SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público solicitó ante la Novena Sala Penal del Distrito Nacional la imposición de siete años de prisión a la autodenominada neurocientífica Elizabeth Silverio Silien, acusada de usurpar funciones en el área de la salud a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).

Asimismo, el órgano acusador solicitó la imposición de una multa equivalente a 50 salarios mínimos, el decomiso de las pruebas ocupadas y la variación de la medida de coerción existente, al considerar que la imputada ya fue condenada en un primer juicio y enfrenta la probabilidad de una nueva condena, lo que incrementa el peligro de fuga, sumado a la gravedad del daño causado a varias familias y a toda la sociedad.

Durante la presentación de sus conclusiones, el órgano acusador, representado por la procuradora de corte Magalys Sánchez y la procuradora fiscal Laura Vargas, sostuvo que la procesada desarrolló un esquema de estafa en perjuicio de padres de niños con trastorno del espectro autista (TEA), haciéndose pasar por doctora en neurociencia y psicóloga, sin contar con la formación académica ni las acreditaciones legales exigidas y que regulan el ejercicio en dichas áreas.

El Ministerio Público explicó a la jueza Milagros Ramírez Cabrera que, tras tener conocimiento de los hechos, inició una investigación objetiva que permitió verificar que la imputada no posee registro académico válido ni habilitación legal para ejercer profesiones vinculadas a la salud, conforme certificaciones emitidas por universidades extranjeras, el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Dominicano de Psicólogos y el Poder Ejecutivo.

Como parte de su accionar, Silverio utilizó documentos falsificados, incluyendo títulos universitarios y un número de exequátur inexistente, con los que aparentaba una preparación profesional que no poseía, logrando así generar confianza en las familias y captar pacientes a los que ofertaba servicios en su centro.

Las pruebas testimoniales presentadas ante el tribunal, especialmente las ofrecidas por los padres de los menores afectados, constituidos en querellantes y actores civiles, evidenciaron que la encartada realizaba evaluaciones, emitía diagnósticos y aplicaba terapias sin aval profesional, llegando incluso a diagnosticar condiciones clínicas inexistentes, lo que provocó afectaciones en la salud de los niños y retrasos en la aplicación de las terapias profesionales adecuadas.

El órgano persecutor también destacó que el centro operado por la acusada funcionaba sin las habilitaciones requeridas por las autoridades competentes, siendo posteriormente clausurado por el Ministerio de Salud Pública, tras comprobarse las irregularidades en su funcionamiento.

De igual forma, informes financieros incorporados al proceso evidenciaron que la actividad desarrollada por Silverio Silien tenía fines lucrativos y le permitían percibir ingresos significativos producto de los servicios ofrecidos a las familias, lo que confirma que el engaño fue utilizado como mecanismo para obtener beneficios económicos.

El Ministerio Público destacó que dichas maniobras constituyen un hecho gravísimo, al tratarse de víctimas en condición de vulnerabilidad, por tratarse de niños que requieren cuidados especializados, por lo que sus familias depositaron su confianza en Silverio Silien con la esperanza de encontrar soluciones.

En ese sentido, indicó que la conducta desplegada por la acusada se subsume en los tipos penales de estafa, falsificación y uso de documentos falsos, en violación a los artículos 147, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 92, 93 y 156 numeral 7 de la Ley 42-01 General de Salud y el artículo 12 de la Ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Tras la presentación de las conclusiones del Ministerio Público, así como de la parte querellante y la defensa, la jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, cerró los debates y se retiró a deliberar, fijando el fallo de la decisión para el próximo martes, 14 de abril de 2026, a partir de las 2:00 de la tarde.

SANTO DOMINGO.- Tras admitir la acusación del Ministerio Público, un tribunal de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un hombre que mató a golpes a su pareja sentimental, en un hecho ocurrido en el año 2024, en el sector El Tamarindo, en Santo Domingo Este.

La condena le fue impuesta al procesado Isaac Matos Rodríguez luego de ser declarado culpable de provocarle la muerte a Loida Chanelis Féliz.

El expediente instrumentado por el fiscal investigador Wilson Díaz señala que, previo al crimen, Féliz sufrió hechos de violencia que afectaron su salud.

El día 8 de septiembre de 2024 la víctima tuvo que recibir asistencia médica debido a dolores en el cuerpo.

Posteriormente, el día 13 de ese mismo mes la víctima llamó a su empleadora para que fuera a su vivienda porque se sentía mal.

Cuando la empleadora acudió al lugar encontró a Loida Chanelis Féliz tirada en el piso con pérdida del conocimiento.

La víctima fue asistida por miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1), quienes procedieron con su traslado hasta un hospital, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

De acuerdo a la autopsia judicial, la muerte de Féliz se produjo a causa de un trauma cerrado de abdomen con contusión de piel y tejido celular subcutáneo en el costado izquierdo, así como por contusión, laceraciones y hematomas en otras partes del cuerpo.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Ignacio Rojas, mostró al tribunal suficientes elementos de prueba que demostraron la responsabilidad penal del hoy procesado, quien fue hallado culpable de violar los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, sobre homicidio.

Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, Josefina Ubiera Guerrero, Isaías Martínez y Ana Miledys Taveras, dictaron la sentencia condenatoria y ordenaron su cumplimiento en la cárcel del 15 de Azua.

Santo Domingo.- Un reconocido antisocial activamente buscado mediante orden de arresto por violación a los artículos 265, 266 y 309 del Código Penal Dominicano (asociación de malhechores y violencia), falleció la tarde de este jueves tras enfrentar a tiros a una patrulla de investigaciones que intentaba apresarlo en el sector San Isidro Arriba, del municipio Santo Domingo Este.

Se trata de Junior Antonio Araujo Guevara (a) “Maja Casquillo”, de 30 años, residente en el sector Herrera, Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió cuando agentes policiales realizaban labores investigativas y de patrullaje en la calle Primera del sector El Martillo, en San Isidro Arriba, Santo Domingo Este.

Según el informe de la patrulla actuante, el individuo, al notar la presencia policial, abrió fuego con una pistola calibre .380 (serie No. 7133240, no legible en su totalidad), lo que obligó a los agentes a repeler la agresión.

Como resultado del enfrentamiento, Araujo Guevara resultó con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego, siendo trasladado al Hospital del Almirante, donde falleció mientras recibía atenciones médicas, según diagnóstico de los facultativos actuantes.

Historial delictivo

El hoy occiso era buscado mediante orden de arresto No. 2026-AJ0024755 por presunta violación a los artículos 265, 266 y 309 del Código Penal Dominicano.

Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación para los fines correspondientes.