SANTO DOMINGO.-Luego de conocer las múltiples pruebas aportadas por el Ministerio Público, un tribunal de Santo Domingo Oeste condenó a 20 años de prisión a un hombre procesado por violar sexualmente a una niña de 9 años de edad, en un hecho registrado en el municipio de Los Alcarrizos.

Ardo Anthonelly Mercado Hernández fue hallado culpable de faltar a varias disposiciones del Código Penal Dominicano, así como el artículo a la Ley 136-03 que crea el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

La acusación fundamentada en la investigación del procurador fiscal Joel Pinales, indica que la víctima narró de manera clara como el procesado cometió las acciones delictivas en repetidas ocasiones en su perjuicio.

El expediente también detalla que la niña fue sometida a una evaluación física, cuyo resultado certificó que fue violada sexualmente.

Durante el juicio, las fiscales litigantes Francheska Alcántara y Sugely Valdez presentaron pruebas testimoniales, periciales y documentales con las cuales quedó destruida la presunción de inocencia del procesado Mercado Hernández.

El tribunal, compuesto por las juezas Ana Miledis Taveras, Leonarda Quezada y Clara Yoselin Rivera, envió al sentenciado a cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres.

NUEVA YORK.- Latino Association of Tax Preparers, Inc. – LATAX, ve positiva la propuesta sometida al comité de finanzas del Senado Federal por los titulares Mike Crapo (R-Idaho) and Ranking Member Ron Wyden (D-Oregon) para regular el ejercicio de los profesionales de impuestos.

La junta directiva de Latax, encabezada por su presidente de la entidad, Samuel Sánchez E., entiende que se hace necesario elevar los niveles de protección de los contribuyentes y de igual forma, proteger a los profesionales dedicados a su oficio de forma ética y en el marco de los que establece la circular 230.

Sánchez destacó que el proyecto de ley contiene diez títulos que impactarán positivamente a los sectores envueltos en la presentación de impuestos.

Mejorar la administración tributaria y el servicio al cliente; Crear equidad y simplificación para millones de contribuyentes estadounidenses que viven en el extranjero; Agilizar la revisión judicial de determinaciones adversas del IRS de varias maneras; Fortalecer la independencia de la Defensoría del Contribuyente; Autorizar al Departamento del Tesoro a establecer estándares mínimos para los preparadores de declaraciones de impuestos; Fortalecimiento de los derechos de los contribuyentes ante la Oficina de Apelaciones; Establecer reglas relativas a los denunciantes; Proporcionar alivio de presentación y pago a los contribuyentes estadounidenses mantenidos como rehenes en el extranjero que no cumplen con los plazos; Proporcionar ayuda administrativa a las pequeñas empresas; y Ciertos cambios diversos.

Por su parte Jorge Bunay, vicepresidente de la entidad hace un llamado a los profesionales latinos a estar pendientes al proceso de discusión y posible aprobación de este Bill, y recuerda que la razón de la existencia de Latax es precisamente orientar y capacitar a los profesionales que se verán compelidos a mejorar sus cualificaciones.

Marcos Timaná, tesorero, exclamó: Latax viene promoviendo este requisito desde el año 2009 y ahora que se presenta la oportunidad, estamos listos para capacitar a los profesionales latinos con los parámetros de los nuevos requerimientos.

Samuel Sánchez destacó varios puntos discutidos en el comité de finanzas que orientan en que dirección va la referida propuesta: Exigir al IRS que mejore los avisos de “errores matemáticos” para que los contribuyentes estén mejor posicionados para responderles oportunamente; Agilizar la revisión de ofertas de compromiso para facilitar la resolución de las deudas tributarias de los contribuyentes; Simplificar el cumplimiento del informe de cuentas bancarias extranjeras (FBAR) para que menos contribuyentes no presenten formularios clave; Aclarar y ampliar la jurisdicción del Tribunal Fiscal para que más contribuyentes puedan presentar sus reclamaciones en un lugar apropiado; Ampliar la independencia del Defensor Nacional del Contribuyente (NTA) del IRS;

Incrementar las sanciones civiles y penales a los profesionales de impuestos que deliberadamente tomen acciones para dañar a sus clientes; Ampliar el acceso de los contribuyentes a la Oficina Independiente de Apelaciones del IRS, entre otras.

Si avanza, estamos frente a una propuesta que le daría un giro de 360 grados a la responsabilidad civil y penal de quienes incumplan la ley.

Samuel Sánchez destacó que la junta directiva en pleno, integrada además por María J. García, Pedro Álvarez y Moises Núñez, respalda esta propuesta a la que dará seguimiento e inmediatamente haya resultados en el congreso estadounidense, iniciará las tareas educativas requeridas.

SANTO DOMINGO.-Tras acoger las pruebas presentadas por el Ministerio Público, un tribunal del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a dos hombres hallados culpables de la muerte a tiros de un vigilante privado durante un asalto ocurrido en un residencial del sector Los Ríos.

La condena fue dictada en contra de Jeiseel Díaz Payano (Chino o Chinito) y Franklin Joshua Pineda (el Pillo), luego de que el Ministerio Público la participación directa de ambos en el homicidio de Ezequiel De León Fajardo, quien prestaba servicios de vigilancia en un residencial.

El Ministerio Público, representado por las fiscales litigantes Carolin Junesca De Oleo y Yelianny Polanco, presentó evidencias testimoniales, periciales y documentales que permitieron demostrar la responsabilidad penal de los condenados, quienes incurrieron en asociación de malhechores y homicidio voluntario. También, en la violación a la Ley sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, ilícitos previstos y sancionados en los artículos 265 y 266, 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, y los artículos 66, 66-V y 67 de la Ley núm. 631-16.

En el mismo proceso fue absuelto Manuel Enrique Carela Taveras, al no encontrar el tribunal pruebas suficientes que demostraran su vinculación directa con los hechos.

De acuerdo con la investigación dirigida por la procuradora fiscal Topacio Suero, el crimen ocurrió el 30 de enero de 2025, alrededor de las 11:40 de la noche, en el ubicado en el sector Los Ríos.

La investigación estableció que los condenados se asociaron para cometer el hecho. Ese día, solicitaron un servicio de transporte a través de una aplicación de taxis, con la finalidad de desplazarse hasta el residencial.

El servicio fue asignado a un vehículo Daihatsu Mira, color blanco que fue abordado por los acusados. Durante el trayecto, uno de los imputados encañonó al conductor y lo obligó a trasladarse al asiento trasero, mientras asumió la conducción del vehículo.

Al llegar al residencial, los agresores lograron acceder tras mostrar la cédula de identidad del conductor en la garita de seguridad. Posteriormente, se dirigieron a otra garita, donde se encontraba el De León Fajardo, a quien uno de los condenados encañonó desde el interior del vehículo.

Pese a que la víctima levantó los brazos en señal de rendición, el agresor le realizó dos disparos, causándole la muerte de manera inmediata. Acto seguido, los imputados sustrajeron el arma que portaba el vigilante, así como pertenencias del conductor del vehículo, incluyendo dos teléfonos celulares y la suma de RD$10,000 y abandonaron el lugar.

Entre las evidencias valoradas por el tribunal figuran los resultados de los análisis balísticos, que establecieron la correspondencia entre los casquillos y proyectiles recolectados en la escena y el arma utilizada para cometer el crimen, conforme al certificado de análisis forense núm. 0565-2025.

Asimismo, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó, mediante el Informe de Autopsia Judicial No. SD-A-0093-2025, que la causa de muerte de la víctima fue shock hemorrágico, producto de una herida por proyectil de arma de fuego con entrada en el hemitórax izquierdo y laceración del corazón.

Por decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los procesados cumplirán la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.