Internacionales
Industria alemana alerta de posible crisis por escasez de tierras raras chinas – El Nuevo Diario (República Dominicana)
Wolfgang Niedermark, director de la Asociación Federal de la Industria Alemana (BDI). Foto/fuente externa
EL NUEVO DIARIO, BERLÍN. – La industria alemana alertó este sábado que, de mantenerse las restricciones aplicadas en abril por las autoridades chinas a la exportación de algunos de los minerales conocidos como tierras raras, podría producirse una crisis semejante a la crisis energética de 2022 desencadenada por la interrupción del suministro ruso de gas natural.
El director de la Asociación Federal de la Industria Alemana (BDI), Wolfgang Niedermark, declaró al semanario ‘Der Spiegel’ que el sector está «alarmado» por la situación y que, si ésta continúa, el sector completo puede enfrentarse pronto a problemas que provoquen incluso ceses de producción.
«Nos enfrentamos a una crisis de los metales, parecida a la crisis energética de 2022, cuando Rusia dejó de suministrar gas», señaló y mencionó entre los ramos más afectados los del automóvil, la maquinaria y las tecnologías energéticas y de defensa.
Niedermark apuntó que para la fabricación de motores eléctricos, dispositivos robóticos o drones la dependencia de las importaciones que China ha restringido es «crítica».
Precisamente este sábado un portavoz del Ministerio de Comercio en Pekín señaló que China concede «gran importancia» a las «preocupaciones europeas» en esta materia y está dispuesta a establecer un «canal verde» para las solicitudes de exportación de tierras raras que cumplan los requisitos para acelerar su aprobación.
Desde el 2 de abril, en el marco de la escalada arancelaria con EE.UU., Pekín impuso un nuevo régimen de licencias que obliga a las empresas extranjeras a solicitar permisos para exportar las citadas materias primas (los minerales samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio e imanes derivados), aduciendo motivos de seguridad nacional.
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Juez se niega a bloquear el despliegue de tropas ordenado por Trump en Los Ángeles – El Nuevo Diario (República Dominicana)
Militares. (Ilustración:El Nuevo Diario)
EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES (EE.UU.). – Un juez federal rechazó este martes la solicitud del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, de emitir una orden de emergencia que bloquee el despliegue en Los Ángeles de soldados de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina de EE.UU. ordenado por la Administración del presidente Donald Trump.
Newsom y el fiscal general de California, Rob Bonta, habían pedido este martes un fallo de emergencia ante el Tribunal del Distrito Norte de California para impedir al Pentágono ampliar la misión actual del personal federalizado de la Guardia Nacional de California y la Infantería de Marina.
El juez federal Charle Breyer rechazó la solicitud de California sobre la orden de emergencia, y concedió la solicitud de dar más tiempo a la Administración Trump para responder a la querella legal.
Breyer ha dado la oportunidad al estado de California de presentar los documentos de oposición antes de una audiencia programada para el jueves.
Trump ordenó el sábado pasado desplegar 2.000 soldados de la Guardia Nacional de California, sin contar con la autorización del gobernador, lo que supone la primera vez en 60 años que el Ejecutivo estadounidense desconoce la autoridad estatal sobre las fuerzas.
Newsom y Bonta demandaron este lunes a la Casa Blanca para detener el despliegue argumentando que la Administración «abusaba de la autoridad del gobierno federal y violaba la Décima Enmienda» de la Constitución.
Pero Trump y el Pentágono respondieron ayer mismo con el envío de 700 infantes de Marina y 2.000 soldados más de la Guardia Nacional de California.
«Lo que están presenciando en California es un ataque total a la paz, al orden público y a la soberanía nacional, perpetrado por alborotadores que portan banderas extranjeras con el objetivo de prolongar una invasión extranjera de nuestro país. No vamos a permitir que eso suceda», dijo hoy el mandatario durante un mitin en Fort Bragg, la mayor base militar en suelo estadounidense.
Las manifestaciones en Los Ángeles comenzaron el viernes después que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizara una serie de operativos contra trabajadores y se han prolongado por cuatro días.
Newsom ha aclarado que aunque se reportaron algunos incidentes violentos e ilegales, que llevaron a arrestos «justificados» por parte de las autoridades estatales y locales, «estas protestas fueron en gran medida pacíficas» e involucraron a ciudadanos que ejercieron su derecho a protestar, amparado por la Primera Enmienda.
El gobernador, al igual que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han subrayado que la policía ha logrado controlar la situación, como en otros casos recientes de disturbios.
El despliegue total de los casi 5.000 soldados tendrá un costo de 134 millones de dólares que cubrirán transporte, alimentación, alojamiento y otros gastos hasta un máximo de 60 días, según cifras compartidas por el Pentágono.
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Tribunal aprueba seguir dejando en suspenso la sentencia que anula los aranceles de Trump – El Nuevo Diario (República Dominicana)
Donald Trump. Fuente externa
EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON. – Una corte federal de apelaciones aprobó este jueves la solicitud del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, de extender la suspensión temporal del fallo de un tribunal inferior que anuló la mayoría de los aranceles anunciados por el mandatario el pasado abril.
La Corte de Apelaciones del Circuito Federal decidió hoy que la medida dictada el pasado 28 de mayo por el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. queda «suspendida temporalmente hasta nuevo aviso mientras este tribunal estudia los documentos de las mociones», explica la orden.
Ninguno de los magistrados de la corte mostró su negativa a esta decisión, que ha programado además una vista para las argumentaciones de las partes el próximo 31 de julio.
El Gobierno de Trump ya había advertido que si el tribunal de apelaciones no mantenía la suspensión, solicitaría un recurso de emergencia al Tribunal Supremo, argumentando que la sentencia del 28 de mayo impedía ejecutar la política comercial del Ejecutivo en un momento en que Washington negocia con sus socios comerciales.
Tras la decisión de hoy, se prevé que tanto la suspensión de la mencionada sentencia como el proceso ante el tribunal federal de apelaciones puedan durar meses.
El Gobierno de Donald Trump presentó un recurso ante esta corte el día después de que el Tribunal Internacional de Comercio emitiera su fallo, el cual dictamina que el presidente no tiene autoridad para aplicar de forma «ilimitada» la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales.
Trump invocó esta norma para aplicar gravámenes globales el 2 de abril (los mal llamados «aranceles recíprocos) así como otros para China, México y Canadá.
La extensión de la suspensión temporal supone un nuevo respiro para el Gobierno Trump, que ha denunciado una «persecución judicial» por parte de distintas cortes de EE.UU. que han dejado en suspenso varias de sus medidas más polémicas.
En todo caso, tanto expertos, como miembros del Ejecutivo Trump han apuntado a que, independientemente de lo que los jueces acaben dictaminando, la Casa Blanca puede aplicar gravámenes recurriendo a otras leyes, aunque los procedimientos para activarlos serían algo más complejos y llevarían más tiempo.
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Las movilizaciones contra la condena a Cristina Fernández se expanden en Argentina – El Nuevo Diario (República Dominicana)
La expresidenta argentina Cristina Fernández participa en una reunión este martes, en Buenos Aires (Argentina). Cristina Fernández acudió a una reunión con senadores peronistas en la sede del Partido Justicialista (PJ) a la espera de una posible condena firme por delitos de corrupción que habilitaría su detención. EFE/ Partido Justicialista
EL NUEVO DIARIO, BUENOS AIRES. – Las movilizaciones contra la ratificación este martes de la condena a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) crecen en las principales ciudades del país, mientras siguen llegando militantes peronistas a la casa de la líder del Partido Justicialista (PJ) en Buenos Aires para pasar la noche a la intemperie.
La Corte Suprema ratificó la condena emitida en primera instancia, en 2022, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Varias horas después de conocerse el fallo, cientos de manifestantes se agruparon en las inmediaciones de la casa de Fernández, en el barrio porteño de Constitución, hacia donde se trasladó la líder peronista tras recibir la noticia de la Corte en la sede del PJ.
Lautaro González, estudiante y militante del PJ, dijo a EFE que estaba allí para «demostrar lo que se la quiere, lo que se la respeta, lo que se la banca (apoya) a Cristina por todos los derechos» que ha brindado.
Rubén Desampier, militante peronista y empleado administrativo, indicó haberse acercado al domicilio de la expresidenta «por convicción y porque se está cometiendo una injusticia contra Cristina».
Muchos simpatizantes se preparan para pasar la noche en las puertas del domicilio de Fernández para mostrarle su apoyo en lo que podrían ser una de sus últimas noches en libertad.
En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, un centenar de personas se reunieron en la plaza 25 de mayo en apoyo a la expresidenta, mientras que en San Miguel de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán, gobernada por el peronista Osvaldo Jaldo, otras tantas levantaron carteles con el lema: «Todos con Cristina».
En la sede del PJ de la provincia de Córdoba, otro centenar de personas alzaron banderas y cantaron contra del presidente Javier Milei.
También hubo movilizaciones en la ciudad costera de Mar del Plata y, al sur del país, en la ciudad de Bariloche.
Una vez que Fernández sea notificada oficialmente del fallo de la Corte Suprema, tendrá cinco días hábiles para presentarse ante la Justicia para que se haga efectiva su detención.
La defensa de la exmandataria tiene la posibilidad de solicitar al tribunal que le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria por ser una persona mayor de 70 años.
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