CARACAS. – Las autoridades de Venezuela establecieron este viernes un protocolo para la aplicación «expedita» de la Ley de Amnistía aprobada en la víspera por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), mientras familiares de presos políticos se mantienen a las afueras de las cárceles esperando que se produzcan más liberaciones.

El protocolo, del que aún se desconoce su contenido, fue redactado y aprobado durante una reunión en la que participaron los titulares del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fiscalía General, Caryslia Rodríguez y Tarek William Saab, respectivamente, y la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, presidida por el diputado chavista, Jorge Arreaza.

En X, Saab afirmó que el protocolo «garantizará que todos los órganos de administración de justicia ejecuten de forma rápida y efectiva la aplicación de los beneficios para las personas relacionadas con los hechos establecidos» en la ley.

La normativa, en teoría, cubre entre 1999 y 2026, pero especifica 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

A la espera de liberaciones

Familiares de presos políticos de distintas cárceles como Rodeo I, en el estado Miranda (norte), El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocido como Zona 7, en el este de Caracas, llevaron a cabo vigilias para pedir por la libertad de todos sus parientes.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos compartió fotografías en X de grupos de familiares a las afueras de El Helicoide y del Rodeo I, al tiempo que ratificó que mantendrán su voz en alto por la libertad de todos estos detenidos.

«A pesar de las dificultades y el desgaste de pernoctar a la intemperie, la fe es la principal bandera de quienes esperan ver pronto a sus seres queridos en libertad», añadió al compartir un video de personas celebrando una misa a las afueras del Rodeo I.

La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

Críticas y expectativas

Foro Penal informó este viernes que alrededor de 400 presos políticos están excluidos de la Ley de Amnistía, dado que este instrumento solo beneficia a detenidos en 13 momentos específicos entre 1999 y 2026.

En una rueda de prensa, el presidente de la organización, Alfredo Romero, precisó que estas 400 personas están vinculadas a operaciones militares, aunque también hay civiles dentro de este grupo.

En este contexto, subrayó que hay personas excluidas de la amnistía que, por ejemplo, fueron «acusadas de delitos que no cometieron» y no pueden ser amnistiados porque fueron arrestados en momentos que no se incluyen en la ley.

El jueves, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promulgó la ley tras su aprobación y pidió «celeridad» a la comisión especial, que se instaló este viernes, para revisar los casos «no contemplados» en la legislación.

Por su parte, el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo que la ONG presentará una lista de 232 casos de presos políticos con «violaciones graves a los derechos humanos» para que sean incluidos en la normativa.

Himiob precisó que este listado incluye 3 presos políticos con discapacidades, 21 personas mayores de 70 años, 127 detenidos desde hace dos años sin ser presentados ante tribunales, y otros 81 presos desde hace más de tres años sin presentación judicial.

Los diputados opositores de la AN que conforman la fracción Libertad dijeron este viernes que confían en que se resolverán «muchos casos» no contemplados en la Ley de Amnistía.

La diputada Nora Bracho, miembro del grupo, aseguró en una conferencia de prensa que, en la comisión especial, «se resolverán muchos casos que no están» señalados en la normativa, la cual representa, a su juicio, el inicio de un trabajo de «reconstrucción, reencuentro y paz».

Bracho explicó que la comisión se dividirá en «áreas específicas» y revisará «caso por caso» de los registrados durante el proceso de consulta pública de la ley, en el que hubo encuentros con familiares de presos políticos, cuando, aseguró, se construyó una «buena data».

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