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Califican como “burla legal” el acuerdo del Ministerio Público con Maxy Montilla

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Califican como “burla legal” el acuerdo del Ministerio Público con Maxy Montilla


Santo Domingo. – El abogado Manny Sierra cuestionó fuertemente el acuerdo firmado entre el Ministerio Público y Maxy Montilla, que implicó la devolución de tres mil millones de pesos en el marco de una investigación por corrupción administrativa, y que fue homologado por un juez sin que mediara un proceso penal formal contra el imputado.

Durante una entrevista en el programa Propuesta de la Noche, que conduce el periodista Manuel Jiménez y se transmite por Teleimpacto canales 22 y 52, Sierra afirmó que dicho acuerdo viola el principio de legalidad, estimula la impunidad y erosiona la credibilidad de la justicia dominicana.

“El Código Procesal Penal establece que no se puede llegar a acuerdos con los cabecillas de delitos graves, y menos aún cuando la sanción supera los tres años. Este es un caso de corrupción, con una pena que puede llegar hasta 20 años. No hay forma legal de justificar ese acuerdo”, enfatizó el jurista.

Sierra denunció que el acuerdo no fue precedido por medidas de coerción ni por la declaratoria de un proceso complejo, como exige el artículo 370 del Código Procesal Penal.

“No hubo imputación formal, ni apertura de proceso, ni medida cautelar alguna. Por tanto, el acuerdo carece de sustento legal y se convierte en un acto de prevaricación”, advirtió.

El abogado también criticó la estrategia del Ministerio Público de presentar la recuperación del dinero como un éxito. “Nos venden el número, pero olvidan que detrás hay una burla al sistema de justicia. ¿Cómo justificas que alguien devuelva miles de millones sin que reciba un solo día de pena?”, cuestionó.

Sierra subrayó el efecto discriminatorio de este tipo de decisiones: “Al que se roba un salami lo encarcelan, pero al que se lleva tres mil millones lo premian con impunidad. Eso viola el principio de igualdad ante la ley”, sentenció.

Sobre la supuesta colaboración de Montilla como testigo en otros procesos, Sierra fue tajante: “Un autor principal no puede ser testigo. Su testimonio sería fruto de un acuerdo condicionado y, por tanto, pierde credibilidad. Además, si él es el que devuelve todo el dinero, ¿qué le queda a los demás coimputados por devolver? Nada. El caso se cierra ahí”, comentó.

El jurista también puso en duda la independencia del Ministerio Público, cuestionando que solo se persigan casos vinculados a la oposición.

“No basta con decir que es independiente. La ciudadanía observa que solo se actúa contra los de un solo lado, mientras otros casos de igual o mayor gravedad, vinculados al oficialismo, no avanzan”, cuestionó.

En ese sentido, citó como ejemplo denuncias recientes sobre supuestas irregularidades en instituciones como Senasa, Ministerio de Educación y otros.

Finalmente, Sierra alertó sobre los efectos que estas prácticas pueden tener en el sistema democrático.

“Vamos hacia un escenario como el de Perú, donde la justicia se ha vuelto un instrumento de persecución política. La justicia no puede ser utilizada como herramienta de vendetta”, concluyó.

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“La esperó frente al trabajo y le disparó”: 30 años de prisión a hombre intentó matar expareja

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“La esperó frente al trabajo y le disparó”: 30 años de prisión a hombre intentó matar expareja


SANTO DOMINGO.-Al acoger la solicitud del Ministerio Público, un tribunal impuso 30 años de prisión a un hombre procesado por intento de asesinato y violencia de género e intrafamiliar agravada luego de que en 2024 disparara a su expareja sentimental frente a una concurrida repostería de Santiago.

Pedro Samuel Fernández Sánchez fue procesado por el Ministerio Público con numerosos medios de prueba que demostraron que amenazó, vigiló, persiguió e interceptó a la víctima, realizándole un disparo en el rostro, con la intención de matarla, con un arma de fuego que portaba de manera ilegal.

La agresión le provocó a la víctima secuelas psicológicas y permanentes de tipo estético por desfiguración físico-facial, conforme al peritaje médico forense realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Además de la violación a los artículos 2, 295, 296, 297, 298, 302, 309-1, 309-2 y 309-3 (letras B, C y E), del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género, que tipifican y sancionan la tentativa de asesinato y violencia de género agravada, la Fiscalía de Santiago acusó al procesado de la violación de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La investigación de los hechos estuvo a cargo de la fiscal Niovy Gómez, quien en su levantamiento de información verificó que el ahora condenado mantenía una constante persecución, asedio, vigilancia y amenazas contra la víctima.

El Primer Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Juan Carlos Colón, Claribel Mateo y Gladys de los Santos, también condenó a Fernández Sánchez a pagar una indemnización de 2 millones de pesos a favor de la víctima y se ordenó el decomiso de las pruebas materiales del proceso.

La fiscal Reyna Jiménez, quien representó al Ministerio Público en audiencia de fondo, relató al juzgador el escenario que rodeó la tentativa de asesinato.

El Ministerio Público, aseveró, la litigante, demostró que el procesado premeditó los hechos y los cometió con asechanza, toda vez que rentó un vehículo marca Honda, modelo CRV-EX-L, color Blanco, para ejercer la persecución sin que la víctima lo notara.

En marzo de 2024 esperó a la víctima frente a su lugar de trabajo a donde la mujer llegó a bordo de un motoconcho. Luego de advertirle lo que haría, el procesado disparó a la mujer y luego huyó de la escena.

La investigación del Ministerio Público, a través de su Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, puso a disposición del tribunal las pruebas materiales del proceso, como el arma de fuego ilegal que el encartado utilizó.

Entre otras pruebas, el Ministerio Público logró recolectar los vídeos de las cámaras de videovigilancia que captaron los hechos, así como las capturas de conversaciones tanto con la víctima, como con otros amigos y familiares, que dejaron evidenciadas sus intenciones.

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Presidente Abinader se reúne con la directiva del Colegio Médico Dominicano

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Presidente Abinader se reúne con la directiva del Colegio Médico Dominicano


Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader recibió a una comisión del Colegio Médico Dominicano (CMD), encabezada por su presidente, el doctor Luis Alberto Peña Núñez, con quien conversó sobre diversos temas orientados a continuar mejorando las condiciones de trabajo de los profesionales de la medicina en el país.

El encuentro se realizó en el Palacio Nacional, donde el jefe del Estado estuvo acompañado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista.

Durante la reunión, el mandatario se mostró receptivo ante los planteamientos de los representantes del gremio médico y reiteró su disposición de seguir trabajando para elevar la calidad de vida de los médicos, así como sus condiciones laborales.

Asimismo, resaltó las buenas relaciones que ha mantenido con el referido colegio profesional, al tiempo que expresó su interés en continuar ampliando esos vínculos, que en definitiva redundan en beneficio de la sociedad dominicana.

Seguir fortaleciendo la relación entre el Gobierno y el gremio

De su lado, el doctor Peña Núñez agradeció al presidente Luis Abinader, a la vicepresidenta Raquel Peña y al ministro Andrés Bautista por la receptividad mostrada, destacando el interés común de seguir fortaleciendo la relación entre el Gobierno y el gremio.

La comisión del Colegio Médico Dominicano también estuvo integrada por los doctores Miosotte Lazala Monegro, secretaria general; Máximo Bello Pérez, secretario de Finanzas; José Domínguez, presidente regional Norte; Gilberto Tejada Jiménez, encargado de Relaciones Públicas; Felicia Núñez, responsable de Publicaciones, y Mercedes Rodríguez, representante del área de Jubilados y Pensionados.

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Dominicano deportado de EE.UU. acusado de la muerte de cuatro personas

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Dominicano deportado de EE.UU. acusado de la muerte de cuatro personas


SANTO DOMINGO.- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en dos de cuatro procesos que pesan contra un dominicano deportado de Estados Unidos, vinculado a la muerte de al menos cuatro personas en distintos hechos violentos.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso que Ismael Ceballos Pérez (Ismael) cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) Najayo-Hombres, por el asesinato de Edwin José de los Santos Surun, durante un hecho ocurrido en la madrugada del 26 de julio de 2021.

De acuerdo con la investigación del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional, el hecho ocurrió mientras el imputado perpetraba un robo utilizando armas de fuego en una vivienda del sector Cristo Rey, Distrito Nacional, en asociación con los ya condenados Stever Lorenzo López (Papi Steven), José Miguel Betances de la Cruz (Bombillón), Yerji Rosso, Antonio Cuello Belén (Alex), Néstor Anel Arcángel Castillo y Francisco Arcángel Castillo (Jobino).

De igual manera, el imputado enfrentará prisión preventiva por la muerte de Walter Alexander Benítez (Bobolo), ocurrida en la calle Félix Evaristo Mejía, sector Villas Agrícolas, Distrito Nacional.

El Ministerio Público establece que, en fecha 16 de abril de 2023, Ceballos Pérez, en asociación con Jhoan y/o Yoan de la Cruz (bajo medida de coerción por este hecho), Ricky Valentín Taveras Martínez (recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Victoria por otro proceso) y otras dos personas, participó en un hecho que culminó con la muerte de la víctima.

Conforme a las investigaciones, el imputado desempeñó un rol activo en la planificación del crimen, reclutando al menos a dos personas para su ejecución, a quienes mostró una fotografía de la víctima y coordinó su traslado hasta la escena. Las indagatorias del órgano acusador establecen que el hecho fue perpetrado a cambio de la suma de trescientos mil pesos (RD$300,000).

Al procesado, Ismael Ceballos Pérez (Ismael), se le imputan muertes por encargo, intentos de asesinato y participación en asociación de malhechores para cometer robo agravado, hechos cuya gravedad y recurrencia evidencian un patrón delictivo reiterado.

Otros dos procesos pendientes

Se espera que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente conozca este martes 14 de abril de 2026, el proceso relativo al hecho ocurrido el 21 de septiembre de 2021, cuando Ceballos Pérez, en asociación con los también condenados Rayniel Miguel Vásquez (Yensy), Sigfrido Antonio Pereyra Matos (Pipi) y Randy Eduardo Soto, participó en un asalto a mano armada que culminó con la muerte de José Juanelgi Jiménez De Jesús, en un hecho ocurrido en la calle 38, esquina 43, del sector Cristo Rey.

Asimismo, se le vincula al hecho ocurrido el 11 de agosto de 2023, cuando ultimó a Markio Antonio Cabrera Pérez e hirió a Starlyn Moisés González (el Power), en la avenida Nicolás de Ovando, próximo a la tienda La Marqueta, en el sector Cristo Rey, Distrito Nacional.

De acuerdo con la investigación, el imputado se presentó en el lugar encapuchado y a bordo de una motocicleta, sorprendiendo a las víctimas mientras se encontraban en su lugar de trabajo, donde realizó múltiples disparos con un arma de fuego, ocasionando la muerte de una de ellas y heridas a otra. Las indagatorias establecen que el hecho habría estado motivado por conflictos personales.

Asimismo, el 6 de agosto de 2023, días antes de este hecho, el imputado había herido de bala a Pablo José Santana (Pablito), en el marco de rencillas anteriores. Análisis forenses confirman que en ambos eventos fue utilizada la misma arma de fuego, conforme a los certificados correspondientes.

Arresto

Tras la comisión de estos hechos, el imputado huyó del país con la intención de evadir su responsabilidad penal, trasladándose hacia Puerto Rico y posteriormente a Estados Unidos, desde donde fue deportado, siendo arrestado el 7 de abril de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en virtud de una orden judicial emitida en su contra.

El Ministerio Público ha otorgado a estos hechos distintas calificaciones jurídicas provisionales, que incluyen violaciones a los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302, 304, 309, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

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