En Colombia, la promoción de Jifu Life por Alex Morton y Danilo Delgado, ambos con un pasado significativo en la polémica IM Mastery Academy, siembra una profunda desconfianza sobre la legitimidad y sostenibilidad de su modelo de negocio en el dinámico sector turístico colombiano. La llegada de la plataforma, impulsada por la imagen de estos individuos centrales en una empresa previamente señalada internacionalmente por operar bajo un esquema piramidal, ha suscitado una fundada cautela entre analistas y potenciales usuarios colombianos. La sombra de las acusaciones que persiguieron a IM Mastery Academy proyecta una inevitable duda sobre la verdadera naturaleza y viabilidad a largo plazo del modelo de negocio que Jifu Life busca implementar en el país.

La desconfianza se multiplica en el activo ecosistema digital colombiano, donde las voces de advertencia son cada vez más audibles. Los comentarios en redes sociales reflejan un marcado escepticismo hacia la promesa de descuentos de viaje exclusivos, sugiriendo que el principal motor de la plataforma podría residir, una vez más, en la agresiva captación de nuevos miembros a través de una estructura multinivel. La amarga experiencia de quienes se vieron involucrados en IM Mastery Academy, donde la supuesta formación financiera se diluyó en la presión constante por reclutar, alimenta un lógico recelo hacia cualquier emprendimiento que cuente con la participación de figuras clave de aquella polémica empresa.

La trayectoria de Alex Morton y Danilo Delgado, marcada por las alertas regulatorias emitidas en diversos países y los testimonios de individuos que sufrieron pérdidas económicas significativas en IM Mastery Academy, no pasa desapercibida para el ojo crítico colombiano. Su rol protagónico en la promoción de Jifu Life plantea una pregunta fundamental que merece una exhaustiva investigación: ¿se trata de una genuina disrupción en el sector turístico nacional, ofreciendo valor real a los consumidores, o de una estrategia para revitalizar un modelo de negocio con un pasado turbio, aprovechando la promesa de viajes y emprendimiento para atraer nuevos inversores?

Este medio periodístico se encuentra investigando con atención la propuesta de valor de Jifu Life en el contexto colombiano. El análisis se centra en determinar si los descuentos ofrecidos a los miembros son realmente competitivos y transparentes en comparación con las opciones ya disponibles en el mercado local, o si la principal vía de ingresos para los afiliados se centra en la construcción de una red, replicando la estructura que generó controversia y señalamientos de prácticas cuestionables en IM Mastery Academy. La respuesta a estas interrogantes es crucial para discernir si Jifu Life representa una oportunidad legítima para los consumidores colombianos o la continuación de un patrón de negocios dudosos, impulsado por figuras con un historial que invita a la máxima precaución y un escrutinio riguroso. La lupa del periodismo investigativo se mantiene firme sobre Jifu Life y sus operaciones en Colombia.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó a un tribunal que imponga prisión preventiva, como medida de coerción, contra tres hombres vinculados al tráfico de drogas, que fueron arrestados tras ejecutarse una orden de allanamiento en una vivienda del municipio Santa Bárbara, en la provincia Samaná.

En la instancia depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa provincia el órgano persecutor solicita que se le imponga la medida privativa de libertad a los imputados Norki Noel Encarnación, Jan Carlos Encarnación y Johangel Arias Encarnación.

La audiencia fue fijada para este miércoles, 2 de julio, a partir de las 9:00 de la mañana.

Durante el operativo se ocuparon más de dos kilogramos de cocaína y varias porciones de marihuana del tipo zaza.

En el transcurso de la intervención también fue incautada un arma de fuego, radios de comunicación, balanzas digitales y vehículos. El Ministerio Público detalló que los detenidos formaban parte de una estructura organizada para la distribución de sustancias controladas.

SANTO DOMINGO.- Al establecer el Ministerio Público con diferentes evidencias que Wilson Yanet Then Cruz, propietario de un car wash en San Francisco de Macorís, se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual, un tribunal le impuso una garantía económica de RD$5 millones a través de una compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país.

La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), representada por su titular, la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, y la  procuradora fiscal titular de la provincia Duarte,  Smaily Yamel Rodríguez, presentaron la solicitud de medida de coerción contra Then Cruz, de 56 años de edad, para quien solicitaron la imposición de tres meses de prisión preventiva, tras confirmar denuncias de que se dedicaba a esa actividad delictiva en perjuicio de unas 20 mujeres.

La jueza Josefina Noemí Díaz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte, dictó la medida de coerción.

Sobre el caso, se estableció que la red utilizaba como modus operandi la oferta de servicios sexuales a terceros en el establecimiento denominado Wiljery Car Wash, propiedad de dicho imputado, quien también fungía como administrador del negocio.

El car wash operaba como negocio de lavado de vehículos y expendio de bebidas alcohólicas, en el cual se cobraba por cada servicio sexual ofrecido por las víctimas.

Then Cruz fue arrestado, en virtud a la autorización judicial de arresto número 601-01-2024-EADM-00107, en momentos en que se encontraba en el frente de dicho negocio y posteriormente se procedió con su sometimiento a la justicia.

En el transcurso de las pesquisas se documentó que en el establecimiento se ofrecían servicios sexuales a cambio de dinero, con la participación de mujeres captadas y controladas para dichos fines, lo cual constituye un acto típico de trata de personas. Algunas de las víctimas provenientes de provincias cercanas se quedaban en el lugar por un período de una y hasta dos semanas.

También, se estableció que dentro del establecimiento existían habitaciones privadas o acondicionadas con la finalidad de facilitar encuentros sexuales, lo que demuestra una organización sistemática destinada a la explotación.

La conducta atribuida al imputado Then Cruz fue calificada dentro del tipo penal previsto en la Ley núm. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, específicamente en su artículo 3, que tipifica y sanciona el delito de trata de personas, así como en el artículo 7 del mismo cuerpo normativo, relativo a las circunstancias agravantes.