SANTO DOMINGO.- Al acoger la solicitud del Ministerio Público, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana envió a prisión al capitán de navío de la Armada Edward Santana Núñez al variarle las medidas de coerción por violencia de género contra su expareja.

Santana Núñez fue arrestado mediante orden judicial el pasado 22 de mayo, después de que el día 19 de ese mismo mes, portando un arma de fuego, interceptara el vehículo de su expareja con intención de agredirla.

Tras su sometimiento a la justicia el Ministerio Público solicitó que le fuera impuesta la prisión preventiva, como medida de coerción. Sin embargo, fue beneficiado con la libertad por la jueza Viamerca Ruiz Sepúlveda, del Juzgado de la Instrucción de San Juan de la Maguana, quien le impuso una coerción consistente en una garantía económica de RD$20 mil e impedimento de salida del país.

Posteriormente, el Ministerio Público apeló esa decisión ante el tribunal de alzada al considerar que la víctima y su hijo se encontraban en situación de riesgo, debido a los constantes ataques y agresiones por parte del imputado.

El procurador general de la Corte de Apelación Salín Valdez Montero aportó diferentes pruebas documentales, periciales y testimoniales que comprometen la responsabilidad penal del encartado.

Las pruebas fueron acogidas por los jueces Ana Milka Acosta, Arsenio Alcántara y José Miguel Mateo, quienes, en atención al pedimento del Ministerio Público, variaron la medida y le impusieron a Santana Núñez la prisión preventiva que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Elías Piña.

“Entendemos que era lo más apropiado en este momento, es lo conveniente una prisión preventiva para garantizar la seguridad de la víctima y el hijo de ambos”, dijo el fiscal Valdez Montero luego de concluir la audiencia.

El representante del Ministerio Público expresó “estos son casos en los cuales hay que prestar mucha atención para garantizar que dejemos de tener mujeres asesinadas”.

Previo a su arresto, contra el imputado se había interpuesto una denuncia por amenazas de muerte y persecución en perjuicio de la víctima y el adolescente hijo de ambos.

El órgano persecutor indicó que, en su calidad de capitán de la Armada de República Dominicana, Santana Núñez, incluso, estuvo asignado a un área de seguridad del Ministerio Público, unas funciones de las que fue removido el 25 de abril de este año.

La Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de San Juan de la Maguana está a cargo de las investigaciones.

Los delitos en que incurrió Santana Núñez son sancionados por el artículo 309-2 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.

Santo Domingo.-Un tribunal del distrito judicial de Santiago Rodríguez condenó a 20 y 15 años de prisión, respectivamente, a Mercedes Báez y a su pareja Isidro Antonio Jáquez Valerio (Megateo), por su responsabilidad en un caso de explotación sexual de mujeres, adolescentes y niños en un establecimiento de su propiedad.

Además de la pena de cárcel, ambos deberán pagar una multa de 175 salarios mínimos, conforme a lo dispuesto en la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Santiago Rodríguez, integrado por los jueces Robinson Rodríguez, Dayanara Peralta y Risel Peña.

Las penas deberán cumplirse en los centros penitenciarios de Montecristi, en el caso de Báez, y Santiago Rodríguez, para Jáquez Valerio.

El proceso judicial concluyó tras la presentación de pruebas documentales, periciales, testimoniales y materiales por parte del Ministerio Público, representado por la fiscal titular Sumaya Rodríguez Matías, junto a los fiscales Rafael Bueno y Francisco David Guzmán, quienes lograron demostrar la responsabilidad penal de los imputados.

La investigación fue dirigida por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), encabezada por su titular Yoanna Bejarán Álvarez, en conjunto con la Fiscalía de Santiago Rodríguez.

El caso se inició en marzo de 2023, tras una denuncia recibida en el Centro de Recepción de Denuncias de la Fiscalía, sobre la desaparición de una mujer que había salido de su hogar en San José de las Matas en diciembre de 2022.

Durante las pesquisas, las autoridades localizaron a la víctima en un establecimiento llamado El Bojucal, donde fue rescatada junto a su hijo de un año. También fueron liberadas en el mismo operativo otra mujer con un niño de nueve años y una adolescente. En el lugar se encontraron además objetos de carácter ilícito.

Según consta en el expediente, la pareja ofrecía los servicios sexuales de las mujeres por precios que oscilaban entre 300 y 500 pesos, aunque los clientes pagaban hasta mil pesos o más, lo que evidencia el lucrativo esquema de trata y explotación sexual en que estaban involucrados.

Mercedes Báez e Isidro Jáquez Valerio fueron hallados culpables de violar la Ley 137-03 sobre Trata de Personas, en su modalidad de explotación sexual, así como el artículo 396, literales B y C, de la Ley 136-03 que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionando el abuso sexual y psicológico contra menores.

Santo Domingo.-El Ministerio Público puso en marcha la Operación Lobo, dirigida contra una estructura delictiva que se apoyaba en el pago de sobornos para obtener y mantener contratos de servicios de seguridad privada en instituciones públicas.

La operación fue ejecutada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, e incluyó la realización de 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y la provincia de Santiago.

Un equipo compuesto por 26 fiscales y 189 agentes de la Policía Nacional participó en los operativos contra la red que afectó a varias entidades estatales, entre ellas:

• El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi)
• El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)
• La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte)
• La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste)
• La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur)

La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.

La Pepca y la Dirección General de Persecución informaron que las líneas de investigación continúan activas, y que el caso es abordado con la rigurosidad y el enfoque integral que promueve la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, como parte de los esfuerzos por enfrentar la criminalidad en todas sus formas.

Hasta el momento, la operación ha resultado en el arresto de 14 personas, y se espera que en las próximas horas el Ministerio Público deposite la solicitud de medida de coerción contra los implicados en esta red criminal.