Santo Domingo – Por instrucciones de su director ejecutivo, Juan Salas, la Defensa Civil dominicana trabaja en la supervisión de zonas vulnerables, perifoneos preventivos y evacuación de familias afectadas por las inundaciones que ha dejado sobre el país una activa onda tropical.

La madrugada de este viernes, voluntarios y voluntarias del organismo auxiliaron a unas 160 familias cuyas viviendas se inundaron en la comunidad El Rosario, en la provincia Azua, sin que hasta el momento se reporten víctimas.

Datos suministrados por la Sala de Situación de la entidad indican que, producto de esta emergencia, unas 774 personas fueron desplazadas y 26 albergadas en el Liceo Gregorio Luperón de la comunidad.

Otra de las provincias donde se reportan incidencias es La Altagracia, donde un equipo de la Defensa Civil, en coordinación con la gobernadora local, Daysi D´Oleo, trabajó en la remoción de escombros dejados por algunos árboles caídos en vías importantes.

En Monte Plata, la Defensa Civil recuperó el cuerpo sin vida del chofer de un camión que falleció luego de que, este jueves, colapsara el puente que enlaza al municipio de Yamasá con el distrito municipal de Don Juan.

Además, los directores provinciales de la institución naranja en San Juan, San Pedro de Macorís, La Romana, Bahoruco, San José de Ocoa y Dajabón reportan, además, el desbordamiento de ríos y lluvias significativas en sus zonas.

En ese sentido, el director Salas llamó a todos los miembros de la entidad a no bajar la guardia y mantenerse en sesión permanente, coordinados con los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (CPMR) de sus demarcaciones, para acudir en auxilio de la población que lo necesite.

Recomendó a las personas prestar atención a las informaciones oficiales y mantenerse atenta a las condiciones climáticas.

SANTO DOMINGO.- El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 15 años de prisión a un hombre y una mujer que violaron sexualmente a una adolescente de 15 años que padece un trastorno cerebral, en un hecho registrado en el año 2023.

El Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Ana Basora, demostró la culpabilidad de Percila Sena y Adolfo Peña López y solicitó una condena de 20 años de prisión, atendiendo la calificación de los hechos.

El expediente, instrumentado por la fiscal investigadora Fe María Acosta, establece que la víctima fue raptada por los agresores al salir de su vivienda y se la llevaron en un automóvil.

Los agresores llevaron a la adolescente hasta una propiedad de Peña López, en la que indujeron a la víctima a tomar bebidas alcohólicas y a exhalar drogas. Los hoy procesados amarraron a la adolescente y tras cometer los hechos, la dejaron abandonada cerca de su vivienda, donde fue encontrada por la madre, quien interpuso la denuncia ante el Ministerio Público. Los fiscales lograron corroborar la veracidad de la denuncia a través de las evaluaciones y pruebas correspondientes.

En el juicio, el órgano persecutor mostró a los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, que los procesados faltaron a las disposiciones de los artículos 59 y 60, sobre complicidad; 303-4, sobre tortura y actos de barbarie; 307, sobre amenaza verbal, y 330 y 331, sobre atentado a la integridad física y agresión sexual, del Código Penal dominicano, modificado por la Ley 136-03, sobre el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Las condenas deberán ser cumplidas por los procesados en los centro de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.

El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) convirtió en Resolución la iniciativa presentada por la diputada dominicana Silvia García sobre prevención de embarazos en adolescentes, que explicaron es una problemática que afecta a miles de jóvenes en los países de la región.

De acuerdo a un comunicado de prensa, la iniciativa fue convertida en Resolución en la sesión de asamblea plenaria del pasado miércoles 24 de septiembre de 2025, después de recibir dictamen favorable conjunto de las comisiones de Salud y Seguridad Social y de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia.