Tribunal aplaza tres audiencias clave y rechaza detener proceso electoral solicitado por partidos.

SANTO DOMINGO. El Tribunal Superior Electoral (TSE) dejó claro que no dará paso al freno de los procesos en curso. Rechazó de manera categórica la solicitud de sobreseimiento planteada por los partidos Justicia Social (PJS), Unidad Nacional (PUN) y Opción Democrática (OD) en el recurso contencioso de extrema urgencia que mantienen contra dos resoluciones de la Junta Central Electoral (JCE).

Las resoluciones en cuestión —la 15-2025 y la 16-2025, emitidas el pasado 3 de julio— están siendo impugnadas por estos partidos que consideran vulnerados derechos esenciales del proceso electoral.

El TSE fue claro en su argumento: no está obligado a suspender casos que ya han sido apoderados, incluso si hay procesos abiertos ante el Tribunal Constitucional. Según indicó, no hay indicios de que ambas instancias estén en riesgo de emitir fallos contradictorios.

Además de esa decisión de fondo, el tribunal aplazó la audiencia para permitir que se cite a todas las organizaciones políticas implicadas en las resoluciones que motivaron el recurso. La lista es extensa: incluye al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como a Fuerza del Pueblo, PLD, PRD, y decenas de otros partidos y movimientos políticos registrados ante la JCE, desde los tradicionales hasta agrupaciones emergentes como Movimiento Político Águila o Nosotros Pa’ Cuando.

El tribunal dispuso que las notificaciones correspondientes corran por cuenta de los demandantes, y fijó la próxima audiencia para el 18 de agosto.

Más audiencias aplazadas

El TSE también movió para el mismo 18 de agosto otra audiencia importante: la solicitud de medidas cautelares de extrema urgencia presentada por los mismos tres partidos (PJS, PUN y OD) contra la JCE.

La parte demandante solicitó el aplazamiento para poder citar formalmente a todas las organizaciones políticas registradas, argumentando que la complejidad del proceso requiere un manejo más riguroso en la convocatoria.

Igualmente, fue reprogramada la vista del expediente número TSE-05-0005-2025, esta vez para el 11 de agosto. En ese caso se trata de una acción de amparo por supuestas violaciones a derechos fundamentales de participación política, democracia interna, y uso transparente de fondos públicos.

En este último proceso, el Partido Justicia Social es el demandado. Está representado por su presidente, Julio César Valentín Jiminián, y la acción fue interpuesta por Rubén Darío Rodríguez Beato, quien acusa al partido de desconocer estatutos internos y prácticas democráticas básicas.

Con estos movimientos, el TSE busca que todos los actores estén debidamente citados y en capacidad de responder antes de tomar decisiones que podrían impactar el rumbo del actual proceso electoral.

Advierte que miles de niños quedarán fuera de las aulas por falta de espacios escolares.

SANTO DOMINGO.-El déficit de aulas escolares ha vuelto a encender la alarma en el sistema educativo dominicano. El exministro de Educación y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Melanio Paredes, cuestionó con firmeza la falta de respuesta institucional ante el estancamiento en la construcción de escuelas públicas, y advirtió que miles de niños podrían quedar fuera del sistema educativo en el próximo año escolar.

“Es inadmisible que, por falta de aulas, sigamos condenando a nuestros niños a permanecer fuera del aula. Eso es lo verdaderamente urgente”, escribió Paredes desde su cuenta en la red social X (antiguo Twitter). 

El mensaje del exministro de Educación estuvo acompañado por imágenes de centros escolares a medio construir, muchos de ellos iniciados durante el gobierno de Danilo Medina y que, según él, han sido abandonados en los últimos cinco años.

En una crítica dirigida al actual ministro de Educación, Paredes escribió: “Señor Ministro y amigo, no es su culpa, pero le ha tocado resolver un lamentable déficit de aulas que no se construyeron en los pasados cinco años”. 

La frase resume la preocupación que, más allá de la política partidaria, apunta al impacto directo que esta situación tendrá sobre la cobertura escolar a nivel nacional.

Paredes, quien forma parte de la Mesa de Educación del PLD, insistió en que el enfoque de las autoridades debe centrarse en resolver el problema de acceso antes que en plantear reformas estructurales de dudosa urgencia. 

Hizo referencia específica al debate sobre una posible fusión de los ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), una idea que ha circulado en el gobierno y que él considera desacertada y extemporánea.

“Siquiera la falta de calidad educativa es peor que el lastre de que los niños estén fuera de la escuela; ese debe ser el foco, no la fusión”, escribió el exministro, cuestionando el orden de prioridades del actual gobierno.

Desde su rol en el sistema educativo y como voz política activa, Melanio Paredes ha sido uno de los críticos más constantes de los cambios propuestos sin resolver primero las carencias más básicas: infraestructuras, personal docente y cobertura total. En declaraciones previas ya había advertido que unir ambas carteras podría crear un cuello de botella burocrático, afectando tanto la educación básica como la universitaria.

Para Paredes, la discusión no debería estar centrada en estructuras ministeriales sino en soluciones concretas: terminar las escuelas en construcción, garantizar cupo para todos los estudiantes y rescatar el calendario escolar.

El dirigente del PRSC dijo que también agrava el subsidio estatal

Santo Domingo.- El dirigente reformista y asesor en temas energéticos, José Balaguer, advirtió este martes que la reciente escalada del dólar estadounidense se reflejará en efectos directos y adversos sobre el sistema eléctrico nacional, incrementando el costo de generación y aumentando el subsidio que otorga el Estado a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE).

Según explicó Balaguer, durante el período 2024–2025 las EDE adquirieron energía a un costo promedio de US$0.25 por kilovatio-hora, mientras la vendieron a una tarifa regulada de aproximadamente US$0.17/kWh, lo que representa una pérdida directa de 8 centavos de dólar por cada unidad de energía comercializada.

“Esta brecha no incluye las pérdidas técnicas ni la energía facturada que no logra cobrarse, lo que agrava aún más el desequilibrio financiero del sistema”, agregó.

Resaltó en ese sentido, que las pérdidas estructurales en las distribuidoras, que se mantienen entre un 37 % y un 42 %, obedecen a deficiencias técnicas, bajo nivel de cobro, robo de energía y una persistente falta de inversión en redes e infraestructura, agravadas por debilidades administrativas que limitan la eficiencia del sistema.

Señaló que estas pérdidas profundizan el déficit operativo y hacen indispensable un elevado subsidio estatal, el cual en 2024 representó cerca del 9 % de los ingresos fiscales, reduciendo significativamente la capacidad del Estado para atender otras áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura.

Impacto del Alza del Dólar

De acuerdo con estimaciones realizadas por Balaguer, y partiendo del supuesto de que el subsidio eléctrico promedio entre los años 2022 y 2024 fue de aproximadamente US$1,500 millones anuales, se estima que al menos el 70 % de dicho subsidio está directamente vinculado al dólar. Esta exposición se debe a factores como la compra de energía en moneda extranjera, la generación térmica basada en combustibles importados y los contratos de largo plazo (PPA) denominados en dólares.

Bajo estas premisas, cada peso adicional en la tasa de cambio, por ejemplo, al pasar de RD$59 a RD$60 por dólar, implicaría un aumento de aproximadamente RD$1,050 millones en el gasto público, lo que, convertido al nuevo tipo de cambio, representaría unos US$17.5 millones adicionales en subsidio.

En consecuencia, por cada peso que se incrementa la tasa del dólar, el subsidio eléctrico podría aumentar entre US$15 y US$20 millones anuales, dependiendo del grado real de exposición cambiaria, del volumen de energía suministrado y combustibles importados durante el período correspondiente.

Medidas para mitigar el riesgo cambiario y reducir el déficit estructural

José Balaguer planteó que, para enfrentar de manera responsable y sostenible los efectos del alza del dólar sobre el sistema eléctrico nacional, es indispensable adoptar medidas estructurales orientadas a mitigar el riesgo cambiario y reducir el déficit operativo, poniendo el interés nacional por encima de cualquier otra consideración. En sus palabras, “no se trata de desconocimiento, pues todos sabemos cuáles son las acciones que deben tomarse”. En ese sentido, Balaguer se hizo eco de las que, a su juicio, constituyen las principales medidas urgentes y de consenso para abordar el problema de fondo:

Invertir en redes de distribución: Modernizar la infraestructura eléctrica para reducir las pérdidas técnicas y comerciales que hoy superan el 37 %, especialmente en zonas críticas.

Mejorar control y gestión en las EDE: Fortalecer los mecanismos de fiscalización y gestión administrativa para eliminar ineficiencias, recuperar energía no cobrada y mejorar el desempeño operativo.

Impulsar proyectos renovables con baterías: Promover con prioridad la generación solar con almacenamiento para reducir la dependencia del dólar, bajar el costo de generación y sustituir plantas térmicas importadas.

Reformar el esquema de subsidios: Enfocar los subsidios eléctricos en los sectores realmente vulnerables, eliminando distorsiones y evitando transferencias innecesarias a consumidores con capacidad de pago.

“El problema no es solo financiero, es también estructural. Mientras no se corrijan las ineficiencias internas y la alta exposición externa, el sistema seguirá absorbiendo recursos que el país necesita para desarrollarse. Superar esta crisis energética estructural requiere decisión política, visión técnica y sentido de urgencia. Ha llegado el momento de consolidar una matriz energética más soberana, predecible y menos expuesta a los vaivenes del mercado internacional. Lo que está en juego no es solo la viabilidad financiera del sistema eléctrico, sino también la capacidad del Estado dominicano para cumplir con sus responsabilidades sociales más fundamentales”, concluyó Balaguer.