Buscan reforzar controles para evitar dinero ilícito en política

Santo Domingo. – El oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentó este miércoles un proyecto de ley que busca modificar varios artículos de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, con el objetivo de reforzar los controles sobre el financiamiento político y cerrar espacios a la infiltración del crimen organizado en la actividad partidaria.

La iniciativa fue presentada por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, ante el bloque de legisladores de esa organización en el Congreso Nacional. El dirigente explicó que la propuesta introduce nuevas reglas de transparencia, mecanismos de verificación de fondos y mayores exigencias de integridad para quienes aspiren a cargos electivos.

Durante su intervención, Paliza reconoció que en los últimos años la política dominicana ha enfrentado cuestionamientos por presuntos vínculos entre figuras públicas y estructuras criminales. A su juicio, ignorar ese problema no ayuda a fortalecer la democracia.

“Hemos visto cómo personas vinculadas a la actividad política, a nuestro partido y a otros, han sido señaladas o procesadas por presuntos vínculos con estructuras criminales. Es una realidad incómoda, pero la democracia no se fortalece negando la realidad, sino enfrentándola”, afirmó.

El proyecto plantea la implementación de programas de cumplimiento normativo dentro de los partidos, una especie de sistema interno de vigilancia destinado a prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y el ingreso de recursos ilícitos en la política.

Además, establece procedimientos de debida diligencia para verificar el origen de los aportes que reciben las organizaciones políticas. La propuesta incluye mecanismos de trazabilidad para identificar a los donantes y garantizar mayor control sobre el flujo de dinero que llega a las campañas.

Entre los cambios planteados también figuran nuevos requisitos para quienes aspiren a candidaturas. Los postulantes tendrían que presentar certificaciones de antecedentes penales, declaración jurada de patrimonio, pruebas antidopaje y autorizaciones para que las autoridades partidarias verifiquen la información suministrada.

La propuesta también amplía las facultades de supervisión de la Junta Central Electoral sobre el financiamiento de los partidos y establece sanciones en caso de incumplimiento de las normas relacionadas con la transparencia y el control de recursos.

Paliza recordó que esta reforma forma parte del compromiso anunciado por el PRM en noviembre de 2025 para impulsar cambios orientados a fortalecer el sistema democrático.

“La política debe ser un espacio de servicio público, no una puerta de entrada para intereses ilícitos”, sostuvo.

El documento fue recibido por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el vocero del PRM en el Senado, Moisés Ayala. La organización espera que la iniciativa sea debatida en el Congreso en las próximas semanas.

La ausencia de los demandantes detiene el proceso judicial contra FP

La actividad en el Tribunal Superior Electoral (TSE) no da tregua, aunque esta vez los protagonistas no fueron los argumentos, sino las ausencias y las esperas. En una sesión que dejó varios procesos en pausa, los jueces de la alta corte dispusieron el archivo provisional de la impugnación que pesaba sobre el partido Fuerza del Pueblo (FP).

El expediente, marcado con el número TSE-01-0003-2026, fue puesto en “nevera” jurídica a solicitud de los abogados de la organización política. ¿La razón? Los demandantes —un grupo conformado por Daniel Martínez Tejada, María Rita Medina; Luis Ney Restituyo Minaya; Ysmael Tejada y Arelia del Carmen Estévez Cruz— simplemente no se presentaron a la audiencia. 

Con este panorama, el tribunal dictaminó que el caso se mantendrá archivado hasta que los interesados decidan retomar el impulso procesal, fijen una nueva fecha y cumplan con las notificaciones de rigor. Básicamente, la pelota vuelve a estar en su cancha.

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Transparencia en la mira: el caso Justicia Social

Pero la agenda del TSE no terminó ahí. El tribunal también tiene bajo la lupa al partido Justicia Social (JS), presidido por Julio César Valentín. El dirigente Rubén Darío Rodríguez Beato, quien se identifica como miembro fundador y delegado de la organización, ha interpuesto una acción de amparo por lo que considera un “silencio administrativo” inaceptable.

Rodríguez Beato reclama acceso a información pública sobre el manejo de fondos y el cumplimiento de los estatutos internos del partido. Sin embargo, quienes buscaban respuestas inmediatas tendrán que esperar: los jueces Ygnacio Pascual Camacho y su equipo decidieron aplazar el conocimiento del caso para el próximo martes 17. El motivo del retraso es procedimental, buscando garantizar que el abogado titular de Justicia Social esté presente en el estrado para presentar su defensa.

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El PLD y la Secretaría de Educación

Finalmente, la estructura interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también enfrenta turbulencias judiciales. Una demanda que busca anular la elección de la titular de su Secretaría de Educación ha sido reprogramada para el viernes 10 de abril.

Así quedó sobreseída la decisión sobre la solicitud formulada por la interviniente forzosa, señora Miguelina Matilde Acosta Torres, relativa a la comparecencia personal de las partes para ser decidida con posterioridad al agotamiento de la comunicación de documentos.

Este tiempo extra permitirá que las partes realicen una comunicación recíproca de documentos, un paso vital para que los jueces analicen las pruebas antes de decidir sobre la solicitud de comparecencia personal de los involucrados. 

En esta acción, correspondiente al expediente TSE-01-0033-2025, el señor Paulino Pérez Ortiz demanda al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Entre archivos y aplazamientos, el calendario electoral se sigue cargando de expedientes que definen las reglas del juego democrático en el país.

El diputado, Danilo Díaz, considera que el Gobierno debe ir reuniendo su equipo económico 

Las tensiones en el Medio Oriente y el aumento del precio del petróleo ya comienzan a generar preocupación en República Dominicana. Así lo advirtió el diputado Danilo Díaz, quien considera que el Gobierno debe prepararse para enfrentar posibles repercusiones económicas derivadas del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

El legislador, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sostuvo que las primeras señales del impacto internacional ya se reflejan en el mercado energético. A su juicio, el país debe actuar con prudencia y comenzar a evaluar los escenarios que podrían afectar la economía nacional si la crisis se prolonga.

Las declaraciones del congresista surgen luego de que la vicepresidenta de la República afirmara recientemente que el Gobierno está preparado para enfrentar cualquier efecto que pudiera provocar el conflicto en Medio Oriente.

Sin embargo, Díaz expresó una visión más cautelosa. “Ningún país está realmente preparado para un imprevisto de esta naturaleza. Se trata de un conflicto cuyas consecuencias todavía no pueden medirse con claridad”, afirmó al conversar con periodistas que cubren la fuente del Congreso Nacional.

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Petróleo caro y tensiones globales

El diputado explicó que uno de los primeros efectos visibles del conflicto es la presión sobre el precio internacional del petróleo, un factor que puede incidir directamente en economías dependientes de la importación de combustibles, como la dominicana.

Según señaló, una escalada militar prolongada podría provocar aumentos sostenidos en los costos del crudo, lo que terminaría reflejándose en transporte, electricidad, alimentos y otros bienes básicos.

Ante este escenario, Díaz sugirió que el Gobierno convoque a su gabinete económico para analizar la situación con mayor profundidad y diseñar medidas preventivas.

“El Gobierno debe reunir a su equipo económico y, si es necesario, ampliar las consultas. Todavía no sabemos cuál será el verdadero impacto si el conflicto se extiende”, expresó el legislador.

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Llamado a prudencia en el gasto público

Además de evaluar el contexto internacional, Díaz planteó que el país debe revisar su política de gasto público para enfrentar eventuales presiones económicas.

A su entender, una de las medidas prudentes sería reducir gastos que considera innecesarios, especialmente en áreas como publicidad estatal y ciertas pensiones otorgadas por el Gobierno.

El congresista afirmó que, en momentos de incertidumbre global, resulta fundamental priorizar el uso responsable de los recursos públicos.

“En lugar de hacer declaraciones optimistas, lo importante es tomar previsiones. República Dominicana debe apostar por la estabilidad y por la paz internacional, porque ninguna economía puede crecer en medio de un escenario de conflicto global”, sostuvo.

Díaz insistió en que la situación internacional requiere análisis sereno y planificación, ya que los efectos de una crisis geopolítica suelen sentirse incluso en países alejados del escenario de guerra. Por esa razón, consideró que anticiparse a los posibles impactos es clave para proteger la estabilidad económica del país.