Apertura económica cubana impactaría al Caribe y a RD

Santo Domingo. El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, advirtió que los cambios que se vienen registrando en Cuba están reconfigurando el panorama del Caribe, con implicaciones directas para la República Dominicana.

Antún, conocido como Quique, sostuvo que la isla atraviesa una etapa de transformación luego de más de seis décadas con un modelo económico cerrado. A su entender, la presión interna, las sanciones internacionales y la necesidad de mejorar la calidad de vida han empujado a las autoridades cubanas a introducir ajustes.

Entre esos cambios mencionó la apertura a pequeñas y medianas empresas, así como una mayor flexibilidad para la iniciativa privada. Medidas que, según explicó, buscan mover una economía golpeada por la baja producción, la escasez de productos básicos y la caída del turismo.

Aun así, el dirigente político considera que el panorama sigue siendo complejo. Señaló que persisten problemas estructurales como la baja productividad, la limitada llegada de inversión extranjera y restricciones financieras que frenan una recuperación más firme. A esto se suma, dijo, un creciente malestar social por el deterioro del poder adquisitivo y la falta de alimentos, medicamentos y energía.

En ese contexto, Antún planteó que la República Dominicana debe mirar con atención lo que ocurre. “Si Cuba logra atraer capital extranjero y avanzar en su apertura, podría convertirse en un competidor importante en áreas donde hoy tenemos ventaja, como el turismo y los servicios”, advirtió.

Pero no todo lo ve como amenaza. También entiende que se abre una ventana para la cooperación. Indicó que empresas dominicanas podrían encontrar oportunidades en la exportación de alimentos, materiales de construcción, servicios turísticos y en la transferencia de გამოცდილ en zonas francas.

El presidente del PRSC también puso sobre la mesa el tema migratorio. A su juicio, si las reformas no logran resultados en el corto plazo, es probable que continúe la presión migratoria desde Cuba hacia otros países de la región, incluyendo República Dominicana.

Ante este escenario, insistió en la necesidad de actuar con previsión. Planteó que el país debe fortalecer su competitividad, mejorar la productividad y consolidar un clima atractivo para la inversión, sin dejar de lado una política exterior basada en la cooperación.

Para Antún, lo que ocurre en Cuba no es un proceso menor. “El Caribe está cambiando, y la República Dominicana tiene que prepararse para ese nuevo escenario”, concluyó.

Dirigentes denuncian crisis en construcción y cuestionan nuevas leyes

Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) volvió a poner sobre la mesa el tema de la inversión pública y el estado de las obras en el país. Esta vez, lo hizo con un enfoque claro: el impacto directo en el sector de la construcción y las decisiones políticas que, según dicen, están marcando el rumbo actual.

Francisco Mosquea, secretario de Asuntos Gremiales y Profesionales de la organización, habló sin rodeos. Asegura que quienes viven de la construcción están atravesando una etapa complicada, con menos oportunidades, más desempleo y costos de materiales que siguen subiendo sin freno. La combinación, advierte, está golpeando tanto a técnicos como a obreros.

Sus declaraciones se produjeron en San Pedro de Macorís, durante la juramentación de la directiva de Dignidad Gremial Codiana, una corriente vinculada al PLD. Allí, Mosquea apuntó directamente al gobierno, al que acusa de concentrar sus esfuerzos en proyectos bajo esquemas de fideicomisos, dejando de lado otras áreas clave.

Pero no se quedó ahí. También mencionó obras que, según dijo, llevan años detenidas. Citó como ejemplo la escuela Guillermina Tonos, en Vicente Noble, provincia de Barahona, que —afirmó— tiene cerca de seis años paralizada. Para el dirigente, estos proyectos abandonados no solo representan retrasos en infraestructura, sino también menos empleo y dinamismo económico en las comunidades.

En el mismo acto participaron figuras como Francisco Marte Rodríguez, expresidente del CODIA, quien tomó juramento al equipo provincial coordinado por Gregory Pérez. También estuvo presente Blas Henríquez, presidente del PLD en esa demarcación.

En otro frente, el partido también cuestionó una iniciativa legislativa reciente. Carlos Manzano, secretario de Administración Pública del PLD, criticó la propuesta de nuevas regulaciones sobre el financiamiento de los partidos políticos.

A su juicio, la medida no responde a una necesidad real. Sostiene que en República Dominicana ya existe un marco legal que regula ese aspecto con suficiente claridad, incluyendo controles, límites de gasto y mecanismos de fiscalización.

Para Manzano, el problema no es la falta de leyes, sino cómo se aplican. Señala que hay fallas en los procesos internos de selección y supervisión dentro del partido de gobierno, lo que —según plantea— ha permitido situaciones cuestionables.

El dirigente fue más allá y aseguró que la propuesta surge en medio de escándalos e investigaciones que han afectado a sectores del oficialismo. En ese contexto, interpreta la iniciativa como un intento de desviar la atención pública.

“Cuando fallan los controles internos, no es la ley lo que está mal”, sostuvo. Y remató con una frase que resume su postura: el problema, dice, no está en las normas, sino en quienes las ejecutan.

El Tribunal Superior Electoral desestima medidas cautelares por falta de daño inminente

El Tribunal Superior Electoral (TSE) emitió una ordenanza en la que rechaza de plano la solicitud de imposición de medida cautelar anticipada interpuesta contra diversos organismos internos del partido Fuerza del Pueblo. 

Los magistrados determinaron que los accionantes no lograron demostrar la existencia de un peligro real que ameritara una intervención judicial de emergencia antes de que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto.

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Falta de pruebas sobre daños irreparables

La decisión de los jueces Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, Fernando Fernández Cruz y Rafaelina Peralta Arias se fundamenta en el Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales. Según el fallo, los demandantes —un grupo integrado por Diderot Mateo Brito, Virgilio Solano y otros dirigentes— no acreditaron de forma fehaciente la verosimilitud del derecho invocado. 

Para el tribunal, no existe un escenario de “daño inminente de imposible reparación” que reste efectividad a lo que se decida en el futuro, cumpliendo así con los requisitos estrictos de los numerales 1 y 2 del artículo 160 de la normativa vigente.

Este rechazo implica que las estructuras de la Fuerza del Pueblo, incluyendo su Comisión Nacional Electoral y la Secretaría de Organización, mantienen su operatividad habitual frente a las impugnaciones presentadas el pasado 24 de febrero de 2026. 

La corte judicial entendió que, al no haberse configurado una amenaza irreversible a los derechos de los reclamantes, la prudencia jurídica dicta esperar el desarrollo del proceso ordinario.

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Validez del proceso y notificaciones oficiales

Un punto clave del debate jurídico fue el medio de inadmisión por falta de objeto que intentó la defensa del partido. El TSE rechazó este argumento de la Fuerza del Pueblo tras constatar que no existía evidencia de que las autoridades electas en los plenos de enero y febrero de este año hubieran sido juramentadas formalmente. 

Al no haber juramentación comprobada, el tribunal consideró que el objeto del litigio seguía vigente, permitiendo que el caso continúe su curso procesal a pesar del rechazo de la medida cautelar.

Finalmente, la alta corte dispuso que esta ordenanza sea notificada formalmente a todas las partes y publicada en el Boletín Contencioso Electoral. Con este fallo, el TSE reafirma su rol como árbitro del sistema democrático, exigiendo pruebas sólidas para detener procesos partidarios internos. 

La mirada de los analistas se centra ahora en la cuestión principal del expediente, mientras el partido liderado por Leonel Fernández sigue adelante con su cronograma de organización política de cara a los próximos retos electorales.