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Dolores Fernández llama a un contrato social para garantizar los derechos a la identidad

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Dolores Fernández llama a un contrato social para garantizar los derechos a la identidad


SANTO DOMINGO. – La miembro titular del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), Dolores Fernández Sánchez, al hablar de la trascendencia y el impacto de la Ley 4-23, Orgánica del Estado Civil y su reglamento de aplicación, señaló que esta toca el orden jurídico dominicano.

“Esta ley impacta fuertemente las leyes 169-14 (sobre la naturalización), la 172-13 (sobre la protección de datos), la 129-11 (orgánica sobre el TSE), la 198 (sobre los matrimonios religiosos) …y un grupo de leyes importantes”, puntualizó Fernández Sánchez.

Durante la conferencia «Impacto de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil, 4-23 y su Reglamento de Aplicación», en una actividad que se desarrolló en el Centro Cultural Ateneo Dominicano, entidad que celebró su 154 aniversario, la miembro titular del Pleno de la JCE, invitó a un contrato social para poder garantizar derechos, al señalar que el primero en los derechos fundamentales es la identidad.

“El contrato social es comprometernos cada uno de nosotros y ver que cada ciudadano y ciudadana estén declarados”, manifestó, al agregar que “el impacto de esta ley se va a medir cuando se respeten los derechos fundamentales y la dignidad humana”.

Sobre qué trae la Ley 4-23, Fernández Sánchez dijo que es moderna y que la modernidad en el registro civil trae cambios.

“El cambio implica tomar en cuenta lo que son los valores tangibles de la buena gobernanza, que es transparencia, es rendición de cuentas y capacidad de respuesta, eso es lo que busca la ley”, manifestó.

Recordó la Ley 169 (derogada) no tenía los principios que sí tiene la actual Ley 4-23: los de eficacia, de celeridad, actuar de oficio de legalidad y también la interconexión o interoperabilidad, creando un matrimonio sin divorcio entre las direcciones de Informática y de Registro Civil.

“Hoy hablamos del gobierno digital, inteligente y electrónico lo que significa que estamos en la sombrilla de la Burocracia Cero”, dijo, al añadir que para ello tienen acuerdos con las Fuerzas Armadas, con el Tribunal Superior Electoral (TSE), La Dirección de Pasaporte, la Dirección de Migración, el Ministerio de Educación (MINERD), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), el Sistema Nacional de Salud (SNS), la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Interior y Policía.

Fernández Sánchez dijo que no basta que la Ley 4-23 sea moderna o democrática y que venga a simplificar, sino que tiene que haber disposición, entrega y presupuesto, porque para tener un resultado eficiente y eficaz se necesita de una plataforma fuerte. 

Ley 4-23 llama a eliminar subregistro

La miembro titular de la JCE dijo que la institución está caminando de la mano con la modernidad, pero que no basta solo con las novedades, al puntualizar que en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en el objetivo 16, ordinal 9, la institución tiene un compromiso sagrado: trabajar por la eliminación del subregistro.

“La Ley 4-23 permite atacar el subregistro. Estamos obligados a hacerlo y estamos trabajando fuertemente porque debe ser uno de los temas centrales de la JCE, ya que la identidad te abre las puertas a ser parte de las políticas públicas”, dijo. 

Entre otros aspectos que viene a fortalecer esta ley, la miembro titular señaló el artículo 74, sobre nombres que atentan contra la dignidad; el artículo 118, que habla de las reconstrucciones; el artículo 179, que amplió algunos plazos; el artículo 111, que aborda la validación de un folio después de la clausura; el artículo 107, sobre las nulidades administrativas, haciendo énfasis en todos los casos resueltos gracias a la nueva normativa.

Finalmente, Dolores Fernández Sánchez dijo que en el impacto que tendrá la Ley 4-23, hay que tener en cuenta que se puede garantizar la identidad social, la identidad legal y la identidad biométrica, porque “solo garantizando el derecho a la identidad vamos a lograr lo que es el Estado democrático de derecho”.

La ley 659 (derogada) de 113 artículos tenía 78 años de vigencia y fue sustituida por la Ley 4-23, que tiene 221 artículos y responde al nuevo paradigma del registro civil, que son todos los documentos probatorios ante la sociedad, el Estado y la Familia.

Previo a la conferencia, la presidenta del Centro, Betty Vargas Acosta, ofreció las palabras de bienvenida, reiterando el compromiso de la institución con la cultura, la educación y el arte en todas sus manifestaciones.

Presentes en el acto

La conferencia contó con la asistencia de los miembros suplentes de la JCE Prado López, Anibelca Rosario y Tony Tejada; el secretario general, Sonne Beltré; y el rector interino del IESPEC, Felipe Carvajal. También asistieron los directores Luis Mariano Matos (Registro Electoral) y Johnny Rivera (Informática); Rosa Lidia Lora, encargada de Relaciones Públicas; y Luis Rafael Santana, subdirector de Comunicaciones y encargado de Prensa, entre otros colaboradores de la institución.

Por parte del centro cultural, participaron su presidenta, Betty Vargas Acosta y el presidente ad victam, Henry Mejía, junto a otros directivos.

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A prisión tres personas arrestadas en Operación Leopardo; les incautaron inmuebles, vehículos, fusil, escopetas y RD$1,769,400

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A prisión tres personas arrestadas en Operación Leopardo; les incautaron inmuebles, vehículos, fusil, escopetas y RD,769,400


SANTO DOMINGO.- A partir de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, un tribunal del Distrito Judicial de La Altagracia impuso un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra tres personas integrantes de una red de narcotráfico internacional a la que se le ocuparon 643 paquetes de cocaína y que fue desmantelada durante la Operación Leopardo.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia declaró el caso complejo y le impuso la prisión preventiva a los imputados Wilson Rafael Inirio, Rafael Torres y Daniela Stefanny Olaverría. Respecto a Néstor Julio Robles, se ordenó su libertad.

Al caso también están vinculados Moisés Severino Inirio, José Ignacio de Jesús Mota y Pedro Luis Cordero Espinal, quienes se encuentran prófugos.

Los fiscales Pedro Medina Quezada y José Manuel Calzado, quienes representan al Ministerio Público en el proceso aportaron diferentes pruebas que llevaron a la jueza Mary Castillo Germán a imponer las medidas de coerción a los imputados.

Como resultado de las acciones de inteligencia, seguimiento y vigilancia el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocuparon el cargamento de cocaína en la calle El Carmen esquina avenida Libertad, del municipio San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia.

La operación la ejecutaron la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza el procurador adjunto Wilson Camacho, y la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, que dirigen la procuradora de corte Ramona Nova y la fiscal Claudia Garrido, respectivamente. Las autoridades dominicanas contaron con la cooperación internacional de la Administración para el Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos.

Un total de 27 fiscales participaron en las acciones junto a 194 agentes de la DNCD. Las autoridades realizaron 17 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Guerra, Boca Chica, Barahona, Santiago, Higüey, Cap Cana y Romana.

Las autoridades incautaron 5 inmuebles, una lancha de recreo, un fusil AR-15, dos escopetas 12, dos revólveres, dos pistolas, seis motocicletas y seis vehículos. También, RD$1,769,400 y US$159,698.

El alijo ocupado en San Rafael del Yuma el pasado 18 de octubre está vinculado a otro de 993 kilogramos de cocaína, ocupado en abril en una embarcación anclada en un puerto turístico de la provincia La Altagracia y que, a su vez, estaba relacionado con una poderosa estructura criminal de narcotráfico encabezada por el serbio Nikola Boros y/o Antun Mrdeza, buscado por la Interpol por pertenecer a una organización criminal transnacional dedicada al delito de tráfico de cocaína entre Estados Unidos, Puerto Rico, España e Italia.

Los imputados Wilson Rafael Inirio y Rafael Torres cumplirán la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, del municipio Higüey, provincia La Altagracia, y Daniela Stefanny Olaverría en la cárcel pública para mujeres de esa provincia.

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Capturan asaltante se lanzó de un quinto piso para escapar de la Policía

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Capturan asaltante se lanzó de un quinto piso para escapar de la Policía


-Le ocupan un arma de fuego que portaba de manera ilegal y una motocicleta-

Santo Domingo.- Agentes de la Policía Nacional, adscritos al Departamento de Invivienda, Santo Domingo Este, apresaron a un presunto delincuente quien se hizo viral en las redes sociales luego de lanzarse desde la azotea de una edificación de varios pisos en un intento desesperado por evadir a los agentes que le daban persecución, tras ser sorprendido en flagrante delito.

Se trata de Robert Martínez Cuevas (a) “Rafelito”, de 25 años, quien fue sorprendido junto a varios individuos mientras despojaban de sus pertenencias y dinero en efectivo a dos ciudadanos en la calle Primera esquina H, del sector Villa Carmen, en el citado municipio de la zona oriental.

Durante la intervención, a “Rafelito” le fue ocupada una motocicleta marca Haojue Xpress, color negro, placa K2021518, y una arma de fuego de marca ilegible y numeración 327190, sin cargador.

De acuerdo con las investigaciones, el prevenido cometió el delito junto a otros tres antisociales (ya identificados), quienes lograron escapar del lugar.

El video del momento en que el detenido se lanzó desde una azotea para evitar ser capturado circuló ampliamente en redes sociales, evidenciando la rápida y efectiva respuesta policial que permitió su posterior arresto.

El apresado y las evidencias ocupadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras la Policía Nacional continúa la búsqueda de los demás implicados en este hecho.

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Sánchez Roa advierte pérdidas por más de RD$2,000 millones en el agro

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Sánchez Roa advierte pérdidas por más de RD,000 millones en el agro


-Pide acción urgente del Gobierno tras tormenta Melissa-

Santo Domingo. –  El agrónomo Adriano Sánchez Roa, secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), alertó que los daños ocasionados por la tormenta Melissa en las regiones agrícolas del sur del país superan los RD$2,000 millones, y exhortó al Gobierno a actuar con rapidez y responsabilidad para evitar que la situación derive en una crisis productiva prolongada.

Durante su participación en el programa Propuesta de la Noche, producido por el periodista Manuel Jiménez por Teleimpacto, Sánchez Roa sostuvo que aunque las lluvias suelen ser aliadas de la agricultura, “cuando se presentan con la intensidad de los últimos días, sin una adecuada infraestructura rural, se convierten en un desastre que destruye caminos, cosechas y esperanzas”.

Según explicó, las zonas más golpeadas fueron las provincias de Barahona, San José de Ocoa, Peravia, Azua y San Cristóbal, donde las lluvias provocaron el colapso de caminos vecinales e interparcelarios, dificultando la salida de los productos hacia los mercados.

 “Hay comunidades incomunicadas, cosechas de café y aguacate perdidas, y productores que no pueden trasladar sus frutos. Si el Gobierno no actúa de inmediato, esas pérdidas se van a multiplicar”, advirtió.

Pérdidas en café y aguacate

Sánchez Roa informó que las lluvias de Melissa impactaron severamente la zona cafetalera del sur, donde se estiman más de 4,000 quintales de café perdidos.

Explicó que gran parte del fruto cayó debido a la saturación del terreno y la penetración del agua en los granos, lo que los volvió más pesados y los hizo desprenderse antes de tiempo.

“Melissa encontró las zonas cafetaleras con el café en plena maduración. El agua hizo el resto del trabajo: lo tumbó todo”, expresó el dirigente peledeísta.

Añadió que el fenómeno afectó también las plantaciones de aguacate, especialmente en Ocoa, Manaclá, Matadero, Baní y San Cristóbal, zonas que —según señaló— ya venían reclamando el mantenimiento de los caminos agrícolas antes del paso de la tormenta.

El agrónomo y exadministrador del Banco Agrícola insistió en que el Gobierno debe asumir la pérdida de los productores, compensando económicamente a los afectados.

 “Los caficultores necesitan que se les pague el valor de su producción perdida. Si tienen deudas con el Banco Agrícola, el Estado puede cubrirlas directamente, y si no las tienen, debe entregárseles el dinero a través del Instituto del Café”, propuso.

También recomendó el despliegue inmediato de brigadas agrícolas para rescatar lo que se pueda recuperar de las cosechas afectadas. “Es urgente que el Gobierno vaya a salvar lo que quedó. No todo está perdido, pero el tiempo es determinante”, enfatizó.

Plan de acción inmediato y deuda con productores

El dirigente político planteó la necesidad de un plan operativo inmediato de siembra, aprovechando la humedad del suelo para garantizar una producción estable en los meses de sequía que se aproximan entre diciembre y abril. “Si se actúa ahora, podemos transformar el daño en una oportunidad. Pero si se deja pasar el tiempo, en febrero estaremos hablando de escasez y alza de precios”, advirtió.

Sánchez Roa denunció además que el Ministerio de Agricultura arrastra deudas con productores por más de RD$1,800 millones, incluyendo pagos pendientes a suplidores de cebolla, habichuelas, servicios de preparación de tierra y programas de invernaderos.

“No se puede pedirle a un productor que siga sembrando si el Gobierno le debe dinero desde hace tres años. Eso es una irresponsabilidad”, criticó.

Según dijo, la falta de personal técnico en el Ministerio agrava aún más la situación: “Agricultura tiene más de 600 plazas vacantes. Hay provincias donde deberían trabajar 70 técnicos y apenas quedan 20. ¿Cómo se puede planificar o asistir a un productor si no hay personal en el terreno?”, cuestionó.

Crisis en el sector arrocero

Sánchez Roa también abordó la situación del sector arrocero, al que calificó como “en crisis profunda”.

 Explicó que, a pesar de los avances logrados durante la gestión del expresidente Danilo Medina, la improvisación del actual Gobierno ha provocado una caída sostenida en la producción y un aumento desproporcionado en los precios.

“El consumo per cápita de arroz bajó de 134 libras en 2019 a 122 libras en 2024, y el precio del saco de 125 libras pasó de RD$1,650 a RD$5,000.

Eso es un colapso”, señaló. Denunció además que el Gobierno ha tenido que importar cerca de cinco millones de quintales de arroz solo en 2024 para suplir el déficit, una cifra que, según él, “no se había visto ni sumando los últimos cinco años anteriores”.

Un llamado a la acción

Finalmente, el secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que “deje de hacer política con el campo y empiece a gobernar para los productores”.

“Las lluvias de Melissa pueden convertirse en una bendición si se responde con rapidez, apoyo técnico y recursos reales. De lo contrario, se convertirán en una nueva tragedia rural”, concluyó Sánchez Roa.

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