividad interinstitucional, lograron que se impidiera el ingreso a los Estados Unidos de un hombre que era buscado por su presunta vinculación en un caso de abuso sexual contra una niña de 7 años, ocurrido en la comunidad de Matanzas, provincia Peravia.

El detenido fue identificado como Nicolás Núñez, de 60 años de edad, exoficial superior policial en condición de pensionado, contra quien pesaba una orden de arresto emitida tras la denuncia formal presentada por familiares de la menor, cuya identidad se mantiene en estricta reserva, conforme a lo establecido por la ley para la protección de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con el reporte preliminar del personal del Departamento Especializado de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI), el imputado intentó evadir la acción de la justicia abordando un vuelo en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago, siendo detectado gracias a la coordinación entre los organismos de seguridad de la República Dominicana y los Estados Unidos.

La denuncia fue interpuesta el pasado 1 de febrero, momento en el cual se activaron de inmediato los protocolos correspondientes de la Fuerza de Tarea Conjunta, con la participación de agentes del DEAMVI y representantes del Ministerio Público especializado en niños, niñas y adolescentes.

La menor recibe atenciones en un centro médico de Baní, donde fue ingresada de emergencia, recibiendo asistencia médica especializada y siendo sometida a un procedimiento quirúrgico. Su diagnóstico se mantiene reservado.

En el proceso investigativo se obtuvo el testimonio de una familiar cercana a la víctima, quien señaló como presunto agresor a un hombre conocido con el alias de “El Coronel”, describiendo un patrón reiterado de acercamiento y manipulación hacia la menor.

Posteriormente, se realizaron amplios operativos de localización en el sector Matanzas, barrio Washington, sin lograr ubicar al imputado en ese momento.

Ante esta situación, la magistrada de la Unidad de Violencia de Género solicitó una orden de arresto de emergencia, la cual permitió reforzar la búsqueda y lograr su localización en las circunstancias antes señaladas.

La menor permanece bajo supervisión médica y acompañamiento familiar. De acuerdo con el Ministerio Público, una vez reciba el alta médica será puesta bajo la protección del CONANI, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

SANTO DOMINGO.- Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, un tribunal de Santo Domingo Oeste condenó a 20 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a una embarazada, en un hecho ocurrido el 22 de febrero de 2025 en el municipio Los Alcarrizos.

Arsenio Fragoso fue hallado culpable de violar los artículos 331, 382 y 383 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 83 y 86 de la Ley núm. 631-16 sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El Ministerio Público, representado en audiencia por las fiscales litigantes Sugely Valdez y Francheska Alcántara, estableció que el acusado interceptó a la víctima, quien tenía 33 semanas de embarazo, y a su hija de cuatro años de edad, cuando caminaban alrededor de las 7:00 de la noche frente a un cementerio ubicado en el sector La Piña.

De acuerdo con la acusación, el agresor las amenazó con un arma blanca, tipo puñal, y obligó a la mujer a entrar al camposanto, donde la agredió sexualmente en presencia de la niña.

El expediente acusatorio, instrumentado por la fiscal Nancy Ovalle, detalla, además, que, tras cometer el abuso, el procesado amenazó a la víctima con el arma colocándola en el abdomen y le sustrajo una tableta electrónica.

La sentencia fue dictada por los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, Julio de los Santos Morla, Clara Yoselin Rivera y Sandra Josefina Cruz, quienes acogieron las pruebas aportadas por el Ministerio Público, entre ellas el certificado médico y psicológico, así como el testimonio de la víctima.

Por decisión del tribunal, el procesado deberá cumplir la sentencia en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria.

La defensa de José Ramón Peralta sostuvo que la acusación presentada por el Ministerio Público carece de sustento para ser debatida ante un tribunal, al estar estructurada —según expuso— más para el impacto mediático que para un juicio penal. De acuerdo con los abogados, el expediente no contiene pruebas técnicas ni documentales que respalden los señalamientos formulados.

Durante su exposición, la defensa reiteró que la acusación contra Peralta descansa en una sola declaración, sin corroboración independiente, lo que —a su juicio— resulta insuficiente para sostener un proceso penal en un Estado de derecho. Indicaron que este enfoque vulnera principios básicos del debido proceso y obliga al tribunal a evaluar si la acusación cumple con los estándares mínimos para avanzar a una etapa de juicio.