SANTO DOMINGO.- Al valorar las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal del distrito judicial de San Cristóbal impuso prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre imputado de asesinar a su pareja y luego mutilar su cuerpo, incinerarlo y ocultar los restos mortales.

Rodolfo Antonio Ramírez Ramírez (el Barbero) fue apresado y sometido a la justicia por su vinculación con la muerte de Lisset Melenciano Tejada, quien había sido reportada como desaparecida por sus familiares el pasado 7 de octubre.

Ramírez es imputado de cometer los hechos después de que este contactara a la víctima vía telefónica mientras ella se encontraba en la residencia de su madre.

Según se ha establecido durante la investigación, alrededor de las 9:00 de la mañana del día 5 de octubre del 2025, Lisset Melenciano Tejada había salido de la residencia de su madre en dirección a la vivienda que compartía con su pareja en la comunidad Canastica, de San Cristóbal, sin que, a la fecha de la interposición de la denuncia, el pasado 7 de octubre de 2025, se conociera de su paradero.

La solicitud de medida de coerción detalla que porciones del cuerpo de una persona, fragmentos óseos, porciones de la pelvis, columna, dorso lumbar, tercio superior de ambos muslos, fragmentos del cráneo y parte de huesos largos, fueron encontrados quemados en un solar ubicado detrás de la residencia del procesado con un tiempo aproximado de la muerte de 3 a 5 días.

En la casa del imputado fue ejecutada una orden de allanamiento, siendo encontrado en el patio de la residencia una coa de hierro y un arma blanca (machete), de aproximadamente 14 pulgadas de largo, de color blanco.

El Ministerio Público requirió al Departamento de Serología Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la realización de prueba de ADN forense de los restos mutilados y carbonizados encontrados, para compararlo con el de la madre de la víctima, a los fines de constatar si son genéticamente coincidentes, así como también las muestras de manchas, presumiblemente, sangre, que fueron colectadas mediante reactivo de luminol en la residencia del imputado para realizarle la experticia de serología. La Fiscalía de San Cristóbal está a la espera de los resultados.

Las fiscales investigadoras Patricia Danilda Durán Valerio y Laura Cecilia Segura Cordero otorgaron al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 295, 296, 297, 298, 302, 304 y 359 del Código Penal dominicano.

En la audiencia la fiscal litigante Fernelis Rodríguez representó al Ministerio Público, estableciendo con diferentes evidencias la vinculación del imputado al caso.

El juez José Carlos Nina Arias impuso la prisión preventiva al imputado y ordenó su cumplimiento en la cárcel pública de Baní, en la provincia Peravia.

El Ministerio Público indicó que el imputado Rodolfo Antonio Ramírez Ramírez tiene conducta reiterada en la comisión de ilícitos penales, en virtud de que el citado tribunal en fecha 5 de agosto del 2025, le impuso medida de coerción, consistente en garantía económica y presentación periódica por violar los artículos 309-2 del Código Penal y 396, literales A y B, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes  (Ley 136-03), cometido en perjuicio de una expareja y un menor de edad, para quienes se emitió una orden de protección.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público obtuvo una sentencia condenatoria de 30 años de prisión contra un hombre que incendió la vivienda de su vecino, en un hecho ocurrido el 1 de septiembre de 2024, en la carretera Nueva Circunvalación del municipio de Los Alcarrizos.

El condenado Edwin Féliz Jhons fue hallado culpable luego de que el órgano acusador, representado en el juicio por los fiscales Sugely Valdez y Nicasio Pulinario, presentara ante el tribunal múltiples pruebas que demostraron su responsabilidad penal en el hecho.

De acuerdo con la investigación dirigida por el fiscal Argenis Gutiérrez, varios testigos presenciales observaron al procesado dirigirse hacia la residencia de la víctima, portando un galón con gasolina. Minutos después, la vivienda fue consumida por las llamas junto con los ajuares que se encontraban dentro de la misma.

Tras provocar el incendio, Féliz Jhons intentó huir del lugar, pero fue detenido por miembros de la comunidad, quienes lo retuvieron en un establecimiento comercial hasta la llegada de una patrulla policial, siendo arrestado en flagrante delito.

El tribunal, integrado por las juezas Leonarda Quezada, Sandra Josefina Cruz y Clara Yoselin Rivera, lo declaró culpable de violar el artículo 434 del Código Penal dominicano, que tipifica el delito de incendio, y dispuso que cumpla la pena impuesta en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria.

Nueva York. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, afirmó ayer que el Pleno de esa institución “se opone radicalmente” al uso de otro documento que no sea la cédula de identidad y electoral para ejercer el derecho al voto.

Jáquez Liranzo manifestó que la cédula de identidad y electoral es el único documento con rango constitucional y es el único habilitado para que los dominicanos y dominicanas puedan votar en las elecciones nacionales que se realizan en el país y en la comunidad dominicana en el exterior.

“Con todo el respeto que merecen los poderes del Estado, sobre todo el Poder Legislativo, la JCE se opone radicalmente al uso de otro documento que no sea la cédula de identidad y electoral para ejercer el derecho al voto. Es el único documento mencionado constitucionalmente, no se puede usar otro y esto es lo que vamos a apoyar”, expresó.

La respuesta se produjo ante la inquietud de dominicanos y dominicanas residentes en el exterior sobre el particular, durante la asamblea de presentación de propuestas de aspirantes a miembros de la Oficina de Coordinación de Logística Electoral (OCLEE), en esta ciudad.

En otro orden, Jáquez Liranzo también se refirió a interrogantes surgidas respecto al contrato de adjudicación de la nueva cédula.

En ese sentido, reiteró que el Pleno de la JCE garantiza que en la contratación no se vulnera en lo absoluto la identidad de los dominicanos.

“El software y los sistemas tecnológicos son creados y propios de la JCE y la data está blindada y nosotros les garantizamos que sus documentos están resguardados y les pertenecen constitucionalmente a la JCE”, expresó.

Recordó que el Pleno realizó una rueda de prensa en la que se aclaró que el consorcio EMDOC, ganador de la licitación que se realizó con la participación de las organizaciones políticas, está integrado por una empresa dominicana, dos panameñas y dos alemanas, y su único papel en el proceso de renovación de la cédula, será proporcionar los materiales que serán utilizados.

El pasado fin de semana una comisión encabezada por Jáquez Liranzo y los miembros titulares del Pleno, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, coordinadora del Voto Dominicano en el Exterior; Samir Rafael Chami Isa, coordinador de la Comisión de las Juntas Electorales, así como el director del Voto en el Exterior, Well Sepúlveda, escucharon la presentación de propuestas de aspirantes a miembros de la OCLEE en esta ciudad, durante una asamblea en la que participaron representantes de diferentes organizaciones políticas y civiles, así como también dominicanos y dominicanas interesados en pertenecer o proponer candidatos a integrar esta OCLEE.