Internacionales
CIDH pide medidas provisionales a Corte IDH por situación de «extrema gravedad» de Glas – El Nuevo Diario (República Dominicana)
CorteIDH. (Foto: fuente externa)
EL NUEVO DIARIO, GUAYAQUIL (ECUADOR). – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) medidas provisionales a favor del exvicepresidente correísta de Ecuador Jorge Glas tras considerar que se encuentra «en una situación de extrema gravedad y urgencia de daño irreparable a sus derechos a la vida, integridad personal y salud».
Glas, que está recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador tras ser detenido el año pasado en la Embajada de México en Quito luego de recibir asilo como «perseguido político», y que este lunes fue condenado a 13 años de prisión por peculado (malversación de fondos públicos) en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016, ya tenía unas medidas cautelares otorgadas a su favor por parte de la CIDH desde 2019.
En febrero de este año, la Comisión emitió una ampliación de esas medidas y requirió al Estado acciones inmediatas para la salvaguarda de la vida, la salud y la integridad del exvicepresidente, pero «tras valorar la información disponible por las partes, la CIDH consideró que la situación de Jorge Glas calza en el supuesto de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño establecida en el artículo 63.2 de la Convención Americana», señaló en un comunicado.
Medidas «incumplidas»
La Comisión había pedido al Estado ecuatoriano que Glas sea derivado «de inmediato» a un hospital para su valoración médica completa y su traslado a otra cárcel distinta a La Roca «que cumpla con los estándares aplicables a su situación de salud».
Además, que se retome la instalación de una mesa técnica con la participación de médicos de confianza para resolver controversias médicas y tener el tratamiento adecuado y que se permita el acceso a la información médica de manera oportuna.
Sin embargo, la defensa del exvicepresidente y representantes del Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glas han señalado en varias ocasiones que el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha «incumplido» con lo solicitado por la CIDH.
Fueron los mismos representantes del Comité los que anunciaron el 2 de junio que habían pedido a la CIDH que solicite a la Corte unas medidas provisionales en las que se ordene al Estado que «cumpla con la obligación de otorgarle el salvoconducto» a Glas con el que pueda viajar a México en calidad de asilado diplomático.
La principal razón de este pedido, dijo en ese entonces el coordinador del Comité y exministro boliviano Sacha Llorenti, era el «altamente delicado» estado de salud de Glas, «no solamente en términos de salud física por la serie de medicamentos que le han recetado en el penal de La Roca, sino también por su situación psicológica y psiquiátrica».
Una reciente evaluación psiquiátrica realizada previo al inicio del juicio por malversación, señaló que el exvicepresidente correísta padece una depresión grave sin síntomas psicóticos, con un cuadro de ansiedad y un riesgo «mayor» de eventual intento de suicidio.
Las medidas provisionales son emitidas por la Corte IDH en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas y son de obligatorio cumplimiento para los Estados, por lo que las decisiones contenidas en las mismas les exigen a los países adoptar acciones específicas para resguardar derechos y/o proteger la vida de personas que están en riesgo.
Crisis entre Ecuador y México
Glas, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), cumple en la cárcel una pena ocho años a raíz de dos condenas por corrupción impuestas en 2017, por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y en 2020 por cohecho en el caso Sobornos, en la Correa fue también condenado a ocho años e inhabilitado políticamente.
A finales de 2022 fue excarcelado gracias a una polémica e irregular resolución judicial y permaneció en libertad durante algo más de un año, hasta que a finales de 2023 llegó a la Embajada de México en Quito, donde pidió asilo, al advertir que la Fiscalía buscaba procesarlo por el caso Reconstrucción.
En 5 de abril de 2024, el presidente Noboa ordenó asaltar la sede diplomática para detener a Glas, una vez que el Gobierno mexicano le había concedido un asilo al considerarlo un «perseguido político» y se ha negado a otorgarle un salvoconducto.
La invasión a la embajada derivó en la ruptura de las relaciones entre ambos países y a un litigio en la Corte Internacional de Justicia, donde México acusa a Ecuador de haber roto la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y Ecuador culpa al país norteamericano de haber contravenido los tratados que regulan el asilo diplomático.
Internacionales
Opositores denuncian la muerte del opositor Mauricio Alonso secuestrado en Nicaragua – El Nuevo Diario (República Dominicana)
Fotografía de archivo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/ Ronald Peña R.
EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE PANAMÁ.- Diversas organizaciones de la oposición denunciaron este lunes la muerte en Nicaragua bajo custodia del opositor Mauricio Alonso, que aseguran había sido secuestrado hace más de un mes supuestamente por órdenes del Gobierno que preside Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
«Con profunda indignación denunciamos la muerte de Mauricio Alonso Petri mientras se encontraba en manos de la Policía Nacional de Nicaragua», señala un comunicado de la agrupación opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos).
Alonso, apunta ese comunicado, «estaba en condición de desaparecido desde que fue secuestrado el 18 de julio del corriente año, sin que, a la fecha, ni la policía ni ninguna autoridad de gobierno hayan dado información de su paradero ni de sus condiciones».
Añade que este «trágico evento» ha tenido lugar sin que se haya proporcionado «ninguna justificación» por parte de las autoridades, «lo que agrava la preocupación sobre las condiciones de detención y el respeto a los derechos humanos en el país».
Unamos expresó su «profundo dolor» y más sinceras condolencias a la familia de Alonso, y además reiteró su «solidaridad con todos los familiares de las personas injustamente privadas de libertad».
La organización opositora también hizo un llamado «urgente» a la comunidad internacional «a adoptar medidas políticas, diplomáticas y financieras firmes y efectivas para presionar al régimen a poner fin a las violaciones de derechos humanos».
«Exigimos responsabilidades y demandamos la liberación inmediata de todas las presas y presos políticos, y garantías plenas de su seguridad», remarcó Unamos, grupo del que Alonso fue miembro cuando se identificaba como Movimiento Renovador Sandinista (MRS), según publicaciones de la prensa local.
«Otra muerte de opositor» en Nicaragua
El Instituto La Segovia en el Exilio Político denunció también que el «sistema dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo está entregando muerto al opositor secuestrado y preso político de nombre Mauricio Alonso P.», en un pronunciamiento que señala que esta es «otra muerte de (un) opositor en las cárceles de la dictadura».
La agrupación opositora indicó en un comunicado, recogido por medios locales, que en la madrugada del 18 de julio pasado Alonso, junto a su esposa e hijo, fue «secuestrado por encapuchados (en el marco de las redadas que hacen cada año previo a su espectáculo del 19 de julio)», fecha de aniversario de la Revolución Sandinista.
Añade que a la esposa la liberaron el mismo día, pero a Alonso y a su hijo «los dejaron presos».
«Hasta el día de hoy que su familia recibe una llamada de medicina legal y lo están entregando muerto», asegura el Instituto La Segovia, sin que de momento haya una confirmación oficial.
Ni el Gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de esas detenciones, y generalmente no suelen pronunciarse.
También la agrupación opositora Unidad Nacional Azul y Blanco denunció en sus redes sociales la muerte de Mauricio Alonso, que «falleció en las cárceles orteguistas».
«Mauricio se encontraba en condición de desaparecido desde su secuestro y se desconocen las razones de su fallecimiento. Denunciamos este nuevo crimen de la dictadura y demandamos prueba de vida del hijo de Mauricio, también secuestrado por la dictadura, y de todos los secuestrados, así como la libertad incondicional de todas las personas presas políticas», indicó la agrupación.
El pasado 19 de julio, durante el acto del 46 aniversario de la revolución sandinista, Ortega ordenó a sus bases una «vigilancia revolucionaria» contra los «enemigos» de su Gobierno, a los que tildó de «terroristas, conspiradores y vendepatrias».
«En cuanto se les descubra», continuó el mandatario sandinista, «se les captura y se les procesa».
Hasta el 15 de julio pasado, al menos 54 disidentes y críticos con el Gobierno de Nicaragua seguían en las cárceles de ese país, incluidos 18 adultos mayores, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
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ONG Surgentes propone una ley de amnistía para liberar a los presos políticos en Venezuela – El Nuevo Diario (República Dominicana)
Foto de archivo de la activista Martha Grajales (2d) habla en una manifestación en Caracas (Venezuela). EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ
EL NUEVO DIARIO, CARACAS.- La ONG venezolana Surgentes propuso este lunes la creación de una ley de amnistía que permita la “extinción de la acción penal” en todos los casos de presos políticos en el país, al considerar que se trata de una medida que contribuiría a la recuperación de la constitucionalidad.
«Se trata de una medida urgente que abonaría a la recuperación de la constitucionalidad en el país y a abrir progresivamente condiciones para el diálogo y la convivencia democrática», indicó la organización en un comunicado.
Se excluirían de esta ley, aclaró la ONG, los delitos graves contra las personas, violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
La organización saludó la excarcelación de 13 presos políticos en Venezuela, según informaron dirigentes opositores la madrugada del domingo.
A juicio de Surgentes, esta decisión permite «avanzar hacia la solución democrática, institucional y constitucional de las diferencias políticas que atraviesa el país y que amenazan gravemente la defensa y vigencia de los derechos humanos».
«El conflicto venezolano debe reconstitucionalizarse y eso pasa, entre otras medidas, por liberar a todos los presos políticos y ofrecer garantías para el ejercicio de la política y el respeto a la soberanía popular», añadió.
De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 815 presos políticos, la mayoría detenidos tras las protestas en contra del resultado oficial de los comicios presidenciales de julio de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro, rechazado por la oposición mayoritaria y parte de la comunidad internacional.
Por su parte, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».
Los diputados electos a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Henrique Capriles y Tomás Guanipa dieron a conocer en la madrugada de este domingo en sus redes sociales la excarcelación de 13 presos políticos, entre ellos, el exalcalde de la ciudad de Maracaibo (noroeste) Rafael Ramírez -detenido en octubre de 2024- y el exmandatario de la vecina localidad de Cabimas Nabil Maalouf, arrestado en diciembre del año pasado.
Capriles sostuvo en su publicación que están en «libertad: Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli, Américo de Grazia».
De igual forma, el dos veces candidato presidencial, agregó que recibieron «casa por cárcel: Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa, David Barroso».
Entretanto, Guanipa, hermano de Pedro Guanipa, destacó que celebran «la libertad de hermanos de vida» y consideró que «este año ha sido de dolor para todos».
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Prisión preventiva en Ecuador para 18 detenidos por EE. UU. en altamar por narcotráfico – El Nuevo Diario (República Dominicana)
EL NUEVO DIARIO, GUAYAQUIL.- Dieciocho ecuatorianos que fueron detenidos en diversas operaciones contra el narcotráfico en altamar, en las que la Guardia Costera de Estados Unidos incautó 10,3 toneladas de droga en coordinación con la Armada y la Policía del país andino, fueron enviados a prisión preventiva, informó este lunes la Fiscalía.
Los hombres fueron detenidos entre el 2 y el 22 de agosto en aguas internacionales y llegaron este domingo, junto con los bloques de droga, al puerto de la ciudad costera de Manta, de la provincia de Manabí, a bordo de la embarcación USCGC Seneca, de la Guardia Costera estadounidense, para ser entregados para su respectivo procesamiento por el presunto delito de tráfico de drogas.
La Policía indicó que la droga incautada está valorada en más de 60 millones de dólares en el mercado internacional.
Este lunes se instalaron seis audiencias en las que la Fiscalía relató las circunstancias de las capturas y presentó las evidencias obtenidas durante las operaciones en altamar, entre las que están, además de la droga, dispositivos tecnológicos como GPS y teléfonos satelitales.
De acuerdo al Ministerio Público, José S., Eduardo M. y Walter A. fueron procesados por 11,4 kilos de clorhidrato de cocaína; Wilmer M., Jonathan C. y Diego V., por 11,5 kilos, y Juan L. y Mario M., por 445 kilos.
En otras tres audiencias se procesó a José G., Freddy B., Carlos G. y Jeremy E. por 1,8 toneladas de clorhidrato de cocaína; a Gregorio T., Bryan Ch. y Alfredo M., por 11 kilos; y Luis G., Sender C. y José S., por 11,55 kilos más.
En el primer semestre del año, en el país andino se habían incautado alrededor de 105 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, según cifras oficiales, y a mediados de julio llegaron también a Manta 14 toneladas de droga que fueron decomisadas en altamar en cinco operaciones coordinadas con EE.UU.
Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.
Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.CARACAS.- La ONG venezolana Surgentes propuso este lunes la creación de una ley de amnistía que permita la “extinción de la acción penal” en todos los casos de presos políticos en el país, al considerar que se trata de una medida que contribuiría a la recuperación de la constitucionalidad.
«Se trata de una medida urgente que abonaría a la recuperación de la constitucionalidad en el país y a abrir progresivamente condiciones para el diálogo y la convivencia democrática», indicó la organización en un comunicado.
Se excluirían de esta ley, aclaró la ONG, los delitos graves contra las personas, violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
La organización saludó la excarcelación de 13 presos políticos en Venezuela, según informaron dirigentes opositores la madrugada del domingo.
A juicio de Surgentes, esta decisión permite «avanzar hacia la solución democrática, institucional y constitucional de las diferencias políticas que atraviesa el país y que amenazan gravemente la defensa y vigencia de los derechos humanos».
«El conflicto venezolano debe reconstitucionalizarse y eso pasa, entre otras medidas, por liberar a todos los presos políticos y ofrecer garantías para el ejercicio de la política y el respeto a la soberanía popular», añadió.
De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 815 presos políticos, la mayoría detenidos tras las protestas en contra del resultado oficial de los comicios presidenciales de julio de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro, rechazado por la oposición mayoritaria y parte de la comunidad internacional.
Por su parte, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».
Los diputados electos a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Henrique Capriles y Tomás Guanipa dieron a conocer en la madrugada de este domingo en sus redes sociales la excarcelación de 13 presos políticos, entre ellos, el exalcalde de la ciudad de Maracaibo (noroeste) Rafael Ramírez -detenido en octubre de 2024- y el exmandatario de la vecina localidad de Cabimas Nabil Maalouf, arrestado en diciembre del año pasado.
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