EL NUEVO DIARIO,  SÃO PAULO.- La Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, en Brasil, aprobó este martes un proyecto de ley que recupera un polémico bonus para los agentes de la Policía Civil que maten a presuntos criminales en el transcurso de sus operaciones.

La iniciativa se enmarca en una propuesta del Gobierno de Río de Janeiro, presidido por el derechista Cláudio Castro, defensor de una política de mano dura contra el crimen, para reestructurar el cuerpo de la Policía Civil, encargado de investigar los delitos.

La cámara fluminense analizó en régimen de urgencia el proyecto, que ahora seguirá para su sanción por parte del gobernador Castro.

No obstante, los diputados incorporaron diversas enmiendas al texto original, entre ellas la que garantiza al agente de la Policía Civil el derecho a recibir una recompensa económica por méritos individuales.

La bonificación se otorgará en casos de «incautación de armas de gran calibre o de uso restringido en operaciones policiales», y «en situaciones que impliquen la neutralización de criminales».

El valor del bonus, dice el documento, podrá variar entre el 10 % y el 150 % del salario del agente premiado, respetándose el techo constitucional.

La enmienda fue impulsada por legisladores del espectro conservador, dos de ellos del Partido Liberal, que lidera el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria y condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

«Sabemos que Río es un estado fuera de lo común, por eso presentamos una propuesta que incentiva a nuestro policía, que sale de su casa dejando a quienes más ama para proteger a personas que ni siquiera conoce. No es más que una forma de valorar a esos policías», dijo el diputado de União Marcelo Dino, uno de los promotores del bonus.

Este tipo de premio, conocido en la prensa como bonificación ‘Lejano Oeste’, funcionó en Río entre 1995 y 1998, cuando la propia Asamblea Legislativa de Río decidió enterrarlo.

Según datos oficiales, citados por el diario Folha de São Paulo, en 2024, el estado de Río de Janeiro registró 703 muertes por intervención de agentes de seguridad, lo que representa una media de casi dos óbitos al día. En 2023, hubo 871 fallecidos por acción de policías, mientras que en 2022 se llegó a 1.330.

En Río operan bandas de narcotraficantes y grupos parapoliciales, formados por agentes o ex agentes corruptos, que controlan diversas barriadas de la ciudad, donde se dedican a la venta de drogas y armas, y hasta cobran por servicios básicos a los vecinos.

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EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS. – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos se encuentra en el centro de la controversia tras difundir un video en el que combina escenas de redadas migratorias con elementos visuales y musicales inspirados en el universo de Pokémon.

La pieza incluye imágenes de detenciones presentadas como “cartas coleccionables”, menciones a los delitos atribuidos y frases como “Hay que atraparlos a todos”, emulando la conocida consigna de la serie animada.

El recurso, que incluso muestra a personajes como Ash Ketchum, ha sido criticado en redes sociales y por organizaciones que cuestionan el tono lúdico del material, al considerar que banaliza la situación de las personas migrantes y las presenta como “objetos” de una campaña pública.

Además del debate ético, el video abre interrogantes sobre derechos de autor y el uso de propiedad intelectual de una franquicia global como Pokémon. La difusión del contenido en canales oficiales del DHS ha intensificado la polémica sobre la manera en que las instituciones comunican sus acciones de control migratorio y el respeto a la dignidad de quienes aparecen en estas campañas.

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EL NUEVO DIARIO, ASUNCIÓN.- El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) denunció este martes que su país «no ha hecho grandes esfuerzos» para proteger a este sector y denunció «más de 100 casos de agresiones» contra comunicadores desde 2022, año en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado paraguayo por el asesinato, en 1991, del reportero Santiago Leguizamón.

«El Estado no ha hecho grandes esfuerzos, por el contrario, nosotros vemos que desde el 2022 hasta hoy tenemos más de 100 casos de agresiones contra el ejercicio libre del periodismo, contra la libertad de expresión», declaró el secretario del SPP, Santiago Ortiz, al canal ABC TV, antes de ingresar a una audiencia privada de supervisión del cumplimiento de la sentencia convocada por la Corte IDH, que celebra desde el lunes y hasta el viernes su 180 Período Ordinario de Sesiones.

Ortiz advirtió que «la situación de protección y de seguridad para el ejercicio del periodismo no ha mejorado en los últimos años» y señaló que desde 1991 se contabilizan «20 colegas que han sido asesinados» en Paraguay.

Por su parte, el activista por los derechos humanos Dante Leguizamón, hijo del periodista Santiago Leguizamón, asesinado el 26 de abril de 1991 en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero -una de las más violentas del país-, pidió al Estado cumplir con la sentencia de la Corte IDH, que condenó a Paraguay por la falta de investigación efectiva para esclarecer el asesinato de su padre.

Entre otros, señaló que la sentencia ordenó al Estado impulsar la aprobación del proyecto de ley «sobre Libertad de Expresión, Protección a Periodistas, Trabajadores de Prensa y Defensores de Derechos Humanos», lo que, lamentó, aún no se ha concretado.

Leguizamón aseguró que tampoco se ha conformado un grupo de trabajo de investigación de los asesinatos de periodistas.

En ese sentido, consideró «muy importante» la audiencia de la Corte, en la que espera «escuchar las explicaciones del Estado, cuáles han sido los motivos, cuáles son los caminos y los compromisos» para la protección de los periodistas.

La Corte IDH informó en X que celebró entre este lunes y martes audiencias privadas de supervisión de cumplimiento de sentencias en los casos de las comunidades indígenas Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek que ordenaron a Paraguay en 2006 y 2010, respectivamente, la restitución de tierras ancestrales.

En lo que resta de la semana, la Corte IDH tiene previsto celebrar audiencias públicas en casos contra Perú, Argentina y Brasil.

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