EL NUEVO DIARIO, SAN JOSÉ.- La activista opositora nicaragüense Nadia Robleto, quien sobrevivió a un atentado en Costa Rica junto a su pareja sentimental, el disidente desnacionalizado Joao Maldonado, sostuvo este miércoles que ella es el «retrato vivo de la persecución transnacional» que, a su juicio, ejecuta el Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

«Soy un retrato vivo de la persecución transnacional», enfatizó Robleto, quien convalece en una silla de ruedas, durante el foro ‘La represión transnacional del régimen nicaragüense’, organizados por la Fundación Arias para la Paz, Fundación Sin Límites, Colectivo Nicaragua Nunca Más, y Taula Catalana Pels Drets Humans i la Pau a l’América Central.

Robleto sobrevivió a un ataque ocurrido el 10 de enero de 2024 cuando, junto a su pareja, Maldonado, viajaban en un automóvil en San Pedro de Montes de Oca, en el sector este de San José, y fueron interceptados por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes les dispararon en múltiples ocasiones, por lo que las victimas tuvieron que ser remitidas hasta un centro médico.

Ambos se encontraban refugiados en Costa Rica y haciendo gestiones para trasladarse a Estados Unidos a través de un programa de reasentamiento de refugiados que coordina el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

En el caso de Maldonado -que perteneció al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ingeniero de profesión, naturalizado español e hijo del fallecido mayor en retiro del Ejército de Nicaragua Tomás Maldonado, quien estuvo preso entre agosto de 2018 y junio de 2019, tras participar en protestas antigubernamentales-, ha sobrevivido a dos atentados en Costa Rica, de los cuales culpa al Gobierno y a las Fuerzas Armadas de su país.

¿Usan embajadas para cazar opositores?

«La persecución transnacional ha llegado adonde sea que haya una embajada nicaragüense», lanzó Robleto, una abogada de 39 años que aún sufre las secuelas del disparo que recibió.

Madre de tres hijos y disidente del FSLN, la activista que se define como una sobreviviente de un atentado, dijo que sufrió un infarto y un paro respiratorio tras este ataque, los médicos la declararon tetrapléjica y quedó con problemas en el habla y en la respiración.

Además, dijo, «fui revictimizada por el Gobierno de Costa Rica», porque, según explicó, le quitaron a sus hijos menores y se los entregaron a su padre, que reside en Nicaragua, cuando convalecía y no se podía defender.

Por su lado, la socióloga nicaragüense Claudia Vargas, viuda del opositor desnacionalizado Roberto Samcam, un mayor en retiro del Ejército naturalizado español y asesinado a tiros el 19 de junio de 2025 en su residencia en San José, donde se hallaba refugiado desde 2018, también aseguró que los refugiados en Costa Rica son víctimas de la persecución que, dijo, ejecuta el Gobierno sandinista.

«El exilio en Costa Rica se vive desde la insegruidad de un país que ya nos ha dicho varias veces que no puede protegernos, que no tiene la capacidad de protegernos y no es porque Costa Rica no quiera protegernos, es porque hay un brazo impune (en Nicaragua) que está cruzando la frontera y nos está persiguiendo de manera selectiva», denunció Vargas en el mismo foro.

«No nos perdona que nos hayamos levantado, que hayamos levantado la voz y que lo sigamos haciendo desde el exilio”, agregó.

Los defensores de derechos humanos nicaragüenses en el exilio Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, y Lea Bolt, de la Fundación Sin Límites, afirmaron en el foro que la «persecución transnacional existe» y que sus organizaciones han documentado denuncias al respecto.

Organismos nicaragüenses han pedido a Costa Rica esclarecer esos atentados, que exiliados opositores de ese país se lo atribuyen al Gobierno de Ortega y Murillo.

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