-Autoridades trazarán ruta para contrataciones-

Santo Domingo.- La Dirección de Desarrollo Social Supérate llevó a cabo este miércoles, en el marco de la “Semana de los Cuidados 2025”, la habilitación de la tercera cohorte de personas cuidadoras de República Dominicana; 87 nuevas cuidadoras y cuidadores de Azua (53) y Santo Domingo Este (35).

Esta tercera cohorte de personas cuidadoras, conformada por 87 mujeres y un hombre, cumplieron con el programa de formación del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), que dotó a participantes de las competencias necesarias para ofrecer el servicio de cuidados a adultos mayores. Además de garantizar el derecho al cuidado, también promueve la igualdad de género y la creación de empleo digno. Durante seis meses hicieron pasantía en centros de día del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE).

Durante su discurso ante las personas cuidadoras, representantes de instituciones gubernamentales y agencias internacionales, la directora de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, reiteró que la habilitación de nuevas personas cuidadoras no solo reconoce los logros individuales de quienes se formaron y capacitación, “también reafirma el compromiso institucional con un sistema nacional de cuidados que pone en el centro la vida, la equidad y el bienestar colectivo”.

“Hoy, Día de la Persona Cuidadora, celebramos las ocho decenas de historias de mujeres y hombres que ven reconocido su talento, su compromiso y su vocación. Este acto no solo representa una certificación técnica; representa la dignificación de un trabajo históricamente invisibilizado, y la apertura de nuevas oportunidades económicas para cientos de familias dominicanas”, aseveró Reyes.

Reyes resaltó que con las 88 personas cuidadoras que recibieron la habilitación este miércoles, ya suman 280 las cuidadoras y cuidadores dominicanos, con posibilidades de acceder a una fuente de trabajo digno y decente. “Aprovecho este momento para anunciarles que, en este mes de noviembre, trazaremos la ruta para contratación de nuevas personas cuidadoras”.

En tanto, las palabras del doctor Demetrio Vicente, director ejecutivo de CONAPE, estuvieron centradas en el beneficio que significa la Política Nacional de Cuidados para las personas adultas mayores. “Este sistema de cuidados representa una revolución silenciosa en su calidad de vida”.

Expresó que este logro no pertenece a una sola institución. Es una victoria del trabajo articulado entre todas las entidades que integran la Mesa Intersectorial de Cuidados. “Estamos redefiniendo lo que significa envejecer en la República Dominicana. Estamos pasando de un modelo basado únicamente en la buena voluntad, a un modelo de derechos garantizados por el Estado”.

Asimismo, las gobernadoras de la provincia Santo Domingo y de Azua, Lucrecia Leyba y Minerva Navarro, respectivamente destacaron el esfuerzo que realiza la Mesa Intersectorial de Cuidados para el desarrollo de una Política Nacional de Cuidados.

Los titulares de la Dirección de Desarrollo Social Supérate y CONAPE informaron que con la implementación de la Política Nacional de Cuidados el país se consolida como un referente regional en la integración del cuidado como derecho, empleo digno y motor de desarrollo social y económico.

Al acto de graduación de la tercera cohorte de personas cuidadoras de República Dominicana también asistieron 25 familias de hogares Supérate que están en el proceso de formación y capacitación para atender a sus familiares dependientes.

Asimismo, autoridades gubernamentales como las gobernadoras de la provincia Santo Domingo y Azua, Lucrecia Santana Leyba y Minerva Navarro, respectivamente. También el director general del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), Augusto de los Santos; Ana Gabriela Then, consultora de protección social y mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Alexis Cruz Rodríguez, viceministro de Hacienda y Economía.

Mesa Intersectorial

La directora de la DDSS destacó que los resultados de la Política Nacional de Cuidados en el período 2022-2025 se deben al esfuerzo de la Mesa Intersectorial formada por los ministerios de la Mujer, Hacienda y Economía y de Trabajo; también la DDSS, CONAPE, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (Conani), INFOTEP, el Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS),el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

También participan el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Cepal, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

La Política Nacional de Cuidados es una estrategia que combina la expansión de los servicios públicos de cuidado y la formación profesional de personas cuidadoras con la promoción de la corresponsabilidad social, haciendo especial énfasis en garantizar el derecho a ser cuidado en condiciones de dignidad y equidad.

SANTO DOMINGO.- A solicitud de la Unidad Antisecuestro del Ministerio Público, un tribunal ratificó la condena de 20 años impuesta a tres hombres procesados por asociación de malhechores, robo agravado y violación sexual, afectando la libertad ambulatoria de las víctimas.

La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la sentencia a Ángel Alexander Aquino, Víctor Javier García Suazo y Jeremy Polanco Mieses.

La red criminal, que operaba desde el sector de Guachupita, en el Distrito Nacional, se dedicaba a citar a hombres por aplicaciones de redes sociales enfocadas en citas. Una vez captaban a una víctima, afectaban su libertad ambulatoria y la despojaban de sus pertenencias.

La estructura estaba compuesta, además de los 3 condenados, por dos menores de edad que se encuentran sometidos en la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional y un prófugo conocido por su nombre de pila.

El tribunal, integrado por Ramona Rodríguez López, Rafael A. Báez García y Daisy Indhira Montás Pimentel, rechazó el recurso de apelación interpuesto por los imputados, toda vez, que la sentencia atacada, contiene motivos suficientes que justifican su dispositivo, por explicar en hecho y en derecho la decisión y que no contiene los vicios establecidos por los recurrentes.

En el caso particular, la Unidad Antisecuestro, dependencia de la Dirección General de Persecución, acusó a los condenados, por dos hechos. El primero ocurrió el 6 de diciembre de 2023, cuando la estructura citó con fines de robo a una víctima, a quien después de amenazarlo con un cuchillo y violarlo, le sustrajeron un celular Iphone, modelo 13 Pro Max, del cual tuvieron acceso a sus contactos.

A través de dicho móvil, los procesados mantuvieron conversaciones con otras personas, logrando por esta vía, contactar a una segunda víctima, quien, bajo engaño, fue citada presuntamente por su amigo el 10 de diciembre de 2023 y al llegar al lugar la golpearon, violaron y le sustrajeron sus pertenencias.

El Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional y la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi), pudo recuperar parte de las pertenencias robadas, que habían sido vendidas.

La condena fue impuesta por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Jissele Naranjo, Emely Bruno y Katherine Rubio, quienes acogieron la acusación presentada por el Ministerio Público, dictando sentencia condenatoria de 20 años de prisión a cada imputado, a ser cumplidos en los centros de corrección y rehabilitación El Pinito, de La Vega; Najayo, en San Cristóbal, y San Pedro de Macorís.

El fiscal litigante Claudio Cordero manifestó que esta decisión de la corte confirma una investigación oportuna y que permitió una sentencia justa, la cual valoró la corte al ratificar la condena.

SANTO DOMINGO.- Al acoger la solicitud del Ministerio Público, una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre y una mujer que planificaban captar niñas para abusarlas sexualmente.

Los imputados Alexander Ramón Peña Henríquez y Luisa Stfrent, de nacionalidad haitiana, son imputados de violar la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

La medida fue impuesta debido a la amenaza colectiva que representan para la población de niños, niñas y adolescentes, por cuanto planificaban y coordinaban captar menores de edad a los fines del hombre obtener gratificación sexual y sostener relaciones sexuales con estos menores de edad, y la mujer obtener valores económicos.

El escenario que dio lugar al arresto y posterior judicialización de los imputados se originó en un video, difundido a través de plataformas y redes sociales, donde Peña Henríquez ofrecía una cantidad de dinero de entre RD$15,000 a RD$20,000 pesos, para que Stfrent, quien se dedica a captar personas adultas y menores de edad, para ofrecer servicios sexuales a cambio de pagos en las provincias La Vega y Santiago, le ubicara y cediera menores de edad, a fin de abusarlas sexualmente.

En la audiencia de medidas de coerción, las fiscales María Dolores Rojas, Martha González y Wendy Sánchez, presentaron a la jueza Iris Sugelly Borgen Santana, las evidencias de que existe un latente peligro y amenaza contra esta población vulnerable, por cuanto se debía imponer la prisión preventiva, al ser considerada la medida idónea para proteger a las potenciales víctimas y permitir la continuidad del proceso.

Además de imponer la medida solicitada por el órgano acusador, el tribunal también autorizó la extracción de información que pueda resultar de interés para la investigación, del teléfono celular que le fue ocupado a la imputada.

Peña Henríquez, dominicano, y Stfrent, de nacionalidad haitiana, fueron arrestados mediante las órdenes tramitadas ante el tribunal competente 2025-AJ0071635 y 2025-AJ0071634.

De manera provisional, la Fiscalía de Santiago ha imputado contra los procesados la violación a los artículos 1, 3, y 5 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, principios V, VI y VII y el artículo 14 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), que tipifican la captación de menores de edad a los fines de gratificación y obtención de favores sexuales y por violación a los derechos de la imagen, intimidad, honor y dignidad de las personas menores de edad, en perjuicio de la sociedad y el Estado dominicano.