EL NUEVO DIARIO, LIMA. – La expresidenta de Perú Dina Boluarte declaró este viernes que no piensa buscar asilo ni salir de su país, tras haber sido destituida este jueves por el Congreso, y aseguró que no es «responsable de ninguno» de los casos por los que la Fiscalía la investiga.

Boluarte ofreció un breve pronunciamiento a los medios que la esperaron durante todo el día en la puerta de su vivienda, en el distrito limeño de Surquillo, para ratificar su permanencia en el país.

«Desde ayer y desde esta mañana se ha estado indicando a través de los medios de comunicación que estaba no habida o había buscado asilo, nada de ello es cierto, estoy en mi hogar», sostuvo.

La exgobernante, quien estuvo acompañada por uno de sus abogados, Juan Carlos Portugal, dijo que llegó a su vivienda hacia las 3 de la madrugada de este viernes y que luego estuvo descansando.

«No está siquiera en el más mínimo pensamiento, ni mi sentimiento patriótico, dejar el país», reiteró antes de ratificar que está «tranquila» con su «conciencia».

Durante la noche del jueves, tras conocerse que la mandataria iba a ser destituida por el Congreso, corrieron rumores de que podía buscar un eventual asilo en embajadas de países como Argentina, Brasil o Ecuador, lo que fue descartado en ese momento por el abogado Portugal.

A pesar de ello, decenas de personas llegaron hasta la sede de la Embajada de Ecuador en Lima para protestar contra Boluarte y tratar de impedir un eventual ingreso de la ahora exgobernante a esa sede diplomática.

No se siente responsable de delitos

Este viernes, el Poder Judicial de Perú informó que el próximo miércoles evaluará una petición presentada por la Fiscalía para prohibir que Boluarte salga del país hasta por tres años mientras se le investiga por denuncias de presunta corrupción y violaciones a los derechos humanos.

El fiscal general peruano, Tomás Gálvez, cursó el pedido en tres de las, al menos, once investigaciones que enfrenta la destituida mandataria.

Al respecto, Boluarte rechazó que tenga responsabilidad en las acusaciones que se le hacen y reiteró que no piensa salir del país.

«Aquellos casos que están en investigación en el Ministerio Público, no soy responsable de ninguno de ellos», sostuvo para luego ratificar que está en calma y seguirá «permanentemente en el país».

La Fiscalía ha pedido que se le impongan 18 meses de impedimento de salida del país por las investigaciones que se le siguen por una presunta negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.

Además, ha solicitado 36 meses de impedimento de salida como parte de las indagaciones que sigue en su contra por un supuesto lavado de dinero para pagar a reparación civil de Vladimir Cerrón, el líder del partido de corte marxista Perú Libre con el que Castillo y ella ganaron las elecciones de 2021.

Entre los hechos más graves que se imputan a la exmandataria está la muerte de al menos 49 personas durante la represión de las protestas que se desataron en el país entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, luego de que reemplazara en la jefatura de Estado a Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta, tras un fallido intento de golpe de Estado de este.

Es investigada también por supuestamente recibir regalos lujosos como relojes Rolex y joyas no declaradas, no informar que iba a estar impedida físicamente para ejercer el cargo cuando se sometió a una serie de cirugías estéticas y falsificar la firma en varios decretos durante el tiempo que estuvo convaleciente.

Boluarte, la primera mujer que ocupó la presidencia de Perú, fue destituida durante la madrugada de este viernes de manera exprés por el Congreso tras perder el apoyo de los partidos de derecha que la sostenían en el poder, ante su enorme impopularidad, ya que apenas tenía un 3 % de aceptación entre los peruanos según varios sondeos, y la cercanía de las elecciones generales convocadas para abril de 2026.

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