Critica postura dominicana y alerta sobre alza del petróleo

Santo Domingo. — El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, advirtió que el conflicto en Medio Oriente se perfila como una crisis de larga duración, con efectos directos sobre la economía global y, en particular, sobre países dependientes de importaciones energéticas como la República Dominicana.

Durante su participación en el programa Uno Más Uno, el también exministro de Economía cuestionó la postura asumida por el país frente a decisiones recientes impulsadas por Donald Trump en el contexto del conflicto. A su juicio, respaldar esa línea de acción constituye un error en la política exterior dominicana.

Montás sostuvo que la escalada actual responde a una gestión “irresponsable” de la negociación internacional. “No es coherente que, mientras se desarrollan conversaciones, se produzcan acciones militares que rompen cualquier intento de acuerdo”, afirmó, en referencia a las tensiones que han marcado el escenario geopolítico en las últimas semanas.

El dirigente peledeísta consideró, además, que la decisión adoptada por Estados Unidos no debió ser respaldada por otros países, incluyendo miembros de la OTAN. En ese sentido, lamentó que el gobierno dominicano se haya alineado con esa posición, señalando que compromete la independencia de la política exterior.

También criticó al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), al entender que su postura contradice principios históricamente asociados a organizaciones vinculadas a la Internacional Socialista. Para Montás, ese giro refleja una falta de coherencia en la estrategia internacional del país.

En su análisis, el economista fue enfático en que el conflicto no tendrá una salida rápida. Señaló que actores clave, como Irán, han demostrado una capacidad de resistencia prolongada, lo que anticipa un escenario de tensión sostenida. “Estamos ante una guerra que no se resolverá en el corto plazo”, insistió.

Las implicaciones económicas, según explicó, serán inevitables. Montás advirtió que uno de los efectos más inmediatos será el incremento sostenido en los precios del petróleo, lo que impactará directamente en los costos de producción, el transporte y la inflación en economías dependientes de combustibles importados.

En ese contexto, hizo referencia a recientes advertencias desde Europa sobre el impacto del conflicto en la estabilidad financiera internacional, subrayando que las tensiones podrían obligar a ajustes en la política monetaria de las principales economías.

Frente a este panorama, el dirigente político llamó a las autoridades dominicanas a anticiparse. “El país tiene que prepararse para un escenario prolongado de altos costos energéticos y tomar medidas que amortigüen el impacto sobre la población”, concluyó.

La advertencia de Montás se suma a otras voces que alertan sobre las consecuencias globales de un conflicto que, lejos de disiparse, parece entrar en una fase más compleja y duradera.

Exhorta a reforzar acciones estatales contra violencia machista

El incremento de los feminicidios en República Dominicana durante los primeros meses de 2026 ha encendido las alarmas en el debate público. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió que, si la tendencia continúa, este año podría convertirse en el más violento para las mujeres dominicanas en tiempos recientes, y reclamó al Estado medidas urgentes para frenar la escalada.

La preocupación fue planteada en una rueda de prensa realizada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, sede del partido, donde dirigentes del Comité Político, del Comité Central y de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género comparecieron para abordar la situación.

La vocería estuvo a cargo de Alejandrina Germán, exministra de Educación y de la Mujer, quien sostuvo que las cifras recientes reflejan una realidad preocupante. Según explicó, datos divulgados por la Fundación Vida Sin Violencia indican que los feminicidios registrados entre enero y febrero de 2026 triplican los ocurridos en el mismo período del año anterior.

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Cifras que estremecen

De acuerdo con las estadísticas citadas por Germán, durante los dos primeros meses de 2025 se registraron seis feminicidios. En el mismo lapso de 2026, la cifra ascendió a 18.

Más allá de los números, la dirigente política subrayó el impacto humano de cada caso. “Se trata de 18 mujeres, en su mayoría menores de 35 años, muchas de ellas madres, cuyos proyectos de vida fueron abruptamente truncados”, afirmó.

La dirigente añadió que cada feminicidio deja tras de sí familias devastadas y niños marcados por el trauma de perder a sus madres en circunstancias violentas.

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Reclamo de acciones urgentes

El PLD sostuvo que combatir los feminicidios exige una estrategia integral que combine prevención social, educación y una respuesta institucional eficaz. No obstante, Germán insistió en que muchas de estas muertes pudieron evitarse si las denuncias de violencia doméstica hubieran sido atendidas a tiempo.

En ese sentido, el partido cuestionó la falta de preparación de algunos funcionarios encargados de recibir denuncias en destacamentos policiales y fiscalías, donde, según dijo, no siempre se brinda la atención adecuada a las víctimas.

La organización política también planteó la necesidad de recuperar programas sociales que, a su juicio, contribuían a disminuir factores de vulnerabilidad. Entre ellos mencionó iniciativas como Banca Solidaria y la Tanda Extendida, que —según el PLD— deben ser fortalecidas e incorporadas a políticas públicas con perspectiva de género.

Finalmente, el partido hizo un llamado a promover una cultura de respeto, diálogo y convivencia pacífica, recordando que la violencia contra las mujeres no solo es un problema judicial, sino también un desafío social que exige cambios profundos en la manera en que se resuelven los conflictos dentro de la sociedad dominicana.

Cuestionan medidas económicas y alertan impacto en RD

Santo Domingo.— El espacio unitario de las izquierdas revolucionarias arremetió contra la postura del Gobierno dominicano frente al conflicto en Medio Oriente y advirtió que las medidas anunciadas por la administración de Luis Abinader resultan insuficientes ante el impacto económico que ya comienza a sentirse en el país.

En un documento público, el colectivo calificó como “desacertadas y violatorias del orden internacional” las acciones impulsadas por Estados Unidos junto a Israel en la región, señalando que la escalada bélica —que ya supera las cuatro semanas— ha desencadenado efectos directos sobre economías dependientes como la dominicana.

Según el grupo, el encarecimiento del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, junto al aumento en los costos de transporte y fletes, empieza a reflejarse en los precios de bienes y servicios, presionando la canasta familiar. En ese contexto, cuestionaron que las autoridades aseguren estar preparadas gracias a las reservas internacionales, estimadas en unos 16 mil millones de dólares.

“Las medidas anunciadas no responden a la magnitud de la crisis”, sostienen. A su juicio, la asignación de recursos desde el presupuesto nacional —que ronda los 10 mil millones de pesos— es “insuficiente y hasta simbólica” frente a un escenario global aún incierto.

Las izquierdas también criticaron las declaraciones oficiales que anticipan aumentos inevitables en tarifas eléctricas, transporte y alimentos, interpretándolas como una señal de que el costo de la crisis recaerá sobre los sectores más vulnerables: trabajadores, campesinos, pequeñas y medianas empresas y la clase media.

En ese sentido, acusaron al Gobierno de mantener una política económica que, lejos de amortiguar el impacto, podría profundizar las desigualdades sociales.

Como alternativa, el colectivo planteó un conjunto de medidas orientadas a reforzar la inversión pública, estimular la producción nacional y redistribuir el gasto estatal. Entre ellas figuran aumentar en un 25 % la inversión pública, eliminar exenciones a combustibles para grandes empresas, reducir significativamente el gasto en publicidad gubernamental y suspender beneficios como el llamado “barrilito” del Congreso.

Asimismo, propusieron incrementar el salario mínimo del sector público a 30 mil pesos, aplicar un reajuste salarial en el sector privado y eliminar el anticipo a las mipymes para dinamizar la actividad económica.

El documento concluye con una advertencia: de mantenerse la actual línea de acción, el país enfrentará una crisis con “graves consecuencias sociales”, en la que los sectores más empobrecidos cargarán con el mayor peso del ajuste.