Por Alejandra Arredondo

AUSTIN (EE.UU.). – Rejas, rostros tristes y una sola petición: “déjennos ir”. Así ilustra uno de los cinco hijos de Hayam El-Gamal su experiencia tras más de ocho meses recluidos en el único centro para familias migrantes que permanece en funcionamiento en Estados Unidos.

Las instalaciones, ubicadas en Dilley (Texas), a unos 130 kilómetros al sur de San Antonio, estuvieron cerradas durante varios años en el mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025) y fueron reabiertas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, como parte de su campaña para acelerar los arrestos y deportaciones de migrantes.

Más de 1.400 personas permanecen retenidas en Dilley, entre ellas unos 400 menores de edad, incluidos bebés aún en etapa de lactancia. Y viven en condiciones inadecuadas, agravadas ahora por un brote de sarampión, según denunciaron a EFE cuatro abogados que han representado o representan a migrantes en el centro.

«No hay atención médica real»

Hayima Al-Gamal y sus cinco hijos, los menores dos gemelos de cinco años, fueron trasladados a Dilley, centro que gestiona el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras ser arrestados por las autoridades federales en Colorado en junio del año pasado.

El esposo de Hayima, Mohamed Sabry Soliman, está siendo acusado por el Gobierno de llevar a cabo un ataque contra un grupo de personas que participaban en una marcha pro-Israel en Colorado.

Hayima y sus abogados sostienen que la familia no tenía conocimiento sobre los planes de su marido, y un agente del FBI corroboró esto ante un tribunal federal.

En estos meses en detención, mientras sus abogados luchan por impedir que el Gobierno los deporte a Egipto y apruebe su solicitud de asilo, la familia ha vivido en carne propia la falta de atención médica adecuada en el centro, según relató a EFE Eric Lee, uno de sus abogados.

Uno de los hijos de Hayima, de 16 años, tuvo apendicitis y cuando pidió ayuda al personal, «retorciéndose del dolor», «le dijeron que se tomara dos paracetamol». No fue sino hasta que «casi se desmaya, se cayó al piso y comenzó a vomitar», que lo llevaron de urgencia al hospital, relató Lee.

La experiencia de los El-Gamal concuerda con lo que Javier Hidalgo, abogado de la ONG Raíces Texas, que ofrece servicios legales a decenas de familias detenidas en Dilley, ha escuchado de los detenidos.

«No hay ningún tipo de atención médica real», aseguró Leal, «casi todos los niños presentan algún síntoma de enfermedad en algún momento, ya que el lugar es un verdadero foco de gérmenes».

Después de confirmar dos infectados por sarampión, el Gobierno confinó el centro hace unos días. Desde entonces, aseguran los abogados, no ha habido mucha transparencia sobre la situación en el interior.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó a EFE que el personal médico está «monitoreando» a los detenidos y tomando pasos necesarios «para prevenir que la infección avance».

«Todos los detenidos están recibiendo el cuidado médico adecuado (…) esta es la mejor atención sanitaria que muchos extranjeros han recibido en toda su vida», aseguró Tricia McLaughin, portavoz de DHS.

Leal expresó dudas sobre la voluntad o capacidad del Gobierno para confinar el centro por un periodo prolongado para contener la infección: «es algo que no hicieron ni siquiera durante la pandemia».

 «Una cárcel para niños»

El dibujo que los niños El-Gamal hicieron de la cárcel es un reflejo del impacto que la detención prolongada tiene en los menores de edad.

Un estudio publicado en 2025 en el British Journal of Psychiatry, que analizó los efectos de la detención migratoria en menores en varios países, reveló que el 42 % de los niños en estas condiciones sufren depresión.

Verónica Franco, abogada de inmigración basada en Houston, ha visto que los daños en la salud mental de los menores se mantienen incluso después de quedar en libertad.

Ella defendió a una familia nicaragüense, padre y madre y un menor de 7 años, que pasaron más de un mes en Dilley, después de ser detenidos en una cita de control anual con ICE en San Antonio y pese a tener una solicitud de asilo pendiente.

«La mayor parte de las veces, a estas personas no las ven como seres humanos», relató.

Esto incluye la pérdida del proceso escolar en los menores, que, según los abogados consultados por EFE, solo reciben un libro y un paquete «educativo» para hacer ejercicios diariamente, pero no acompañamiento de un profesor o profesora.

Y es que, la detención de menores migrantes en EE.UU. aumentó de forma pronunciada durante el primer año del Gobierno de Donald Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a 25 durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden.

«Creo que la frase: ‘hay una cárcel para niños en EE.UU.’ debería ser suficiente para (alarmar) a todo el mundo», insistió Chris Goodman, abogado en la firma de Lee y representante también de la familia El-Gamal.

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