SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR), varios procuradores fiscales adscritos a la procuraduría fiscal de Santo Domingo Este, y la procuraduría fiscal de Santo Domingo Este fueron sometidos ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), mediante una demanda en responsabilidad patrimonial, por daños y perjuicios materiales y morales causados por este órgano superior del Ministerio Público al investigador social Víctor Scharboy Almánzar.

Scharboy Almánzar le notificó la Demanda en Responsabilidad Patrimonial a los citados fiscales mediante el acto No.712/2025, instrumentado por el Ministerial Robinson E. González A, por conducto de sus abogados, los letrados Miguel Álvarez Hazim y Luis Lizardo Cabrera.

La demanda fue depositada ante el TSA contra la Procuraduría General de la República (PGR) en su calidad de institución encargada de ejercer la investigación penal en representación de la sociedad y como personas físicas a la Procuradora General de la República, en su calidad de superior, así como a César Payano, Carlos Casado, Florentino Sánchez Zabala, María Sánchez, Felipe E. Cuevas, procuradores fiscales de la provincia Santo Domingo y la Procuraduría Fiscal de la provincia Santo Domingo, esta última, como órgano con responsabilidades jurídicas y patrimoniales.

Los referidos fiscales, la PGR y la procuraduría fiscal de la provincia Santo Domingo son acusados de haber violado varios principios fundamentales contenidos en la ley 133/2011, la cual crea el Estatuto de dicha institución, los cuales les imponen a estos actuar con objetividad, imparcialidad, con el debido respeto a la ley y a la Constitución, de igual manera el haber violado el artículo 260 del Código Procesal Penal Dominicano.

Víctor Scharboy Almánzar, de 66 años de edad, permaneció preso ocho meses y 15 días, desde septiembre de 2023 hasta mayo de 2024, tras ser sometido por supuesta agresión a su expareja María Yocasta Escotto de los Santos (Sulay), quien le hizo una acusación falsa, con fines de extorsionarlo, pero el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo dictó sentencia absolutoria, el 10 de junio de 2024 y lo declaró no culpable por insuficiencia de pruebas.

Por el caso, la PGR y los funcionarios públicos judiciales citados son acusados de aplicar de manera incorrecta, ilegal y arbitraria los artículos 1,13, 14, 15,16,19,22,23,26.2 y siguiente de la Ley 137/2011, 134.4, 260, 273, 285, 293.3 del Código Procesal Penal (CPP), falta de objetividad, de imparcialidad, violación al debido proceso y la inobservancia, con el “único fin de pretender legalizar una acción dolosa, basada en el chantaje y la extorsión”.

Los juristas Álvarez Hazim y Lizardo Cabrera entienden que contra el demandante Víctor Scharboy Almánzar se cometieron las violaciones citadas anteriormente, lo que calificaron como un abuso contra este ciudadano, por no haberse llevado a cabo una investigación objetiva e imparcial.

De igual manera, señalan, que le ocasionaron daños tanto material, como emocional: toda vez que fue reducido a prisión violándoseles todos sus derechos, no solo al imponérsele prisión preventiva como medida de coerción, sino y es lo peor, que el Ministerio Público solicitó condena sin prueba alguna, sin tener causa probable, como quedó demostrado.

En la pertinencia del encausamiento de los funcionarios judiciales, los juristas consideran que los fiscales actuantes no les permitieron a Víctor Scharboy Almánzar, que les informara sobre la verdad de los hechos, nunca lo entrevistaron, no les escucharon, no le permitieron que se defendiera antes de ser sometido, cuando debieron agotar la fase de investigación, de haber aplicado los principios instituidos en la ley 133/2011.

“Muy por el contrario, todo fue “tránquenlo, métanlo preso, solicitar prisión y condena””. El demandante en vez de recibir protección, lo que si se ha recibido como respuesta a sus reclamos es el desprecio, la negativa y el atropello, que, al no darle cumplimiento a las leyes y la Constitución, los actuales incumbentes del Ministerio Público incurren en violación a la Constitución y a su propio estatuto comprometiendo su responsabilidad civil, patrimonial de conformidad con el artículo 148 de la Carta Magna”, precisan.

La condena solicitada

En sus conclusiones, los juristas Miguel Álvarez Hazim y Luis Lizardo Cabrera solicitan al Tribunal Contencioso Administrativo condenar a la Procuraduría General de la República, como órgano superior del Ministerio Público, de manera solidaria al pago de una indemnización por RD$ 30, 000,000 millones a favor del demandante Víctor Scharboy Almánzar, como justa reparación de los daños y perjuicios causados.

Además de la PGR, también se solicita condenar a los procuradores fiscales César Payano, Carlos Casado, Florentino Sánchez Zabala, María Sánchez y Felipe Cuevas, por ser funcionarios causantes o generadores del daño causado, al pago de RD$6,000,000 cada uno y de manera separadas, como justa reparación del daño causado al demandante Scharboy Almánzar.

El calvario de Víctor

Antes de ser trasladado a la cárcel de La Victoria, Scharboy Almánzar, tras un tribunal imponerle un mes de medida de coerción, y ordenó su reclusión a la cárcel Najayo Hombre, basado en un expediente sin pruebas, el 4 de septiembre de 2023, estuvo detenido 15 días en la inmunda cárcel de la Unidad contra la Violencia de Género, en Alma Rosa, de donde fue llevado a la cárcel San Luis y a los cinco días trasladado sorpresivamente a La Victoria, donde permaneció el resto de su cautiverio.

El calvario pasado por Víctor y la ilegalidad de su prisión, fueron denunciados varias veces por sus familiares, en cartas dirigidas a la entonces procuradora General, Miriam Germán; pero la funcionaria judicial nunca respondió a los reclamos de los parientes encabezados por su madre Gladys Mercedes Almánzar, de 84 años, y su hermano el periodista Bienvenido Scharboy.