Santo Domingo.— La presidenta del partido Frente Amplio, María Teresa Cabrera, denunció que las deficiencias que afectan cada inicio de año escolar en el país responden a problemas estructurales de ejecución y no de planificación, pese a que desde hace más de una década el sector educativo cuenta con el 4 % del PIB.

Cabrera, reconocida dirigente de izquierda, sostuvo que la falta de aulas, la paralización de proyectos y el bajo nivel de ejecución presupuestaria son síntomas de un sistema que planifica bien, pero que no cumple lo acordado.

Cabrera, ex presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), habló en el programa Propuesta de la Noche, que se transmite por Teleimpacto (canales 22 y 52) bajo la conducción del periodista Manuel Jiménez.

En la entrevista, Cabrera explicó que cada año se repiten las mismas denuncias sobre falta de butacas, aulas inconclusas y carencia de cupo en las escuelas públicas, lo que a su juicio impide discutir los problemas de fondo: “Nos distraemos con lo coyuntural y no hablamos de lo esencial, que es preguntarnos qué tipo de ser humano y de sociedad queremos formar con la educación dominicana”.

La dirigente política, quien además fue candidata presidencial en las elecciones de 2024 y presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) entre 2007 y 2009, puso como ejemplo la escuela Pedro María Burgos en la comunidad Matabonito, en Nagua, donde una ampliación de apenas cuatro aulas, una oficina y dos baños lleva catorce años sin concluir.

“Después de conquistar el 4 %, uno imaginaba que al menos los problemas de infraestructura estarían resueltos. Sin embargo, seguimos con los mismos titulares cada septiembre”, afirmó.

Cabrera recordó que en 2022 el presidente Luis Abinader anunció una política de expansión de la educación inicial, compromiso asumido en el Pacto Educativo de 2014, y que en 2023 el Gobierno informó que construiría 2,000 aulas para ese nivel.

“La mayoría de esas aulas se iniciaron, pero ninguna se ha terminado; se paralizaron. El problema no es de planificación ni de presupuesto, porque los recursos estaban. El problema es de ejecución: al cierre de agosto, la Dirección de Infraestructura Escolar apenas había ejecutado un 15.82 % de lo presupuestado”, denunció.

La dirigente explicó que la pesada burocracia estatal es una de las principales trabas del Ministerio de Educación, donde incluso la fusión de dependencias puede generar mayores complicaciones.

Además, señaló que en algunas comunidades se construyen planteles sobredimensionados, mientras en provincias de alta concentración demográfica, como Santo Domingo, Santiago o La Altagracia, persisten graves déficits de aulas.

En cuanto a la calidad de la educación, Cabrera consideró que el debate debe ir más allá de medir aprendizajes en matemáticas o lengua.

A su juicio, la escuela debe incorporar un enfoque ético, humanista y social, pues la formación de niños y adolescentes también está influenciada por la familia, la comunidad, los medios de comunicación y la conducta de los funcionarios públicos.

“Si un servidor entra pobre a un cargo y sale millonario sin consecuencias, ese mensaje pedagógico es devastador. La educación no puede limitarse a la instrucción; debe formar valores”, afirmó.

Sobre el rol de los docentes, defendió que la vocación, la ética y la buena formación son pilares de la calidad, pero no únicos factores.

Propuso replantear la mirada hacia el magisterio: “Históricamente hemos visto al maestro como ejecutor, no como sujeto pensante capaz de sistematizar su práctica. Hay que construir relaciones educativas más democráticas y horizontales”.

Consultada sobre la ADP, Cabrera diferenció el rol sindical de la labor docente y asumió una autocrítica frente al “uso irracional” de la huelga.

Recordó que en su gestión al frente del gremio logró reivindicaciones salariales y movilizaciones masivas por el 4 % sin convocar a paros: “Creamos un mecanismo de diálogo con el Ministerio de Educación, canalizamos conflictos con respuestas por escrito y recogimos un millón de firmas en apoyo a la lucha. Se puede protestar sin interrumpir la docencia”, sostuvo.

Cabrera destacó que la ADP ha sido protagonista de conquistas históricas como los libros de texto gratuitos y el desayuno escolar, pero pidió al sindicato una “reflexión de reencuentro con la sociedad” para innovar sus métodos de lucha y fortalecer su legitimidad.

Finalmente, hizo un llamado a ordenar prioridades, reducir la burocracia y cumplir lo planificado: “La educación es compleja y social. Para hablar de calidad hay que alinear infraestructura, ética pública, formación docente y participación comunitaria. Lo planificado ya está; lo que falta es voluntad para cumplirlo”, sentenció.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público ejecutó la mañana de hoy la sentencia condenatoria contra la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López tras gestionar la autorización judicial en cumplimiento de la condena irrevocable de 5 años de prisión que pesa en contra de la procesada por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec) del Ministerio Público, que encabeza la fiscal Andry De Los Santos, ejecutó la orden de captura y arresto, emitida por el Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega mediante el auto penal número 212-01-2025-SADM-00700, del 2 de septiembre de 2025.

Luego de que las fiscales Andry De Los Santos y Sourelly Jaquez realizaran un allanamiento con autorización judicial en su vivienda de La Vega, Pilarte López se entregó este miércoles ante las autoridades de la Procuraduría General de la República.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia impuesta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en funciones de tribunal de juicio de la jurisdicción privilegiada, emitida el 28 de mayo del pasado año, la cual adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

La decisión permite también al Estado decomisar bienes muebles e inmuebles valorados en miles de millones de pesos producto del lavado de activos provenientes del narcotráfico.

En el proceso contra la exlegisladora, el Ministerio Público estuvo representado por Fernando Quezada García, Pedro Inocencio Amador Espinosa y Pelagio Alcántara Sánchez, del Departamento de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, junto con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en representación de la Procuradora General de la República.

La Suprema Corte de Justicia decidió sobre sentencia de la Segunda Sala Penal de ese órgano que condenó a Pilarte a cumplir 5 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Rafey Mujeres, provincia Santiago, tras declararla culpable de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Además de la condena de 5 años de reclusión, Pilarte fue condenada al pago de 200 salarios mínimos por los jueces Fran Soto, María Garabito, Nancy Salcedo, Francisco Jerez y Francisco Ortega Polanco, quienes se inhibieron en la casación por haber conocido el proceso en la etapa anterior.

El tribunal le condena, además, al pago de las costas del proceso, lo mismo que en la casación.

El Ministerio Público probó en todo el proceso que Pilarte violó los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 9, numerales 1 y 2, de la Ley 155 de 2017, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana, así como también los artículos 3, letras A y B, 18, y artículo 21, literales A y B, de la antigua Ley 72 del 2002, sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.

Rosa Amalia Pilarte formaba parte de la red de lavado de activos del narcotráfico que encabezaba su esposo Miguel Arturo (Micky) López Florencio, de la que también formaban parte sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como también los declarados en rebeldía Pablo Antonio Martínez Javier y Rigoberto Bueno Javier.

Los fiscales sustentaron con pruebas que la procesada contribuyó con la colocación en el sistema financiero nacional de cuatro mil cuatrocientos dieciocho millones trescientos noventa y nueve mil trescientos doce pesos con 92/100 (RD$4,418,399,312.92), a pesar de que durante el período comprendido entre los años 2003 y 2021 solo percibió salarios e ingresos por un total de dieciséis millones trescientos setenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos con 45 centavos (RD$16,378,557.45), reportados tanto en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) como de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Entre los bienes e inmuebles que ocupados por el Ministerio Público y decomisados en los tribunales a Pilarte se encuentran los siguientes:

1- Un terreno de 3,081.41 mt2, ubicado dentro del ámbito de la parcela número 157 del distrito catastral número 29, del municipio La Vega, ubicada en la comunidad El Quemao, entrada La Represa, Manga Larga, La Vega, amparada por el certificado de título número 110, expedido por el Registrador de Títulos de La Vega.

2- Inmueble identificado como una porción de terreno, con una extensión superficial 3,081.41 mt2, ubicado dentro del ámbito de la parcela número 157 del distrito catastral número 29, del municipio La Vega, ubicada en la comunidad El Quemao, entrada La Represa, Manga Larga, La Vega, amparada por el certificado de título número 110, expedido por el Registrador de Títulos de La Vega.

3- El inmueble identificado como 313295647592, con una extensión superficial de 728.11 metros cuadrados, amparada mediante matrícula número 0300032450, expedida por el registrador de títulos de La Vega.

4- El inmueble identificado como 313295645621, con una extensión superficial de 811.45 metros cuadrados, amparada mediante matrícula número 4000250918, expedida por el registrador de títulos de La Vega, dicho inmueble se encuentra ubicado en La Vega.

5- El inmueble identificado como 313295642420, con una extensión superficial de 682.50 metros cuadrados, amparada mediante matrícula número 03000163269, expedida por el registrador de títulos de La Vega, dicho inmueble se encuentra ubicado en el municipio de La Vega.

6- El inmueble identificado como 313295645289, con una extensión superficial de 1,492.42 metros cuadrados, amparada mediante matrícula número 0300025416, expedida por el registrador de títulos de La Vega.

7- El inmueble identificado como parcela número 11, del distrito catastral número 25 del municipio La Vega, con una extensión superficial de 28,273.00 metros cuadrados, amparada mediante matrícula Número 0300018330, expedida por el registrador de títulos de La Vega, dicho inmueble se encuentra ubicado en Arroyo Hondo, Río Verde Arriba, La Vega.

8- El local comercial número 26, construido en el segundo piso, dentro de la parcela número 41-C del Distrito Catastral número 05 del municipio de La Vega, con una extensión superficial de 31.55 metros cuadrados, amparado mediante matrícula Número 0300012164.

9- El inmueble identificado como unidad funcional B-1, identificado como 313295767873: B-1, matrícula Número 0300011626, del condominio Edificio Jossierie Santos 1, ubicado en La Vega, conformado por un sector propio identificado como SP-01-01-002, ubicado en el nivel 01, del bloque 01, destinado a local, con una superficie de 46.86, metros cuadrados.

10- El inmueble identificado como 312166208949, con una extensión superficial de 1,728.69 metros cuadrados, amparada mediante matrícula Número 0300018479, expedida por el registrador de títulos de La Vega, inmueble, ubicado en el municipio de Jarabacoa.

11- Una porción de terreno con una extensión superficial de 15,251.20 metros cuadrados, dentro de la parcela número 157 del Distrito Catastral número 29 del municipio La Vega, amparada mediante matrícula Número 0300023805.

12- Una porción de terreno con una extensión superficial de 11,314.00 metros cuadrados, dentro de la parcela número 23, del Distrito Catastral número 25 del municipio La Vega, amparada mediante matrícula número 0300012984.

13- El inmueble dentro del solar 1-Refundido, Manz 33, del Distrito Catastral número 01 La Vega, local comercial número 1-04-B, con una superficie de 19.04 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 0300012136.

14- El inmueble identificado dentro de la parcela número 108, porción G-1, del distrito catastral número 05, del municipio Jarabacoa, provincia La Vega, con una extensión superficial de 628,863.50 metros cuadrados, amparada mediante matrícula Número 0300020203.

Por Ramón Mercedes.-

NUEVA YORK.- Los arrestos y deportaciones por parte de agentes federales de inmigración están aumentando drásticamente en el área de la ciudad de Nueva York después de un comienzo lento en el segundo mandato del presidente Donald Trump, según un análisis de nuevos datos realizado por Gothamist.

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Unos 3.300 inmigrantes fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración en NY desde el 20 de enero hasta el 29 de julio del presente año, según los datos. Esto representó un aumento del 56 % con respecto al mismo período del año anterior.

Cientos de dominicanos figuran entre los detenidos

El aumento en las cifras se debe en parte a los arrestos en el 26 Federal Plaza en el Bajo Manhattan, donde los inmigrantes han sido puestos bajo custodia después de comparecer en procedimientos judiciales de inmigración celebrados allí.

«Es mucho más fácil para los agentes del ICE arrestar a personas en los juzgados… El ICE tiene pleno control operativo sobre el edificio», dice Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Columbia.

Los datos, obtenidos por el Proyecto de Datos de Deportación , también revelan que los inmigrantes sin antecedentes penales constituyen una proporción cada vez mayor de los arrestados. La administración Trump ha establecido una meta nacional de 3,000 arrestos migratorios diarios en una amplia ofensiva antimigratoria.