GUAYAQUIL (ECUADOR). – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur aseguró este jueves que la sentencia emitida en Ecuador contra dieciséis militares por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes, quienes posteriormente fueron asesinados, es un «paso significativo contra la impunidad».

«La Justicia ha sido clara en condenar el uso ilegítimo, excesivo y arbitrario de la fuerza pública en un caso de violencia institucional extrema contra un niño y tres adolescentes en Ecuador», expresó el representante regional Jan Jarab en un comunicado.

«En un contexto en que existen otras denuncias de desapariciones en el país, el fallo representa un paso significativo contra la impunidad», añadió.

El pasado 22 de diciembre, un tribunal ecuatoriano declaró culpables a dieciséis de diecisiete militares procesados por la desaparición forzada de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y de sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, a quienes detuvieron de manera irregular la noche del 8 de diciembre del 2024 en los exteriores de un centro comercial del sur de Guayaquil.

En lugar de llevarlos a la Policía, por supuestas acusaciones de que estaban robando que fueron descartadas en el juicio, los soldados los trasladaron hacia Taura, un pueblo ubicado a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea, donde los golpearon y torturaron, los obligaron a desnudarse y los abandonaron.

Los restos calcinados de los menores fueron encontrados varios días después en una zona de manglar cercana y la autopsia determinó la existencia de impactos de bala en, al menos, tres de las víctimas.

Once de los militares fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión; otros cinco a treinta meses, por haber colaborado con la investigación; y un teniente coronel que estaba procesado como cómplice fue absuelto de los cargos.

Los jueces emitieron la sentencia por escrito el martes pasado y al día siguiente los abogados del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH), quienes defienden a las familias de los menores, pidieron al Gobierno que ponga en marcha las medidas de reparación integral ordenadas por el tribunal, pese a que tres militares ya han apelado la decisión judicial.

El representante regional del Alto Comisionado de la ONU agregó este jueves que la sentencia «reafirma la prohibición absoluta de la desaparición forzada y la tortura, como también la obligación de debida diligencia y la responsabilidad penal individual de los agentes estatales, en línea con las normas internacionales de derechos humanos».

Además, ratificó la importancia de «asegurar la implementación integral de la sentencia» y reiteró la disposición de su oficina a seguir cooperando con el Estado ecuatoriano en el fortalecimiento de sus políticas de promoción y protección de los derechos humanos.

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