El PLD denuncia falta de transparencia en la reforma de seguridad social

El panorama político dominicano se calienta tras las recientes declaraciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que ha lanzado una severa crítica a la gestión económica y social del gobierno actual. La principal fuerza de oposición sostiene que se está fraguando una reforma a la Seguridad Social “a espaldas de la sociedad”, excluyendo a sectores vitales como los trabajadores, empresarios y partidos políticos de un debate que impacta a millones de ciudadanos.

La organización morada, representada por su Secretaría de Seguridad Social, calificó como inaceptable que se ignore el espacio del Consejo Económico y Social (CES) para realizar cambios a la Ley 87-01. 

Según el PLD, aunque la reforma es innegable y necesaria tras 25 años de vigencia del sistema, el hermetismo gubernamental genera desconfianza sobre el futuro de la salud y las pensiones dignas de los dominicanos.

Gasto en pensiones genera fuerte desequilibrio

Uno de los puntos más álgidos de la denuncia es el crecimiento exponencial del gasto en jubilaciones. El PLD reveló que para el presupuesto de 2026, las pensiones programadas representan el 5.53 % del presupuesto nacional, lo que equivale a unos RD$101,860 millones. Esta cifra representa un incremento alarmante del 135 % en comparación con los montos registrados en el año 2020.

La organización cuestiona la discrecionalidad en el otorgamiento de estas pensiones, señalando que muchas personas han sido beneficiadas sin haber prestado servicios al Estado. 

“Se ha comprometido la sostenibilidad financiera a largo plazo”, advirtieron los voceros peledeístas, haciendo énfasis en que solo en el régimen subsidiado se han otorgado más de 62,000 pensiones, lo que profundiza la inequidad frente a quienes han contribuido durante toda su vida laboral.

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Combustibles suben pese a supuesta planificación

En paralelo, la Secretaría de Energía y Minas del PLD, encabezada por Martin Matos, fustigó al Ejecutivo por el reciente aumento de cinco pesos en las gasolinas y el gasoil. 

El partido cuestionó la narrativa oficial de una “cadena de suministro segura”, preguntándose cómo es posible que, tras años de estabilidad, bastaran solo quince días de fluctuación en el precio del petróleo para que el Gobierno trasladara el costo directamente al consumidor.

Para el PLD, el método de cálculo de los precios no es el correcto y evidencia una falta de planes de contingencia. La preocupación principal radica en el efecto dominó que estas alzas tendrán sobre el transporte público y la canasta básica, agravando la situación económica de las familias trabajadoras. 

Ante este escenario, la oposición exige un diálogo nacional inmediato para frenar lo que consideran una improvisación peligrosa en temas de seguridad social y energía.

Buscan reforzar controles para evitar dinero ilícito en política

Santo Domingo. – El oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentó este miércoles un proyecto de ley que busca modificar varios artículos de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, con el objetivo de reforzar los controles sobre el financiamiento político y cerrar espacios a la infiltración del crimen organizado en la actividad partidaria.

La iniciativa fue presentada por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, ante el bloque de legisladores de esa organización en el Congreso Nacional. El dirigente explicó que la propuesta introduce nuevas reglas de transparencia, mecanismos de verificación de fondos y mayores exigencias de integridad para quienes aspiren a cargos electivos.

Durante su intervención, Paliza reconoció que en los últimos años la política dominicana ha enfrentado cuestionamientos por presuntos vínculos entre figuras públicas y estructuras criminales. A su juicio, ignorar ese problema no ayuda a fortalecer la democracia.

“Hemos visto cómo personas vinculadas a la actividad política, a nuestro partido y a otros, han sido señaladas o procesadas por presuntos vínculos con estructuras criminales. Es una realidad incómoda, pero la democracia no se fortalece negando la realidad, sino enfrentándola”, afirmó.

El proyecto plantea la implementación de programas de cumplimiento normativo dentro de los partidos, una especie de sistema interno de vigilancia destinado a prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y el ingreso de recursos ilícitos en la política.

Además, establece procedimientos de debida diligencia para verificar el origen de los aportes que reciben las organizaciones políticas. La propuesta incluye mecanismos de trazabilidad para identificar a los donantes y garantizar mayor control sobre el flujo de dinero que llega a las campañas.

Entre los cambios planteados también figuran nuevos requisitos para quienes aspiren a candidaturas. Los postulantes tendrían que presentar certificaciones de antecedentes penales, declaración jurada de patrimonio, pruebas antidopaje y autorizaciones para que las autoridades partidarias verifiquen la información suministrada.

La propuesta también amplía las facultades de supervisión de la Junta Central Electoral sobre el financiamiento de los partidos y establece sanciones en caso de incumplimiento de las normas relacionadas con la transparencia y el control de recursos.

Paliza recordó que esta reforma forma parte del compromiso anunciado por el PRM en noviembre de 2025 para impulsar cambios orientados a fortalecer el sistema democrático.

“La política debe ser un espacio de servicio público, no una puerta de entrada para intereses ilícitos”, sostuvo.

El documento fue recibido por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el vocero del PRM en el Senado, Moisés Ayala. La organización espera que la iniciativa sea debatida en el Congreso en las próximas semanas.

La ausencia de los demandantes detiene el proceso judicial contra FP

La actividad en el Tribunal Superior Electoral (TSE) no da tregua, aunque esta vez los protagonistas no fueron los argumentos, sino las ausencias y las esperas. En una sesión que dejó varios procesos en pausa, los jueces de la alta corte dispusieron el archivo provisional de la impugnación que pesaba sobre el partido Fuerza del Pueblo (FP).

El expediente, marcado con el número TSE-01-0003-2026, fue puesto en “nevera” jurídica a solicitud de los abogados de la organización política. ¿La razón? Los demandantes —un grupo conformado por Daniel Martínez Tejada, María Rita Medina; Luis Ney Restituyo Minaya; Ysmael Tejada y Arelia del Carmen Estévez Cruz— simplemente no se presentaron a la audiencia. 

Con este panorama, el tribunal dictaminó que el caso se mantendrá archivado hasta que los interesados decidan retomar el impulso procesal, fijen una nueva fecha y cumplan con las notificaciones de rigor. Básicamente, la pelota vuelve a estar en su cancha.

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Transparencia en la mira: el caso Justicia Social

Pero la agenda del TSE no terminó ahí. El tribunal también tiene bajo la lupa al partido Justicia Social (JS), presidido por Julio César Valentín. El dirigente Rubén Darío Rodríguez Beato, quien se identifica como miembro fundador y delegado de la organización, ha interpuesto una acción de amparo por lo que considera un “silencio administrativo” inaceptable.

Rodríguez Beato reclama acceso a información pública sobre el manejo de fondos y el cumplimiento de los estatutos internos del partido. Sin embargo, quienes buscaban respuestas inmediatas tendrán que esperar: los jueces Ygnacio Pascual Camacho y su equipo decidieron aplazar el conocimiento del caso para el próximo martes 17. El motivo del retraso es procedimental, buscando garantizar que el abogado titular de Justicia Social esté presente en el estrado para presentar su defensa.

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El PLD y la Secretaría de Educación

Finalmente, la estructura interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también enfrenta turbulencias judiciales. Una demanda que busca anular la elección de la titular de su Secretaría de Educación ha sido reprogramada para el viernes 10 de abril.

Así quedó sobreseída la decisión sobre la solicitud formulada por la interviniente forzosa, señora Miguelina Matilde Acosta Torres, relativa a la comparecencia personal de las partes para ser decidida con posterioridad al agotamiento de la comunicación de documentos.

Este tiempo extra permitirá que las partes realicen una comunicación recíproca de documentos, un paso vital para que los jueces analicen las pruebas antes de decidir sobre la solicitud de comparecencia personal de los involucrados. 

En esta acción, correspondiente al expediente TSE-01-0033-2025, el señor Paulino Pérez Ortiz demanda al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Entre archivos y aplazamientos, el calendario electoral se sigue cargando de expedientes que definen las reglas del juego democrático en el país.