EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO DE CHILE.- La Fiscalía chilena informó este lunes que cerró la investigación por presunto tráfico de influencias y fraude al fisco en la fallida compra por parte del Estado de la casa familiar del expresidente Salvador Allende (1970-1973).

«Reunida y analizada la información recopilada durante la investigación, a la fecha no se disponen por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados», indicó en un comunicado la Fiscalía Regional de Coquimbo, en el norte del país.

La polémica estalló a finales de 2024 cuando el Gobierno del izquierdista Gabriel Boric anunció la compra por 933 millones de pesos (cerca de 980,000 dólares al cambio de hoy) de la residencia de Allende para convertirla en un futuro museo.

La operación necesitaba la firma de un contrato con dos familiares del derrocado expresidente socialista que por entonces ocupaban cargos públicos y que por ley estaban impedidas constitucionalmente a hacer negociaciones con el Estado: su nieta y entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y su hija y exsenadora, Isabel Allende.

Tras un aluvión de críticas, el Ejecutivo puso freno en enero a la adquisición del inmueble, ubicado el barrio capitalino de Providencia, pero el caso golpeó con fuerza al Partido Socialista, uno de los partidos de la coalición gobernante.

El escándalo le costó el cargo de ministra de Defensa a Fernández y a la entonces titular de la cartera de Bienes Públicos, Marcela Sandoval.

En abril, además, el Tribunal Constitucional chileno destituyó a la histórica senadora socialista por el mismo caso.

La Fiscalía buscaba esclarecer si tanto Fernández como Allende interfirieron directa o indirectamente en un proceso que implicaba recursos públicos.

«Este proceso ha sido doloroso, pero como familia estamos conformes porque la investigación reafirma lo que siempre hemos dicho: que no cometimos ningún delito, que jamás hemos recibido ningún pago y que apoyábamos el proyecto del Gobierno de la casa museo Salvador Allende», indicó este lunes en un comunicado la familia del expresidente, derrocado por el golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet.

Boric, quien voluntariamente declaró en marzo ante la Fiscalía, defendió desde el inicio «la integridad absoluta de la familia» del líder de la Unidad Popular y sostuvo que el objetivo de la compra se ajustaba solo a «intereses patrimoniales».

Junto a la vivienda de Allende, el Gobierno también anunció la compra de dos propiedades en las que vivió el expresidente Patricio Aylwin (1990-1994), el democristiano que lideró la transición chilena, un trámite que no despertó ninguna polémica y que sigue su curso con el objetivo de convertir las casas en museos.

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