–La candidata a la presidencia del gremio periodístico asegura que su prioridad será fortalecer la unidad y la armonía institucional–

Santo Domingo.– A pocas horas de las elecciones en la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR), la periodista y abogada Sarah Hernández hace un llamado contundente: salir a votar este viernes 18 de julio de 2025 es clave para fortalecer el gremio.

Hernández, directora de DiarioSocialRD.com y aspirante a la presidencia, subraya que más allá del resultado, el proceso electoral representa una oportunidad para renovar el compromiso con la institucionalidad.

“Este viernes no se elige solo una directiva, se define el rumbo del gremio”, afirmó.

Hernández, quien encabeza una plancha de consenso en ADOMPRETUR, señaló que, una vez electa junto a su equipo, trabajarán por el fortalecimiento institucional, la unidad interna y la armonía que, según dijo, son pilares fundamentales para que ADOMPRETUR siga creciendo como lo soñaron sus fundadores.

Exhortó a los miembros del gremio a participar activamente en las elecciones mañana, confiados en que “nos espera un futuro mejor, de mucho trabajo, pero donde la unidad y la armonía prevalecerán en ADOMPRETUR”.

Sobre su experiencia durante la campaña, Hernández dijo que ha sido un proceso enriquecedor. La plancha que encabeza, llamada Innovación y Conexión, recorrió filiales, escuchó inquietudes, recogió necesidades y detectó debilidades estructurales dentro del gremio.

“Nos dimos cuenta de que esas debilidades institucionales han abierto espacio al personalismo y al golpismo. Eso tiene que cambiar. Y va a cambiar”, aseguró con firmeza.

Destacó que su propuesta no gira en torno a una sola figura, sino a un equipo diverso y comprometido, con experiencia y visión. En la boleta la acompaña la periodista Millizen Uribe, ex secretaria general de ADOMPRETUR, como candidata a la vicepresidencia. Para la Secretaría General, propone a Carmen Bretón, especialista en relaciones públicas.

“Nuestro objetivo no es solo ganar, sino transformar. Y eso solo se logra trabajando juntos”, concluyó.

Centros de votaciones

Las elecciones de ADOMPRETUR se llevarán a cabo este viernes 18 de julio, y los miembros del gremio podrán ejercer su derecho al voto en diversos centros habilitados a nivel nacional e internacional. En Santo Domingo, la sede principal será el Salón Orlando Martínez del Colegio Dominicano de Periodistas, ubicado en la avenida George Washington, esquina Horacio Vicioso.

En el interior del país, se dispondrán centros de votación en Barahona (Ateneo de Barahona), Bávaro-Punta Cana (Parador La Serrana), Constanza (Casa Fundación de la Cultura), Puerto Plata (Edificio de Periodistas y Comunicadores), Pedernales (Hotel Fundacipe), Peravia (Salón de la Gobernación) y La Romana (Colegio de Periodistas, sector Los Colonos).

También se podrá votar en Sosúa-Cabarete (Distrito Escolar 1101, calle David Stern), María Trinidad Sánchez (local del SNTP en el Polideportivo de Nagua), Higüey (Zona Laboral, edificio Corrado Cedeño), Samaná (Emisora Paloma FM, municipio de Sánchez) y Santiago (Ateneo Amantes de la Luz). Para los miembros en el extranjero, se ha habilitado un centro de votación en la Fundación Juan Pablo Duarte, ubicada en el 408 Fuerte Washington, Suite 23A, en la ciudad de Nueva York. La organización del proceso busca garantizar la participación amplia y democrática de todos los afiliados al gremio.

SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público presentó acusación formal por ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional en contra de los miembros de una organización delictiva que cometió estafa por más de 124 millones de pesos al captar fondos del público bajo falsas promesas de inversión rentable y segura.

Los acusados son Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero y compartes, quienes cometieron los hechos a través de la sociedad comercial Pipschasers Capital, S.R.L. entidad que utilizaron como fachada para dar apariencia de legalidad a sus operaciones.

La acusación, presentada por la procuradora fiscal Lewina Tavárez Gil, titular interina de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público, cuenta con más de 276 elementos probatorios, entre estos pruebas documentales, testimoniales y periciales, recolectados conforme a los principios de legalidad y debido proceso.

Los procesados se identificaban ante las víctimas como corredores de bolsa y/o representantes de fondos de inversión, y en base a dicha representación fraudulenta, lograron captar recursos económicos por un monto aproximado de ciento veinticuatro millones quinientos setenta y cinco mil setecientos pesos dominicanos (RD$124,575,700), en perjuicio de 192 víctimas y el Estado dominicano.

Como parte del esquema fraudulento ejecutado por los acusados, los contratos suscritos con las víctimas omitían deliberadamente especificaciones claras y veraces respecto al destino y uso final de los fondos captados, lo cual constituye una maniobra dolosa orientada a inducir a error.

Asimismo, se pudo constatar que los acusados realizaron múltiples transferencias entre cuentas bancarias a su nombre o bajo su control, configurando un patrón típico de circuitaje financiero para dificultar su trazabilidad, destinándolos finalmente a fines personales, en perjuicio patrimonial de las víctimas.

Cáceres se encuentra guardando prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, mientras que Cabral Romero se encuentra con las medidas de coerción de garantía económica, presentación periódicamente y prohibición de salida del país.

El órgano persecutor indicó que por un caso similar de acción privada Cáceres Araujo y Cabral Romero también fueron condenados el pasado año.

El Ministerio Público destaca en un comunicado que la acusación está sustentada con elementos de prueba que vinculan de manera individualizada a los procesados con los hechos investigados.

SANTO DOMINGO.- Al admitir las pruebas aportadas por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Hato Mayor, un tribunal impuso 20 y 5 años de prisión a dos hombres procesados por narcotráfico y lavado de activos.

Denny Alberto Mota (Chulito) fue condenado a 20 años de prisión y al pago de una multa de 400 salarios mínimos del sector público, mientras que Rafael Abreu (Pupilo), quien admitió los hechos criminales, fue sentenciado a 5 años de prisión, con suspensión de la mitad de la pena (2 años y 6 meses) así como al pago de RD$50,000 de multa.

Mota fue declarado culpable de lavado de activos, patrocinio y tráfico y distribución de sustancias controladas, así como de porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

En tanto que Abreu fue condenado por tráfico de sustancias controladas y porte ilegal de armas.

Ambos condenados formaban parte de un grupo criminal que operaba la venta al detalle de drogas en diversos puntos de la provincia Hato Mayor, donde mantenían incluso centros fijos de distribución de narcóticos en los que se apoyaba en familiares y allegados.

Los fondos obtenidos eran colocados en el sistema financiero mediante la adquisición de propiedades, vehículos y la apertura de negocios, utilizados como fachada para legitimar el dinero ilícito.

La organización criminal también utilizaba armas de fuego ilegales para proteger sus operaciones y para intimidar en los puntos de venta y distribución.

La procuradora de corte Ramona Nova, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, y la fiscal Marleni Guante, de Hato Mayor, destacaron el trabajo coordinado y la firmeza del Ministerio Público en la lucha contra las estructuras criminales.

Ambas reiteraron el compromiso del Ministerio Público en el combate del crimen organizado y la protección de la seguridad y la paz social en todo el territorio nacional.

El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Hato Mayor, presidido por el juez Francisco Arias, impuso la pena y ordenó el decomiso de los vehículos y armas de fuego ocupados por el Ministerio Público durante el proceso de investigación, explicó el equipo de litigación del caso, compuesto por los fiscales Wilson Santana, Daniel Nivar, Luz Almonte y José Manuel Calzado.