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Rescatistas de la tragedia de 2010 se suman a la búsqueda de los mineros en Chile – El Nuevo Diario (República Dominicana)

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Rescatistas de la tragedia de 2010 se suman a la búsqueda de los mineros en Chile – El Nuevo Diario (República Dominicana)


Rescatistas con experiencia en el exitoso salvamento de los 33 mineros. Foto/fuente externa

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO DE CHILE. – Rescatistas con experiencia en el exitoso salvamento de los 33 mineros atrapados 69 días en 2010 se sumaron a las labores de búsqueda de los cinco hombres desaparecidos desde la tarde del jueves en una mina de cobre del centro de Chile.

El operativo de rescate se da en medio de las críticas de grupos de trabajadores que responsabilizan del hecho a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la primera cuprífera del mundo y propietaria de la explotación.

Frente a la entrada de la mina el teniente, situada en la localidad de Machalí, a unos 130 kilómetros al sur de Santiago de Chile, familiares y trabajadores de empresas concesionarias se agolpan con la esperanza de que la tragedia acabe con el mismo resultado del accidente en la mina San José en 2010, que contuvo el aliento del mundo durante dos meses y medio.

Esperanza que se combina con la rabia de varios operarios que denuncian numerosos accidentes en este yacimiento en los dos últimos años y las «inapropiadas» condiciones laborales que ofrece Codelco.

Perforación, posible causa del derrumbe

Las primeras versiones apuntan a que el accidente, en el que también murió un trabajador y otros nueve resultaron heridos, se produjo -en la tarde del jueves- a consecuencia de un movimiento sísmico que habría sido causado por una operación de perforación de la división de minería subterranea en el yacimiento.

Así lo dejó entrever el propio presidente de Codelco, Máximo Pacheco, en una primera declaración que en la víspera dio a la emisora local Radio Cooperativa.

“Tenemos un nivel que llamamos el Teniente 8, es un nivel que está a 1.200 metros de profundidad en la roca y se ha producido un movimiento sísmico… Estos son movimientos que se generan como una reacción a la actividad de perforación al hacer minería subterránea”, explicó Pacheco.

Una versión que contradijo el gerente general de la División El Teniente de Codelco, Andrés Music, quien aseguró que «no hay explosivos que hayan generado este evento».

“Los eventos sísmicos ocurren también en nuestro planeta producto de la tectónica de placas y es en eso en lo que nos estamos enfocando, en entender cuál es la naturaleza de este evento”, dijo Music.

En este contexto, el ministro chileno de Interior, Álvaro Elizalde, pidió que no se especule con las causas y que se espere a la investigación oficial del Estado.

«Es común que en los medios de comunicación se realice un debate, se consulte especialistas, que dan puntos de vista y opiniones; pero en lo que respecta al Estado de Chile, finalmente las conclusiones de la investigación que lleva adelante Sernageomin son las relevantes», señaló el ministro.

Prioridad el rescate

Más allá de la polémica y la investigación abierta, la prioridad ahora es el rescate de los mineros, con los que todavía no se ha establecido contacto y cuyo estado de salud se desconoce.

Según explicó un trabajador al canal de televisión CNN-Chile, sus compañeros se hallan en una zona de difícil acceso y alta complejidad, pero con los insumos necesarios para sobrevivir por un tiempo.

“En ese sector, que es de alta complejidad para trabajar, existen refugios mineros para aproximadamente veinte personas, con todo su equipamiento: oxígeno, agua, comida… de todo para estar un par de días en caso de que no puedan ser encontrados”, señaló el minero.

En el dispositivo, que trabaja a contrarreloj, actúa cerca de un centenar de personas, entre ellos varios de los exitosos rescatistas de la tragedia del 5 de agosto de 2010 en la minera San José, sitiada en la región central de Copiapó, donde los mineros quedaron atrapados a 700 metros de profundidad en condiciones más precarias, dado que trabajaban en una mina irregular.

«El equipo especializado de trabajo de alto riego se encuentra en plena coordinación con los brigadistas rescatistas de la División El Teniente para poder llegar al lugar donde se encontrarían las cinco personas desaparecidas», explicó a la prensa el subprefecto Juan Reyes Gutiérrez.

Los cinco desaparecidos estarían a unos 500 metros de profundidad, en el sector Andesita de la División El Teniente, y su localización exacta se conocería con un georradar.

“Actualmente contamos con casi 100 personas lideradas por el gerente de minas, entre ellos rescatistas que trabajaron en el rescate de los 33, junto a geofísicos y geomecánicos”, añadió Music, para quien la prioridad es retirar la tierra derrumbada con equipos teleoperados, ya que la zona sigue siendo riesgosa por posibles réplicas.

Los accidentes en la minería chilena son frecuentas, aunque datos oficiales consignan que la siniestralidad mortal del sector se ha ido reduciendo en el país desde la tragedia de 2010.

Según el más reciente Informe de Accidentabilidad Minera del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), desde el accidente en San José se han registrado 41 accidentes y 45 fallecidos asociados a la actividad minera en todo el país.

En el último año se contabilizaron nueve accidentes y nueve trabajadores fallecidos, agrega el informe, que asegura que la tasa de fatalidad ha caído en un 83 % durante los últimos 13 años.

El lo que va de 2025 se ha informado de siete fallecidos asociados a accidentes mineros, la mayoría en yacimientos ubicados entre la región septentrional de Antofagasta y la central de Valparaíso.


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Unos 250 mil venezolanos se quedan en la clandestinidad en EE. UU. tras perder el TPS – El Nuevo Diario (República Dominicana)

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Unos 250 mil venezolanos se quedan en la clandestinidad en EE. UU. tras perder el TPS – El Nuevo Diario (República Dominicana)


Foto: EFE/Ángel Colmenares.

Por: Ana Milena Varón

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Un cuarto de millón de venezolanos queda expuesto a la deportación desde la medianoche de este viernes cuando se vence el Estatus de Protección Temporal (TPS) que los protege, lo que supone un duro golpe para los migrantes que prefieren quedarse en las sombras a regresar a su país.

“No podemos regresarnos a Venezuela, allá ya no queda nada para nosotros, prefiero quedarme en la clandestinidad”, dice en una entrevista telefónica con EFE Oriana, una inmigrante venezolana que no quiere dar su apellido.

La mujer de 38 años, madre de una adolescente de 15 años, cuenta que vivió en Florida por más de cinco años, pero recientemente decidió mudarse y establecerse en otro estado, tras la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al amparo a los venezolanos concedido por su antecesor.

El TPS protege a los beneficiados de la deportación y les otorga un permiso de trabajo, que Oriana perderá desde este viernes.

“Dejé de usar ese permiso, me estoy adaptando a mi nueva realidad”, cuenta la inmigrante.

La venezolana no quiere dar detalles sobre dónde se establecerá, o cómo se mantendrá, tras perder la autorización de empleo. Asegura que desconectará su número celular y comenzará “una nueva vida” en la clandestinidad pero aún en Estados Unidos.

Aún hay esperanza

“Soy consciente de que con el TPS tuvimos un privilegio frente a otros inmigrantes como los colombianos o mexicanos, pero de ellos aprendí que no hay que perder las esperanzas y que hay que aguantar hasta donde más se pueda”, manifiesta la inmigrante.

Una actitud que aplaude José Palma, coordinador de la Alianza TPS, una coalición que encabeza una demanda contra el Gobierno de Trump para mantener con vida el amparo.

“La lucha sigue en las cortes, no se ha dado la última decisión”, advierte el activista.

La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados, los de 2021, unos 250,000 a los que se les termina hoy el TPS, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350,000, que quedaron desprotegidos desde el mes pasado cuando la Corte Suprema permitió a la Casa Blanca seguir con sus planes mientras la batalla en los tribunales inferiores continúa.

El caso se encuentra en el Noveno Circuito de Apelaciones donde un panel escuchará argumentos de ambas partes, después que el Gobierno Trump recurriera un fallo de un juez federal que dictaminó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad legal al terminar con el amparo y que su decisión era «arbitraria y caprichosa».

Palma no descarta que la batalla legal llegue nuevamente al Supremo, donde los jueces deberán considerar por completo el caso.

En total son 600,000 venezolanos que desde esta medianoche quedarán en riesgo de detención y deportación inmediata, lo que supone el mayor número de personas que han perdido el TPS, en la historia del amparo.

Esta no es la primera vez que Trump se enfrasca en una pelea contra el beneficio establecido en 1990, en su primer mandato intentó terminar con la protección a inmigrantes de seis países, la mayoría centroamericanos, pero perdió la batalla legal.

“Ya ganamos una vez en la corte, podemos volver a lograrlo”, indica Palma.

La Alianza TPS también está presionando en el Congreso estadounidense a favor de varios proyectos de ley con apoyo bipartidista que otorgaría la legalización permanente a los beneficiados por el TPS de decenas de países.

¿Quiénes corren mayor riesgo?

Pero ambas opciones requieren tiempo, algo que los venezolanos parecen no tener ante la arremetida de las autoridades migratorias para cumplir con la meta del presidente Trump de deportar a un millón de personas en un año.

Fernando Romo, abogado de inmigración y principal asesor jurídico de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal), explica a EFE que los venezolanos que corren un riesgo de detención inmediata, tras perder el TPS son aquellos que tenían una orden de deportación previa.

“El TPS pone un paro a las órdenes de deportación, pero al perder el amparo esta orden se activa y seguramente van a ser buscados por los agentes migratorios”, ahonda el abogado.

No obstante, el jurista explica que los inmigrantes que han perdido el TPS aún tienen otras opciones como solicitar asilo, y aunque estos procesos “no son fáciles de ganar” representan una posibilidad para los venezolanos.


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Unos 250.000 venezolanos se quedan en la clandestinidad en EE.UU. tras perder el TPS – El Nuevo Diario (República Dominicana)

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Unos 250.000 venezolanos se quedan en la clandestinidad en EE.UU. tras perder el TPS – El Nuevo Diario (República Dominicana)


EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Un cuarto de millón de venezolanos queda expuesto a la deportación desde la medianoche de este viernes cuando se vence el Estatus de Protección Temporal (TPS) que los protege, lo que supone un duro golpe para los migrantes que prefieren quedarse en las sombras a regresar a su país.

“No podemos regresarnos a Venezuela, allá ya no queda nada para nosotros, prefiero quedarme en la clandestinidad”, dice en una entrevista telefónica con EFE Oriana, una inmigrante venezolana que no quiere dar su apellido.

La mujer de 38 años, madre de una adolescente de 15 años, cuenta que vivió en Florida por más de cinco años, pero recientemente decidió mudarse y establecerse en otro estado, tras la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al amparo a los venezolanos concedido por su antecesor.

El TPS protege a los beneficiados de la deportación y les otorga un permiso de trabajo, que Oriana perderá desde este viernes.

“Dejé de usar ese permiso, me estoy adaptando a mi nueva realidad”, cuenta la inmigrante.

La venezolana no quiere dar detalles sobre dónde se establecerá, o cómo se mantendrá, tras perder la autorización de empleo. Asegura que desconectará su número celular y comenzará “una nueva vida” en la clandestinidad pero aún en Estados Unidos.

Aún hay esperanza

“Soy consciente de que con el TPS tuvimos un privilegio frente a otros inmigrantes como los colombianos o mexicanos, pero de ellos aprendí que no hay que perder las esperanzas y que hay que aguantar hasta donde más se pueda”, manifiesta la inmigrante.

Una actitud que aplaude José Palma, coordinador de la Alianza TPS, una coalición que encabeza una demanda contra el Gobierno de Trump para mantener con vida el amparo.

“La lucha sigue en las cortes, no se ha dado la última decisión”, advierte el activista.

La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados, los de 2021, unos 250.000 a los que se les termina hoy el TPS, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350.000, que quedaron desprotegidos desde el mes pasado cuando la Corte Suprema permitió a la Casa Blanca seguir con sus planes mientras la batalla en los tribunales inferiores continúa.

El caso se encuentra en el Noveno Circuito de Apelaciones donde un panel escuchará argumentos de ambas partes, después que el Gobierno Trump recurriera un fallo de un juez federal que dictaminó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad legal al terminar con el amparo y que su decisión era «arbitraria y caprichosa».

Palma no descarta que la batalla legal llegue nuevamente al Supremo, donde los jueces deberán considerar por completo el caso.

En total son 600.000 venezolanos que desde esta medianoche quedarán en riesgo de detención y deportación inmediata, lo que supone el mayor número de personas que han perdido el TPS, en la historia del amparo.

Esta no es la primera vez que Trump se enfrasca en una pelea contra el beneficio establecido en 1990, en su primer mandato intentó terminar con la protección a inmigrantes de seis países, la mayoría centroamericanos, pero perdió la batalla legal.

“Ya ganamos una vez en la corte, podemos volver a lograrlo”, indica Palma.

La Alianza TPS también está presionando en el Congreso estadounidense a favor de varios proyectos de ley con apoyo bipartidista que otorgaría la legalización permanente a los beneficiados por el TPS de decenas de países.

¿Quiénes corren mayor riesgo?

Pero ambas opciones requieren tiempo, algo que los venezolanos parecen no tener ante la arremetida de las autoridades migratorias para cumplir con la meta del presidente Trump de deportar a un millón de personas en un año.

Fernando Romo, abogado de inmigración y principal asesor jurídico de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), explica a EFE que los venezolanos que corren un riesgo de detención inmediata, tras perder el TPS son aquellos que tenían una orden de deportación previa.

“El TPS pone un paro a las órdenes de deportación, pero al perder el amparo esta orden se activa y seguramente van a ser buscados por los agentes migratorios”, ahonda el abogado.

No obstante, el jurista explica que los inmigrantes que han perdido el TPS aún tienen otras opciones como solicitar asilo, y aunque estos procesos “no son fáciles de ganar” representan una posibilidad para los venezolanos.

 


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Arce culpa a Evo Morales por fracasos de su Gobierno a un día de dejar el mando de Bolivia – El Nuevo Diario (República Dominicana)

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Arce culpa a Evo Morales por fracasos de su Gobierno a un día de dejar el mando de Bolivia – El Nuevo Diario (República Dominicana)


presidente de Bolivia, Luis Arce. EFE/Luis Gandarillas ARCHIVO.

EL NUEVO DIARIO, LA PAZ.- El presidente de Bolivia, Luis Arce, responsabilizó este viernes al ex mandatario Evo Morales por las dificultades que tuvo su Gobierno aquejado por la crisis económica y admitió que, si el oficialismo no se hubiera fragmentado a causa de las disputas internas, todavía habría un «gobierno popular» en el poder.

Arce emitió el que se considera su último mensaje grabado al país, acompañado del vicepresidente David Choquehuanca y de todos sus ministros, a pocas horas de la posesión del presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, prevista para el sábado.

«Las acciones de Evo Morales (2006-2019) tuvieron terribles consecuencias no solo en lo que respecta a la unidad del movimiento popular, sino principalmente en la paz social y la economía del pueblo boliviano», recalcó Arce al hacer un balance de su gestión en estos cinco años.

El mandatario saliente afirmó que, a finales de 2022, comenzaron a verse las divisiones en el hasta ahora Movimiento al Socialismo (MAS), «producto de la angurria de poder de Evo Morales», quien, señaló, «no se ve en otro espacio que no sea la silla presidencial y busca imponer su candidatura para mantenerse en vigencia».

«Evo nunca soportó que yo no sea un títere, así como tampoco soportó que emerjan nuevos líderes y que el MÁS se democratice», mencionó Arce.

El gobernante, que entregará la Presidencia el sábado, también culpó a los seguidores de Morales en el Parlamento de pactar con la «derecha» e impedir la aprobación de más de 1.800 millones de dólares distribuidos en créditos internacionales.

«Lamentablemente, el flujo de dólares para comprar diésel y gasolina en el exterior se vio muy afectado y, por lo tanto, comenzaron los problemas en el abastecimiento de combustibles; asimismo, se encarecieron las importaciones», dijo.

Arce recalcó que durante estos cinco años «no hubo mayor error que la división del instrumento político, la división del MAS» y reflexionó que las distintas corrientes oficialistas «debieron esforzarse más por preservar la unidad», ya que las diferencias «nunca fueron ideológicas».

También señaló que el principal «golpe anímico y moral» a la militancia del MAS se dio cuando, según consideró, «algunos prefirieron pactar con la derecha en lugar de con sus antiguos compañeros de lucha».

«No sería exagerado afirmar que el proceso de cambio fue herido de muerte y que las distintas facciones contribuimos a la derrota electoral de agosto, dando paso a la derecha», agregó.

Arce señaló que su gestión deja cinco legados al país: el «cuidado de la vida» durante los momentos de mayor tensión social, la defensa de las políticas sociales sin retirar los bonos ni la subvención a los combustibles, la no venta del patrimonio del Estado, la construcción de «más de 100 plantas industriales» y la preservación de la democracia mediante la realización de elecciones.

«Contra los deseos de algunos, hoy salimos por la puerta grande y con la cabeza en alto», enfatizó.

Asimismo, reconoció que uno de los principales errores durante el ‘proceso de cambio’, como se conoce a los Gobiernos del MAS desde 2006, fue «no cuidar la nacionalización» de los hidrocarburos que se realizó hace 20 años «con inversión en exploración adecuada».

Hasta 2014, el gas natural fue el principal producto de exportación de Bolivia, por el que recibía una importante renta y captación de divisas.

La posterior declinación de la producción impactó negativamente en los ingresos del Estado y en la liquidez de dólares, lo que generó crisis en el abastecimiento de diésel y gasolina, además del incremento de precios.

Arce se consideró blanco de «ataques» que buscaron acabar con él «políticamente» y «familiarmente», por lo que reiteró que, al dejar la Presidencia de Bolivia, se defenderá «desde el llano» para que la verdad salga a la luz a través de la Justicia.

La gestión de Arce estuvo afectada por denuncias de corrupción y polémicas que involucraron también a tres de sus hijos, quienes accedieron a créditos millonarios, además de que uno fue acusado de presuntamente ser intermediario en negociaciones sobre proyectos de litio.

En una entrevista reciente con EFE, Arce afirmó que no asistirá a la investidura de Paz y que tiene previsto retornar a la docencia en la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en La Paz.


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