EL NUEVO DIARIO, EAST WINDSOR, NUEVA JERSEY, EEUU. – Jornaleros latinos que venden su fuerza de trabajo cada día al mejor postor están dejando de asistir a los lugares de «reclutamiento» ante la aparición cada vez más frecuente de policías por miedo a las redadas y las deportaciones.

Por décadas, sectores como la construcción, el trabajo doméstico o la agricultura se han nutrido del trabajo de miles de inmigrantes, conocidos como jornaleros, fáciles de reconocer porque acuden a las esquinas de las calles, paradas de autobuses o estacionamientos de comercios en espera de ser contratados, ya sea por días o por semanas.

Su visibilidad en las calles les hace vulnerables, en particular tras la orden de Stephen Miller -el subjefe de gabinete de la Casa Blanca y arquitecto de la política migratoria del presidente Donald Trump- para que los agentes de inmigración cumplieran cuotas de arrestos diarios y señaló en específico a los jornaleros que venden sus servicios en los Home Depot y 7 Eleven, dos cadenas presentes en todo el país.

«Los jornaleros tienen miedo y están también enojados con la política racista que les juzga por su color de piel y forma de hablar», dijo a EFE Nadia Marín, de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON).

«Desafortunadamente -agrega- han tenido que decidir entre pagar su alquiler, comer, ayudar a sus familias y la posibilidad de ser arrestados», pero la necesidad les ha llevado a continuar trabajando y muchos han buscado opciones en otros lugares.

Otros se quedan en sus casas varios días cuando les llegan alertas de la presencia de agentes migratorios, que les transmiten muchas veces de miembros de las comunidades donde viven en solidaridad ante las agresivas redadas del Gobierno de Trump, indignados por las imágenes vistas en Los Ángeles, donde la Guardia Nacional fue enviada para enfrentar protestas.

O como ocurrió esta semana en East Windsor, Nueva Jersey donde residentes de la zona entraron a un Home Depot y desplegaron carteles con mensajes de «ICE fuera de Home Depot», gritaron consignas y exigieron a la cadena minorista que deje de cooperar con la agencia de inmigración, reclamo que surge tras la presencia de agentes en algunos de estos negocios.

«No es que Home Depot les dé permiso (para acudir al lugar), pero, de la misma forma en que llamaron a la policía (durante la protesta) diciendo que es un negocio privado» y obligaron a los activistas a salir «lo mismo pueden hacer con ICE», es decir, impedirles la entrada por ser un lugar privado, pero esa no ha sido la respuesta, comentó a EFE un activista.

Arrestado por usar el cuarto de baño

El estacionamiento del negocio era un lugar de cita de los jornaleros en busca de empleo, pero tras el regreso de Trump a la Casa Blanca todo ha cambiado, comentó a EFE un hondureño que anónimo que ocultaba su rostro y denunció haber sido arrestado solo por usar el cuarto de baño del local.

«Me sentí discriminado porque no robé nada, no soy un criminal, sólo vine a buscar trabajo y pago impuestos. El policía me dijo que había entrado a una propiedad privada y le dije que aquí entraban muchas personas», recordó el hondureño, que finalmente fue liberado tras llamar a un abogado.

Recordó que usualmente había unos 60 jornaleros en el lugar, pero esa cifra se redujo luego de que la seguridad del negocio les advirtiera que llamaría a Inmigración. «Ha sido una amenaza constante desde que Trump juramentó, se sienten con autoridad», afirmó el jornalero.

«Mis compañeros tienen mucho temor y algunos tienen días que no trabajan y se han atrasado con sus alquileres. Están preocupados. Los que estamos viniendo tenemos permiso de trabajo, pero los demás, que son la mayoría, no están viniendo» y son de Guatemala, Nicaragua, Colombia, México, África y Haití, señaló.

El miedo a salir a la calle impacta a industrias como la de construcción, ya sea con compañías o de viviendas privadas, en la jardinería, limpieza de casas o agricultura, pero también restaurantes y otros comercios porque los jornaleros son también consumidores y han dejado de acudir a esos negocios donde también se realizan redadas.

«Ellos llenan una necesidad económica», afirmó Marín, que manifestó su preocupación por que esta situación es propicia para que contratistas se aprovechen para el robo de salario, algo que enfrentan a menudo los inmigrantes. “Y si se quejan, les amenazan con llamar a Inmigración», afirmó