SANTO DOMINGO, D.N. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto al ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Víctor -Ito- Bisonó, encabezaron este martes el acto de entrega del Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, completamente remozado, y anunciaron su certificación internacional de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La instalación cuenta con la certificación oficial de World Aquatics, organismo rector internacional de los deportes acuáticos, lo que habilita el recinto para albergar competencias oficiales y validar marcas de nivel internacional, consolidándose como una de las principales infraestructuras deportivas del evento regional.

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó, destacó que esta entrega forma parte del compromiso del Gobierno dominicano con el fortalecimiento de la infraestructura deportiva nacional.

“Esta obra es una muestra del compromiso de esta gestión del presidente Abinader con el deporte y con el éxito de Santo Domingo 2026. Estamos entregando un Centro Acuático que cumple con estándares internacionales, garantizando que nuestros atletas entrenen y compitan en condiciones de excelencia”.

En tanto, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, manifestó: “hoy vemos una verdadera obra de arte con todo el carácter y las especificaciones técnicas que lleva los niveles internacionales del deporte acuático y que bueno que nos vamos llenando de orgullo, de optimismo y sobre todo, de confianza”.

Mientras que el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, José P. Monegro, señaló: “somos el único país de la región que tiene un Centro Acuático con gimnasio seco, el único país de la región que su piscina tiene climatización artificial y la rampa para los clavados se hizo conforme a los estándares olímpicos, es decir, en este complejo se puede celebrar un mundial de natación”.

De su lado, Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sport, reconoció la agilización de las infraestructuras deportivas que ha venido realizando el MIVHED, manteniendo un ritmo acelerado, “Estos juegos están caminando a hacer un ejemplo que quizás nuestra organización que pronto cumplirá 100 años no había visto. Pedimos que se mantenga así”.

Detalles de la obra

La obra, ejecutada con una inversión de unos RD$1,200 millones, abarcó una intervención integral de 12,905 metros cuadrados, incluyendo la renovación de la piscina olímpica de competición, construcción de la piscina de clavados y una nueva plataforma certificada conforme a los estándares internacionales.

El proyecto incorporó además nuevas áreas para el entrenamiento y desarrollo de los atletas, como un gimnasio seco especializado, piscina de entrenamiento y espacios complementarios, así como mejoras en áreas administrativas, vestidores, zonas de jueces y árbitros, descanso de atletas y salones multiusos.

También se integraron áreas de servicio y soporte técnico, incluyendo cafetería, almacenes, cuartos eléctricos y de bombas, junto con la modernización de sistemas eléctricos, sanitarios y de redes de datos.

En materia de seguridad y tecnología, el Centro Acuático cuenta con sistemas de detección de incendios, circuito cerrado de televisión (CCTV) y condiciones técnicas que garantizan la transmisión y monitoreo en tiempo real de las competencias.

Asimismo, se realizaron trabajos de iluminación interior y exterior conforme a estándares internacionales, así como adecuaciones estructurales y acondicionamiento general del recinto.

El diseño de las áreas, luminarias e instalaciones responde a las normativas internacionales para deportes de alto rendimiento, garantizando condiciones óptimas para la celebración de competencias oficiales.

En el acto de entrega participaron además la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Radhamés Tavárez, presidente de la Federación Dominicana de Natación, el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, Felipe Vicini, presidente de CRESO, junto a otras autoridades del sector deportivo y gubernamental.

Santo Domingo.– La Policía Nacional de la República Dominicana informó este martes la captura de Yoel Hernández Jiménez, alias “Yoel”, señalado como el último implicado en el asesinato del mayor policial Silo Miguel Popoters Polanco, ocurrido el pasado 5 de abril en el sector Villa Juana, de esta capital.

Con este arresto, las autoridades dan por desarticulada la estructura criminal responsable del ataque, integrada por seis individuos que ejecutaron el hecho cerca de la medianoche del Sábado Santo.

De acuerdo con el informe oficial, el oficial superior falleció tras recibir múltiples impactos de bala, disparados por varios sujetos que se desplazaban en tres motocicletas. El ataque se produjo sin previo aviso, mientras la víctima se encontraba en la vía pública, en la avenida San Martín.

Agrega el comunicado que los atacantes realizaron los disparos sin mediar palabras.

En el transcurso de las investigaciones, ya habían sido apresados Dalgwig David Valdez Marte (“Darwin”), Yeimy Felipe García Heredia (“Yohan”), José Miguel Guillermo de Jesús (“El Guardia”) y Aneury Amaury Espino Tejeda (“El Montro”).

En tanto, Yeison Nivar Pérez (“Mandrake”), identificado como cabecilla del grupo, cayó abatido tras enfrentar a agentes policiales el mismo día del crimen.

La institución del orden precisó que Hernández Jiménez, de 23 años, era activamente buscado mediante la orden judicial No. 2026-AJ0026361, siendo capturado este 7 de abril por miembros del Departamento Operativo II de Homicidios, adscrito a la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

Las autoridades reiteraron que todos los implicados han sido puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer en su totalidad las circunstancias de este hecho que ha generado gran consternación en la sociedad dominicana.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó este martes a los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la pretensión del general Adán Cáceres Silvestre y compartes de evadir la aplicación de justicia mediante la extinción penal del proceso judicial que pesa en su contra por sustraer fondos en perjuicio de los contribuyentes y de varias dependencias del Estado.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sostuvo que “bajo ningún concepto procede en este proceso declarar la extinción penal”, como pretende el general Cáceres Silvestre y otros acusados por corrupción administrativa en el expediente que se deriva de las operaciones Coral y Coral 5G.

Ortiz explicó que el Ministerio Público desmontó durante la audiencia en el tribunal, y una vez más, “la teoría que pretende implantar la defensa, no solamente en el tribunal, sino también a través de medios de comunicación y bajo distintas vías”.

“La extinción de la acción penal, y así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional dominicano, incluso en su última decisión de marzo de 2026, no es ni puede ser un cálculo matemático; no es que, llegado los cuatro años, se extingue el proceso; hay una serie de razones y requisitos como la complejidad de los procesos y la conducta de los imputados que influye en la determinación de los plazos”, señaló.

“Evidentemente que, en un caso complejo como este, declarado por un tribunal, y en el cual el 90% de las dilaciones del proceso provinieron por parte de los imputados, no podemos hablar de extinción”, enfatizó.

Dijo que, incluso, el propio tribunal, compuesto por las juezas Giselle Méndez (presidenta), Jissel Naranjo y Tania Yunes, ha reconocido la validez de los argumentos del Ministerio Público cuando el general Cáceres Silvestre y compartes presentaron el mismo argumento sobre extinción penal y los jueces lo rechazaron en dos ocasiones.

“Y de esa misma manera también lo ha reconocido, tanto la Corte de Apelación como la Suprema Corte de Justicia, o sea, que bajo ningún concepto y bajo ningún alegato este proceso puede ser declarado extinto”, precisó.

Durante la audiencia de este martes, Ortiz, quien representó al Ministerio Público junto a los fiscales litigantes Jonathan Pérez Fulcar, Arolin Lemos, Emmanuel Ramírez y Miguel Collado, pidió al tribunal rechazar la nulidad propuesta y reafirmó que la incautación de un local adquirido con fondos sustraídos al Estado jamás se puede considerar una acción inconstitucional contra la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, cuyos feligreses siempre pueden reunirse en cualquier espacio que escojan y sobre el que tengan legítimo derecho.

El tribunal aplazó el juicio para el próximo 14 de abril, a partir de las 9:00 de la mañana.

El proceso judicial

El pasado mes de febrero, luego de presentar sus conclusiones en el proceso el Ministerio Público solicitó la imposición de penas de hasta 20 años de prisión y multas de entre 400 y 200 salarios mínimos para los procesados por corrupción a partir de la judicialización de las operaciones Coral y Coral 5G que enfrentaron a una red que sustrajo al Estado más de RD$4,500 millones.

Las penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos fueron solicitadas en contra de los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola.

De igual manera, solicitaron la misma pena para los acusados coronel Rafael Núñez de Aza, general Boanerges Reyes Batista y capitán Franklin Antonio Mata Flores.

También, solicitaron la imposición de 15 años de prisión y el pago de 300 salarios mínimos para la procesada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.

El Ministerio Público solicitó, asimismo, la imposición de diez años de prisión y multas de 200 salarios para Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, para el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Esmeralda Ortega Polanco, al sargento Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucía De los Santos Viola, Manuel de Jesús Alba Solano, Elida María Trinidad Santiago, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Onoris Beatriz Soto De los Santos y Eric Daniel Pereyra Núñez.

Además, pidió 5 años de prisión para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez (multa de 200 salarios mínimos), Carlos Augusto Lantigua Cruz (multa de 500 mil pesos) y Miguel Ventura (multa de RD$500 mil).

En su pedimento, el Ministerio Público también solicitó la clausura y suspensión de operaciones y disolución de la entidad Iglesia Bautista Vida Eterna y la imposición de una multa de 200 salarios mínimos.

También, para las compañías Hacienda Kelman SRL, R&F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium, SRL, Randa Internacional Company y CSNA Universo Empresarial S.R.L.

Asimismo, la disolución e imposición de una multa de 10 millones de pesos de la razón social Rawel Importadores S.R.L.

El Ministerio Público también solicitó el decomiso de los bienes incautados, entre los cuales se incluyen villas, casas y vehículosde lujo.