EL NUEVO DIARIO, GUAYAQUIL (ECUADOR). – El alcalde de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, Aquiles Álvarez, pidió este miércoles explicaciones a laFiscalía y al Gobierno sobre la liberación de un sospechoso de provocar una explosión en una zona comercial de la urbe el pasado junio y los supuestos vínculos que tendría con una empresa de la familia del presidente Daniel Noboa.

El caso se remonta al 3 de junio, cuando hubo una fuerte explosión en La Bahía, una zona comercial muy concurrida del centro de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, que en ese momento era acechada por extorsionadores.

Por medio de las cámaras de videovigilancia, las fuerzas de seguridad identificaron que el vehículo que presuntamente se había utilizado para colocar esos explosivos llegó a una vivienda del sur de la ciudad, por lo que allanaron el lugar y se llevaron detenido a un hombre.

Álvarez relató que minutos después de esa detención llegó hasta ese sitio un vehículo Porsche registrado a nombre de Industrial Molinera, empresa perteneciente a la familia de Noboa y que no había sido reportado como robado, y que de él se bajó una señora que ingresó a la vivienda de donde había salido el sospechoso de poner los explosivos en La Bahía.

«Tienen que esclarecer la situación»

Semanas después, el hombre, identificado como Iván Ballesteros, fue sobreseído del delito de terrorismo por el que había sido procesado y enviado a prisión preventiva en un primer momento y pese a los «muchísimos elementos de convicción» que, según el alcalde, había en su contra.

«Tienen que esclarecer esta situación. Lo que menos quisiéramos es que la empresa de la familia del presidente tenga algo que ver con estos temas, pero necesitamos respuestas porque el silencio también comunica. Quedarse callado es alimentar teorías que hoy podrían tener evidencias de ser verdades. Tendrían características para pensar cosas feas», señaló.

«Me genera dudas que el carro de Industrial Molinera haya estado minutos después de que se lleven a Iván B. y que la señora del carro de Industrial Molinera esté en la casa de Iván B. Yo vi ese video dos veces. Es terrible, estamos hablando de terrorismo», añadió la autoridad municipal.

Álvarez dijo que sobre este tema «debería pronunciarse la familia» del presidente, la empresa señalada y la Fiscalía.

«Nadie quiere vivir en un Estado terrorista», añadió el alcalde, que llegó al poder local de la mano de la Revolución Ciudadana, el partido liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), y que desde hace un año enfrenta una acusación por presunta comercialización ilegal de combustibles que él ha señalado como un caso político.

Relación con carro bomba

Álvarez dijo que se pronunciaba recién sobre este tema porque, por la mañana, el asambleísta Juan Andrés González, jefe parlamentario del correísmo, había puesto una denuncia en la Fiscalía para que se investigue el caso, después de solicitar al municipio los videos como parte de un trabajo de fiscalización por pedido de los comerciantes de La Bahía.

Además, aseguró que cree que el hombre podría estar relacionado con la explosión de un coche bomba que se registró la noche de este martes en el centro financiero de Guayaquil, en los exteriores de un importante centro comercial y de un edificio de oficinas también vinculado a la familia del mandatario, y que dejó un muerto y treinta heridos.

«Yo tengo serias dudas de que Iván B. por supuesto que sigue trabajando con ese grupo terrorista y que tiene mucho que ver con todas las bombas», aseguró.

El alcalde también le pidió al gobernador (delegado provincial del Gobierno) del Guayas, Humberto Plaza, que se investigue el tema.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló por la mañana que serían Los Lobos, la banda criminal más grande del país, quienes estarían detrás de la explosión del vehículo.

Tras la denuncia del asambleísta González, el Ministerio Público señaló que el fiscal se abstuvo de acusar al sospechoso porque no encontraron «elementos suficientes que demuestren su participación en el hecho investigado», pero que se había dispuesto la verificación de la sustanciación dada a la investigación y de los indicios que constan en el expediente fiscal.

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