SANTO DOMINGO.-Fundamentado en las pruebas aportadas por el Ministerio Público, un tribunal condenó a penas de 30 y 20 años de prisión a dos hombres hallados culpables de provocar la muerte a una pareja propietaria de una cabaña del municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, en el año 2022.

La condena de 30 años de prisión fue impuesta contra Raulyn Martínez de la Cruz, mientras que 20 años de prisión y el pago de una indemnización de 10 millones de pesos fue dictada en contra de Nervin Alcequiez Hilario, hijo del occiso.

Ambos fueron condenados por la muerte de los señores Santos Alcequiez y Miriam Altagracia Grullón Liz, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida en dicho establecimiento el 30 de marzo de 2022, un día después del crimen.

El expediente acusatorio detalla que los hechos ocurrieron en dicho establecimiento alrededor de las 10:30 de la noche del 29 de marzo de 2022.

Martínez de la Cruz penetró a dicho lugar luego de realizar una negociación con Alcequiez Hilario, mediante la cual este le encargaba matar a su padre a cambio de la suma de 400 mil pesos para sustraer documentaciones de unas propiedades.

Dos semanas antes de que ocurrieran los hechos, Alcequiez Hilario le proporcionó la suma de doscientos cincuenta mil pesos (RD$250,000) a Martínez de la Cruz, además de un arma de fuego para la comisión de los hechos.

Al día siguiente de ejecutar los crímenes los dos procesados se reunieron, procediendo Martínez De La Cruz a hacerle entrega a Alcequiez Hilario del arma de fuego, mientras que este último le hizo entrega de la suma de RD$150 mil pesos como pago final.

La calificación jurídica del hecho punible está establecida en los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal dominicano.

Martínez de la Cruz deberá cumplir la sentencia en la Fortaleza Olegario Tenares, de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, mientras que Nervin Alcequiez Hilario la cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle, de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

La procuradora fiscal Odalis Mercado Morris tuvo a cargo la litigación del caso, cuya investigación fue realizada por la fiscal Helaynne Guzmán de Jesús.

El Tribunal Colegiado de María Trinidad Sánchez, presidido por Salma Bonilla Acosta, dictó la sentencia condenatoria basado en los elementos de pruebas aportados por el Ministerio Público.

Santo Domingo.- El director de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, informó que la cancelación de un proceso de contratación realizado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) fue una decisión adoptada por la propia entidad contratante con el propósito de revisar el pliego de condiciones y las especificaciones técnicas del procedimiento, al tiempo que aclaró que la medida no estuvo motivada por irregularidades.

Durante una rueda de prensa, el funcionario explicó que la DGCP realizó observaciones técnicas al pliego, las cuales podían ser corregidas dentro del plazo de enmiendas establecido en la normativa vigente, por lo que el proceso se desarrollaba de manera normal.

“El pliego de condiciones estaba apegado a la normativa. Tenía observaciones mínimas vinculadas a los criterios de adjudicación, que técnicamente podían ser más precisos, algo que es normal dentro de estos procedimientos”, explicó.

Pimentel indicó que la entidad contratante tenía la facultad de modificar el pliego de condiciones y continuar el procedimiento, pero decidió cancelarlo para realizar una revisión más detallada antes de determinar si mantiene la necesidad de adquirir el bien y convocar un nuevo proceso de contratación.

También señaló que las observaciones realizadas por el órgano rector estaban relacionadas con criterios de adjudicación que podían ser formulados con mayor precisión técnica, lo cual forma parte del proceso regular de supervisión que establece la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.

Indicó, además, que el rol del órgano rector consiste en revisar los pliegos, hacer recomendaciones y supervisar que los procesos se ajusten a la ley, destacando que la etapa de enmiendas forma parte regular del sistema de contrataciones del Estado.

Asimismo, el director de la Dirección General de Contrataciones Públicas aclaró que la decisión de cancelar el procedimiento no fue tomada por la DGCP, sino por el propio INABIE, entidad responsable de gestionar la licitación.

Dajabón.- Miembros de la Subdirección Regional Noroeste de Inteligencia (DINTEL) detuvieron a un presunto contrabandista y apresaron a seis haitianos en condición migratoria irregular, durante un operativo realizado en el centro de esta ciudad.

El detenido es Wiltonne Joseph, de 44 años, de nacionalidad haitiana, quien, según las investigaciones preliminares, se dedica al traslado ilegal de ciudadanos haitianos hacia territorio dominicano.

El arresto se produjo en la calle Dulce de Jesús Senfleur, donde el imputado fue sorprendido transportando a los seis extranjeros sin ningún tipo de documentación.

De acuerdo con las autoridades, Joseph es señalado como cabecilla de una red dedicada al tráfico de indocumentados en la provincia de Dajabón, por lo que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles implicados en esta estructura delictiva.

El detenido se encuentra bajo custodia policial para los fines legales correspondientes, mientras que los extranjeros indocumentados serán puestos a disposición de las autoridades competentes.