Santo Domingo. – El Senado aprobó este jueves en primera lectura el proyecto de ley Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, una novedosa y actualizada ley que tipifica nuevas conductas delictivas, cierra vacíos legales y contempla cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión.

El presidente de la Comisión Bicameral encargada del estudio de la pieza, Santiago José Zorrilla, presentó al Pleno el informe favorable, el cual fue incluido en el Orden del Día de este jueves.

En una sesión maratónica que dio inicio a las 11:05 am, y finalizó a las 5:31 pm, fue aprobado el proyecto a unanimidad y de pie, con una votación de 23 senadores presentes.

Al iniciar los trabajos, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, autorizó dar lectura al proyecto de Ley que contiene unos 413 artículos que vienen a sancionar diferentes delitos y violaciones penales.

Esta novedosa propuesta legislativa fue presentada al Pleno por los senadores Ramón Rogelio Genao, Alexis Victoria, Félix Bautista, Cristóbal Venerado Castillo, Jonhson Encarnación, Moisés Ayala Pérez, Guillermo Lama y Odalis Rodríguez.

Esta reforma al Código Penal, que constituye una transformación estructural no solo de la ley, sino, del entendimiento propio del sistema penal dominicano; contiene novedades como el que destaca el artículo 52, en el que se señala que el límite de la pena aplicable en el concurso de infracciones muy graves que conlleven penas de la misma naturaleza no podrá ser en ningún caso superior a sesenta años de prisión.

En tanto, que, los artículos 95 y 96 castigan con penas entre 10 y 30 años de prisión los atentados dolosos contra personas, como el homicidio, y el homicidio agravado.

En el artículo 97 refiere que el feminicidio constituye el hecho que cause la muerte de una mujer, independientemente de la edad, relación de pareja, y sin importar el lugar donde ocurra, será sancionado con pena de treinta a cuarenta años de prisión mayor.

La referida pieza indica en el artículo 102, que quien planifique un acto de sicariato, encargue, ordene o ejecute de manera directa o indirecta, un asesinato, a cambio de entregar o recibir una remuneración o a cambio de una promesa de remuneración, es culpable de sicariato, y será sancionado con penas de treinta a cuarenta años.

La normativa legislativa, leída íntegramente por el Pleno del Senado, contempla penas mayores en el artículo 191, para los que cometen explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, así como la utilización de personas menores de edad en actividades sexuales a cambio de dinero. Este delito será castigado con penas mayor de 10 a 20 años.

La ley contempla, también, el castigo con diferentes penas al delito de hostigamiento o intimidación “Bullying”, tortura, actos de barbarie, ciberdelitos, uso de sustancias nocivas o ácido del diablo, actividad sexual no consentida, extorsión y chantaje, la corrupción, entre otros tipos penales que se contemplan en el nuevo código.

Esta reforma se presenta como una solución a una necesidad imperiosa de satisfacer la complejidad y evolución del crimen contemporáneo. La propuesta presenta respuesta novedosa en materias como género, tecnología, crimen organizado y derechos humanos.

Esta herramienta legislativa busca garantizar una aplicación más aceptable y justa de la ley penal, toda vez que tipifica nuevas conductas delictivas, cierra vacíos legales, otorga una clasificación y graduación más moderna de la pena, actualizada a la tecnología lingüística, y ajustada a la norma de técnica legislativa.

Con esta nueva legislación los operadores de justica, fiscales, defensores y jueces actuarán con mayor eficiencia y legitimidad, haciendo que la justicia sea más accesible, clara y efectiva.

Durante el conocimiento de la iniciativa, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, felicitó el trabajo realizado por el presidente de la Comisión Bicameral, Santiago Zorrilla, y a los demás miembros por la gran labor realizada.

De los Santos solicitó a sus pares dejar sobre la mesa varias resoluciones pendientes, para ser sancionadas en los trabajos de una próxima sesión.

Santo Domingo. – Mediante el Decreto 356-25, el Poder Ejecutivo estableció los nuevos componentes y programas que se ejecutarán desde la Dirección de Desarrollo Social Supérate, la primera fusión concretizada como parte del Plan de Eficientización y Racionalización del Estado dominicano, que lidera el Ministerio de Administración Pública.

La dirección, que mediante el Decreto 349-25 estará dirigida por la actual directora del Programa Supérate, Gloria Reyes, implementará los componentes: Apoyo alimentario, Apoyo de Emergencia, Apoyo Hogar, Supérate Mujer, Cuidados y Acompañamiento Sociofamiliar, en virtud de sus responsabilidades en la ejecución y gestión de los programas nacionales de lucha contra la pobreza.

Dentro del componente de Apoyo Alimentario se incluyen los programas “Aliméntate”, que sustituye a “Comer es Primero” y el “Bono Navideño”. “Aliméntate” seguirá siendo un apoyo económico dirigido a complementar los recursos destinados a la compra de alimentos, con base en la canasta básica priorizada en los establecimientos de la Red de Abasto Social (RAS) y seguirá estando condicionado al cumplimiento de corresponsabilidades en atención primaria de salud, con énfasis en salud reproductiva e infantil.

En el componente “Apoyo en Emergencias”, estará el programa “Bono Emergencia”, para brindar apoyo económico y acompañamiento psicoemocional, dirigido a hogares impactados por situaciones de emergencia, con el objetivo de reducir los efectos adversos ocasionados.

Con relación a “Apoyo Hogar”, la dirección mantendrá los programas “Bonoluz” y “Bonogás-Hogar”; cuyos aportes están destinados a aliviar el costo del servicio eléctrico y de la compra del Gas Licuado de Petróleo en los hogares más vulnerables.

En el componente “Supérate Mujer”, se mantendrá el apoyo económico y acompañamiento integral dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad, en particular aquellas sobrevivientes de violencia de género, incluyendo intervenciones para familias que acogen a niñas, niños y adolescentes huérfanos a causa de feminicidios.

La nueva entidad fusionada tendrá un componente orientado a facilitar el acceso a servicios de cuidado para personas en situación de dependencia, incluyendo niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad, basado en un enfoque de corresponsabilidad social del cuidado y contempla intervenciones que mejoren la calidad de vida de las personas cuidadas, alivien la carga de las familias cuidadoras y fortalezcan capacidades comunitarias.

El decreto indica que bajo el componente “Acompañamiento sociofamiliar”, la dirección brindará atención integral a los hogares beneficiarios a través de estrategias de orientación, seguimiento y vinculación con servicios sociales esenciales. El propósito será facilitar el acceso a derechos fundamentales como salud, educación, empleabilidad y cuidados; fortalecer la corresponsabilidad de los hogares; promover procesos de inserción laboral y articular acciones con redes comunitarias, comercios afiliados y actores clave del sistema de protección social.

Asimismo, el decreto apunta que la nueva dirección atenderá atribuciones institucionales no cubiertas por otros componentes, tales como el acompañamiento técnico en el tránsito hacia la autonomía económica y el monitoreo de la trayectoria social de los beneficiarios.

La Dirección de Desarrollo Social Supérate, también será responsable de asegurar la ejecución oportuna, equitativa y segura de los pagos correspondientes a los programas y subsidios sociales implementados por el Estado, en coordinación con las entidades competentes.

Antecedentes

A mediados de septiembre del 2024, el Gobierno presentó el “Plan de Eficientización y Racionalización de la Administración Pública”, con el propósito eficientizar el gasto público.

Bajo el lema “Menos gastos, más eficiencia”, el plan presentado por el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, persigue eliminar duplicidades en las instituciones públicas para hacerlas más eficientes, coherentes y alineadas con las prioridades del Gobierno.

Entre los principales beneficios de este plan, se encuentra: la optimización de recursos financieros y humanos, para redireccionarlos hacia áreas críticas como salud, educación y seguridad ciudadana; mejorar la coordinación para reducir la dispersión y mejorar el trabajo entre organismos; eliminar las duplicidades, suprimiendo entidades cuya razón de ser ya no existe o pueden ser asumidas por otros organismos, y por último, la reducción de la burocracia en favor de una estructura estatal más simple y una administración más ágil y efectiva.

SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) anunció formalmente el retiro de la querella que había interpuesto contra el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, en relación con el manejo del derecho al uso de suelo en los territorios municipales, una decisión que se da tras un acuerdo institucional con el Poder Ejecutivo que promete destrabar un conflicto de larga data en materia de planificación urbana y descentralización territorial.

Pedro Richardson, secretario ejecutivo de FEDODIM, informó sobre el retiro durante una entrevista en el programa “Propuesta de la Noche”, que conduce el periodista Manuel Jiménez por Teleimpacto, canales 52 y 22.

Richardson explicó que esta acción legal se había convertido en un recurso extremo tras más de tres años de insistencia para que se aplicara correctamente la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, uso de suelo y asentamientos humanos.

“Anunciamos al país, con satisfacción y sentido institucional, que FEDODIM y 27 distritos municipales han decidido desistir de las acciones judiciales iniciadas en diferentes jurisdicciones del país. Esto ocurre gracias al compromiso formal del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien ha asegurado que en los próximos días se pondrá en marcha el reglamento de aplicación de la ley”, expresó Richardson.

El dirigente municipalista subrayó que la ley en cuestión requiere de al menos ocho reglamentos para su implementación plena, pero que el relativo al uso de suelo es el más importante por su impacto directo en la gestión del territorio.

Indicó que, de acuerdo al censo de 2010 —vigente legalmente hasta que se oficialicen los resultados del de 2022—, hay al menos 26 distritos municipales que superan los 15,000 habitantes y que, por tanto, deben contar con su propia oficina de planeamiento urbano.

“Estamos hablando de garantizar que los gobiernos locales tengan la capacidad técnica para planificar y ordenar el desarrollo de sus comunidades. Para ello, FEDODIM ha creado una Unidad de Planeamiento Urbano y Programación que ya está operativa desde hace más de dos años y que acompaña técnicamente a los distritos en proyectos estratégicos”, indicó.

Richardson destacó que la mayoría de los municipios carece de oficinas técnicas debidamente estructuradas, debido a limitaciones presupuestarias y de recursos humanos.

“Se requiere una estructura mínima con ingenieros civiles, arquitectos urbanistas, agrimensores, sociólogos, expertos en transporte, economistas y abogados. La realidad es que pocos distritos pueden costear eso por sí solos, por lo que FEDODIM asumió ese rol de apoyo”, sostuvo.

En cuanto al conflicto con el Ministerio de Vivienda, Richardson dejó claro que no se trataba de un enfrentamiento personal ni político.

“No era nada contra el ministro Bonilla. Por el contrario, tengo gran respeto por él y su familia, que ha contribuido al país. Esta querella fue una acción institucional tomada por el consejo directivo de FEDODIM, que agrupa 235 gobiernos locales, y se buscaba una sola cosa: hacer cumplir la ley”, recalcó.

Aprovechó para reiterar que la correcta distribución de los arbitrios municipales y el respeto a las competencias locales son claves para garantizar el desarrollo ordenado del territorio.

 Puso como ejemplo el caso del distrito municipal Verón-Punta Cana, donde, según explicó, se han producido situaciones injustas en la distribución de recursos entre el municipio cabecera (Higüey) y el distrito productivo, lo cual la ley busca corregir.

Sobre este punto, Richardson denunció que en varios casos, como el de Verón y otros distritos con alto desarrollo económico, se han desviado ingresos hacia municipios que no ejecutan obras en esos territorios.

“Eso es insostenible. La ley y la Constitución reconocen la autonomía municipal y eso incluye el derecho a percibir y administrar los arbitrios generados en su territorio. La nueva legislación busca poner fin a esas distorsiones históricas”, puntualizó.

En la parte final de su intervención, Pedro Richardson abordó también el impacto político de esta victoria institucional. “FEDODIM ha demostrado que se puede incidir en las políticas públicas sin necesidad de conflictos partidarios.

Esto fortalece la democracia local y envía un mensaje claro: los gobiernos locales tienen que ser tomados en cuenta si queremos un desarrollo equilibrado del país”, afirmó.

Asimismo, resaltó la actitud receptiva del Gobierno del presidente Luis Abinader en este tema, destacando que “pese a que existían diferencias, se logró encaminar una solución mediante el diálogo y el respeto institucional”.

Para Richardson, el retiro de la querella no solo resuelve un impasse legal, sino que abre una nueva etapa de cooperación entre el Ministerio de Vivienda y las autoridades locales, en beneficio del ordenamiento territorial y la descentralización efectiva.