Internacionales
Indígenas de Ecuador aseguran que ley de Noboa contra economía criminal «amenaza» derechos – El Nuevo Diario (República Dominicana)

EL NUEVO DIARIO, GUAYAQUIL. – La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) dijo este lunes que el proyecto de ley que el presidente Daniel Noboa envió el sábado a la Asamblea Nacional (Parlamento) para desarticular las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno «representa una grave amenaza contra los derechos humanos, las libertades civiles y el Estado plurinacional de derechos».
En un comunicado, la organización indígena, presidida por el excandidato presidencial Leonidas Iza, señaló que «lejos de responder a una verdadera urgencia económica», la propuesta «constituye un intento inconstitucional por instaurar un régimen represivo, amparado en el ‘conflicto armado interno’» que Noboa declaró en 2024 para luchar contra las bandas del crimen organizado.
El proyecto de ley busca que se establezca la autorización del uso de la fuerza de la Policía y Fuerzas Armadas como régimen propio distinto a la ley del uso progresivo de la fuerza, que se califique a los delincuentes como combatientes y que el presidente pueda anunciar que indultará a policías o militares procesados por hechos relacionados con el conflicto aún cuando los casos estén en investigación.
Además, plantea reformas al código penal para tipificar como delito la pertenencia a un grupo armado organizado, lo que será sancionado con hasta 26 años de prisión, mientras que quienes dirijan o financien a estas organizaciones podrán recibir condenas de hasta 30 años de cárcel.
También busca que se imponga «como regla general en delitos contra los bienes y personas protegidos por el derecho internacional humanitario durante el conflicto armado interno» la prisión preventiva para los detenidos, que los allanamientos se realicen con «control posterior de un juez» y que haya procedimientos de juzgamiento expedito.
E incluye reformas a la Ley de Régimen Tributario y a otras normativas relacionadas con la seguridad y el lavado de activos.
«Desmantelar las estructuras del crimen organizado es una urgencia para el país. Sin embargo, este proyecto de ley evade las causas profundas del problema: el poder político, económico, y territorial que la ‘narcoeconomía’ ha consolidado con la complicidad de sectores del Estado y las élites económicas», señaló la Conaie.
«Fortalecer un aparato represivo sin una voluntad real de enfrentar estas raíces profundas no hace más que perpetuar el ciclo de violencia, impunidad y exclusión social», agregó.
El movimiento indígena dijo que el proyecto de ley otorga «poderes excesivos» al denominado Bloque de Seguridad, conformado por instituciones como la Policía y las Fuerzas Armadas junto a los ministerios de Interior y de Defensa, «sin control ciudadano ni límites claros», lo que, agregaron, le permite «intervenir en ámbitos judiciales, financieros y migratorios sin rendición de cuentas».
La Conaie hizo también un llamado a los nueve asambleístas del movimiento Pachakutik, el brazo político de la organización, para que no voten a favor de esta ley que, según ellos, «institucionaliza la represión, criminaliza la protesta social y entrega privilegios a las élites económicas».
Algunos de ellos se aliaron con el oficialismo para que el exministro de Turismo Niels Olsen pueda ser nombrado como presidente del Legislativo.
Noboa declaró en 2024 el estado de «conflicto armado interno» con el objetivo de combatir a las bandas del crimen organizado locales a las que pasó a denominar como «terroristas» y que son las principales causantes de la escalada de violencia que llevó al país a estar a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios en 2023.
Y aunque el año pasado hubo una reducción de los homicidios, en 2025 la violencia ha vuelto a repuntar hasta alcanzar el promedio de un asesinato por hora, el inicio de año más violento de la historia de Ecuador.
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ONG Surgentes propone una ley de amnistía para liberar a los presos políticos en Venezuela – El Nuevo Diario (República Dominicana)

Foto de archivo de la activista Martha Grajales (2d) habla en una manifestación en Caracas (Venezuela). EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ
EL NUEVO DIARIO, CARACAS.- La ONG venezolana Surgentes propuso este lunes la creación de una ley de amnistía que permita la “extinción de la acción penal” en todos los casos de presos políticos en el país, al considerar que se trata de una medida que contribuiría a la recuperación de la constitucionalidad.
«Se trata de una medida urgente que abonaría a la recuperación de la constitucionalidad en el país y a abrir progresivamente condiciones para el diálogo y la convivencia democrática», indicó la organización en un comunicado.
Se excluirían de esta ley, aclaró la ONG, los delitos graves contra las personas, violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
La organización saludó la excarcelación de 13 presos políticos en Venezuela, según informaron dirigentes opositores la madrugada del domingo.
A juicio de Surgentes, esta decisión permite «avanzar hacia la solución democrática, institucional y constitucional de las diferencias políticas que atraviesa el país y que amenazan gravemente la defensa y vigencia de los derechos humanos».
«El conflicto venezolano debe reconstitucionalizarse y eso pasa, entre otras medidas, por liberar a todos los presos políticos y ofrecer garantías para el ejercicio de la política y el respeto a la soberanía popular», añadió.
De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 815 presos políticos, la mayoría detenidos tras las protestas en contra del resultado oficial de los comicios presidenciales de julio de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro, rechazado por la oposición mayoritaria y parte de la comunidad internacional.
Por su parte, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».
Los diputados electos a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Henrique Capriles y Tomás Guanipa dieron a conocer en la madrugada de este domingo en sus redes sociales la excarcelación de 13 presos políticos, entre ellos, el exalcalde de la ciudad de Maracaibo (noroeste) Rafael Ramírez -detenido en octubre de 2024- y el exmandatario de la vecina localidad de Cabimas Nabil Maalouf, arrestado en diciembre del año pasado.
Capriles sostuvo en su publicación que están en «libertad: Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli, Américo de Grazia».
De igual forma, el dos veces candidato presidencial, agregó que recibieron «casa por cárcel: Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa, David Barroso».
Entretanto, Guanipa, hermano de Pedro Guanipa, destacó que celebran «la libertad de hermanos de vida» y consideró que «este año ha sido de dolor para todos».
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Prisión preventiva en Ecuador para 18 detenidos por EE. UU. en altamar por narcotráfico – El Nuevo Diario (República Dominicana)

EL NUEVO DIARIO, GUAYAQUIL.- Dieciocho ecuatorianos que fueron detenidos en diversas operaciones contra el narcotráfico en altamar, en las que la Guardia Costera de Estados Unidos incautó 10,3 toneladas de droga en coordinación con la Armada y la Policía del país andino, fueron enviados a prisión preventiva, informó este lunes la Fiscalía.
Los hombres fueron detenidos entre el 2 y el 22 de agosto en aguas internacionales y llegaron este domingo, junto con los bloques de droga, al puerto de la ciudad costera de Manta, de la provincia de Manabí, a bordo de la embarcación USCGC Seneca, de la Guardia Costera estadounidense, para ser entregados para su respectivo procesamiento por el presunto delito de tráfico de drogas.
La Policía indicó que la droga incautada está valorada en más de 60 millones de dólares en el mercado internacional.
Este lunes se instalaron seis audiencias en las que la Fiscalía relató las circunstancias de las capturas y presentó las evidencias obtenidas durante las operaciones en altamar, entre las que están, además de la droga, dispositivos tecnológicos como GPS y teléfonos satelitales.
De acuerdo al Ministerio Público, José S., Eduardo M. y Walter A. fueron procesados por 11,4 kilos de clorhidrato de cocaína; Wilmer M., Jonathan C. y Diego V., por 11,5 kilos, y Juan L. y Mario M., por 445 kilos.
En otras tres audiencias se procesó a José G., Freddy B., Carlos G. y Jeremy E. por 1,8 toneladas de clorhidrato de cocaína; a Gregorio T., Bryan Ch. y Alfredo M., por 11 kilos; y Luis G., Sender C. y José S., por 11,55 kilos más.
En el primer semestre del año, en el país andino se habían incautado alrededor de 105 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, según cifras oficiales, y a mediados de julio llegaron también a Manta 14 toneladas de droga que fueron decomisadas en altamar en cinco operaciones coordinadas con EE.UU.
Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.
Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.CARACAS.- La ONG venezolana Surgentes propuso este lunes la creación de una ley de amnistía que permita la “extinción de la acción penal” en todos los casos de presos políticos en el país, al considerar que se trata de una medida que contribuiría a la recuperación de la constitucionalidad.
«Se trata de una medida urgente que abonaría a la recuperación de la constitucionalidad en el país y a abrir progresivamente condiciones para el diálogo y la convivencia democrática», indicó la organización en un comunicado.
Se excluirían de esta ley, aclaró la ONG, los delitos graves contra las personas, violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
La organización saludó la excarcelación de 13 presos políticos en Venezuela, según informaron dirigentes opositores la madrugada del domingo.
A juicio de Surgentes, esta decisión permite «avanzar hacia la solución democrática, institucional y constitucional de las diferencias políticas que atraviesa el país y que amenazan gravemente la defensa y vigencia de los derechos humanos».
«El conflicto venezolano debe reconstitucionalizarse y eso pasa, entre otras medidas, por liberar a todos los presos políticos y ofrecer garantías para el ejercicio de la política y el respeto a la soberanía popular», añadió.
De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 815 presos políticos, la mayoría detenidos tras las protestas en contra del resultado oficial de los comicios presidenciales de julio de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro, rechazado por la oposición mayoritaria y parte de la comunidad internacional.
Por su parte, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».
Los diputados electos a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Henrique Capriles y Tomás Guanipa dieron a conocer en la madrugada de este domingo en sus redes sociales la excarcelación de 13 presos políticos, entre ellos, el exalcalde de la ciudad de Maracaibo (noroeste) Rafael Ramírez -detenido en octubre de 2024- y el exmandatario de la vecina localidad de Cabimas Nabil Maalouf, arrestado en diciembre del año pasado.
Capriles sostuvo en su publicación que están en «libertad: Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli, Américo de Grazia».
De igual forma, el dos veces candidato presidencial, agregó que recibieron «casa por cárcel: Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa, David Barroso».
Entretanto, Guanipa, hermano de Pedro Guanipa, destacó que celebran «la libertad de hermanos de vida» y consideró que «este año ha sido de dolor para todos».
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Al menos tres muertos, 10 heridos y unas 10.000 casas dañadas en Vietnam por tifón Kajiki – El Nuevo Diario (República Dominicana)

Las víctimas mortales fueron registradas en las provincias de Nghe An, Ninh Binh y Ha Tinh, esta última con 5 heridos. Ilustración/El Nuevo Diario
EL NUEVO DIARIO, BANGKOK. – Al menos tres personas murieron y diez resultaron heridas por el impacto del tifón Kajiki, que dañó unas 10.000 viviendas tras golpear en la tarde del lunes el centro-norte de Vietnam, informa este martes el Gobierno.
Las víctimas mortales fueron registradas en las provincias de Nghe An, Ninh Binh y Ha Tinh, esta última con el mayor número de heridos (5), conforme a los informes iniciales de este martes publicados por Hanói.
Antes de la llegada del tifón, las autoridades contemplaron un plan de emergencia para evacuar de sus hogares a unas 500.000 personas debido a los riesgos asociados con la tormenta.
Kajiki, calificado como «muy fuerte y peligroso» por las autoridades del país comunista, tocó tierra en la tarde del lunes entre las provincias de Nghe An y Ha Tinh con vientos sostenidos de entre 90 y 117 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 150.
Tras tocar tierra el tifón se debilitó hasta convertirse en una depresión tropical, mientras que este martes ya se encuentra en la región norte de Laos rumbo al norte de Tailandia.
El fenómeno meteorológico ha dejado en Vietnam copiosas lluvias, que, a su vez, provocaron riadas, el desbordamiento de varios ríos y al menos seis corrimientos de tierra, según el informe oficial.
El Departamento de Meteorología vietnamita pronostica fuertes precipitaciones en la región centro-norte, incluida Hanói, hasta el miércoles.
Kajiki también provocó el derrumbe de siete casas, mientras que casi 3.100 viviendas quedaron inundadas y más de 6.800 sufrieron desperfectos en el techo. Además, las lluvias causaron daños en decenas de miles de hectáreas de cultivo.
Según el informe oficial, el mal tiempo ha dejado sin servicio de agua corriente a miles de personas y más de un millón de habitantes están sin electricidad, mientras las escuelas siguen cerradas.
Durante el lunes, los aeropuertos de Ha Tinh y Quang Tri permanecieron cerrados, lo que afectó a 65 vuelos, indicó el Ministerio de Transporte.
El Ejecutivo ordenó ayer el despliegue de casi 350.000 oficiales y soldados, junto con 8.200 vehículos de todo tipo para apoyar en la respuesta al tifón, según reseña la agencia pública Vietnam News.
En China el tifón afectó a más de 100.000 personas a su paso el domingo por la provincia isleña china de Hainan (sur), donde los servicios de bomberos realizaron rescates, retiradas de objetos y árboles y labores de saneamiento en varios puntos tras fuertes lluvias y vientos.
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