SAN SALVADOR.– La reciente aprobación de la cadena perpetua para menores de edad en El Salvador ha generado una fuerte controversia internacional. La medida, impulsada por el Gobierno, ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos que consideran que vulnera principios fundamentales de protección a la niñez.

La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, afirmó que esta reforma “contradice estándares internacionales”, al permitir sanciones desproporcionadas para menores y limitar sus oportunidades reales de reinserción social.

Reforma penal genera preocupación internacional

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó un paquete de reformas que incluye la modificación a la Ley Penal Juvenil. Esta normativa habilita la imposición de prisión perpetua a menores implicados en delitos graves como homicidio, violación y terrorismo.

El cambio se produce tras la ratificación de una reforma constitucional que permite este tipo de penas. Según lo establecido, la condena podría ser revisada después de 25 años, aunque expertos señalan que esto no cumple con los estándares internacionales en materia de justicia juvenil.

Cuestionamientos sobre derechos de la niñez

Goebertus advirtió que las sanciones aplicadas a menores deben ser considerablemente más cortas y enfocadas en la rehabilitación. Además, calificó la reforma como parte de una serie de retrocesos en el sistema penal juvenil salvadoreño.

Entre las preocupaciones destacadas se encuentra la posibilidad de que menores sean recluidos junto a adultos, así como el endurecimiento progresivo de las penas, lo que, según HRW, debilita el enfoque de reinserción social.

Gobierno defiende compatibilidad constitucional

Por su parte, el decreto legislativo sostiene que la medida es compatible con estándares constitucionales e internacionales. Argumenta que la revisión obligatoria de la pena garantiza la evaluación del proceso de reintegración del menor y evita sanciones irrevisables.

Asimismo, las reformas forman parte de un ajuste más amplio que incluye cambios al Código Procesal Penal, la Ley contra Actos de Terrorismo y normativas sobre violencia de género, con el objetivo de armonizarlas con la nueva Constitución.

Impulso presidencial y aprobación exprés

La reforma fue promovida por el presidente Nayib Bukele y ratificada apenas una semana después de su aprobación inicial, gracias a un mecanismo que permite modificaciones constitucionales rápidas dentro de una misma legislatura.

Este proceso acelerado también ha sido objeto de críticas por parte de analistas y organizaciones internacionales, que advierten sobre los riesgos de debilitar los controles democráticos.

Relacionado