REDACCIÓN INTERNACIONAL.– El Organismo Internacional de Energía Atómica alertó este miércoles sobre el impacto de un proyectil ocurrido la noche del martes dentro del recinto de la central nuclear de Bushehr Nuclear Power Plant, ubicada en el sur de Irán. Según el organismo, el incidente no dejó daños en la infraestructura ni heridos entre el personal.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, reiteró su llamado a la “máxima contención” ante el creciente conflicto en la región, advirtiendo sobre el peligro de un accidente nuclear en medio de la escalada militar.

El hecho ocurre en un contexto de fuerte deterioro de la seguridad regional, marcado por enfrentamientos entre Irán e Israel. Teherán lanzó recientemente ataques con misiles contra Tel Aviv en respuesta a la muerte de Ali Lariyani, exlíder parlamentario iraní y figura cercana al liderazgo del país.

Seguridad nuclear bajo presión

De acuerdo con el OIEA, el proyectil no comprometió los sistemas críticos de la planta ni provocó fugas radiactivas, lo que indica que la seguridad operativa se mantiene estable. No obstante, el incidente vuelve a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad de instalaciones nucleares en zonas de conflicto activo.

La planta de Bushehr, única central nuclear operativa de Irán y desarrollada con apoyo de Rusia, es considerada altamente sensible debido a la presencia de material radiactivo. Un ataque directo podría desencadenar consecuencias graves tanto para el medio ambiente como para la población civil.

Riesgo de consecuencias “catastróficas”

Grossi ha insistido en múltiples ocasiones en que cualquier acción militar en las proximidades de instalaciones nucleares eleva de forma significativa los riesgos de una crisis radiológica. En este sentido, instó a todas las partes involucradas a evitar una escalada que pueda derivar en consecuencias “catastróficas”.

El incidente refuerza la preocupación internacional sobre la seguridad nuclear en escenarios de guerra, mientras la comunidad global sigue de cerca la evolución del conflicto en Medio Oriente y sus posibles repercusiones geopolíticas y humanitarias.

EL SALVADOR.– El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, endureció este martes su guerra contra las pandillas con una reforma constitucional para castigar con cárcel de por vida a «homicidas, violadores y terroristas», en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo.

Bukele, que ejerce un poder casi absoluto en El Salvador, presentó su iniciativa al Congreso días después de que oenegés lo señalaron de cometer «crímenes de lesa humanidad» en su política contra la delincuencia, que varios países de América Latina buscan emular.

«La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas», indica la enmienda aprobada por 59 de los 60 diputados, horas después de ser radicada.

La reforma elimina la prohibición constitucional de «penas perpetuas». Hasta ahora la condena máxima era de 60 años, con mecanismos de reducción de sentencia.

La enmienda busca que los criminales «no salgan a la calle y que cumplan su pena para siempre», dijo Suecy Callejas, vicepresidenta parlamentaria.

Al presentar la iniciativa en nombre de Bukele, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que la «guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene», en referencia a los pandilleros.

La medida fue adoptada a pocos días de que se cumplan cuatro años de un régimen de excepción que ha dejado 91.500 detenidos sin orden judicial, acusados de ser miembros o cómplices de las pandillas.

Bukele no cree en la reinserción social de los pandilleros. «La pertenencia a una pandilla es un delito continuado, las mismas reglas de las pandillas establecen que nadie deja de ser miembro hasta el día de su muerte», subrayó una declaración de la Presidencia.

La agrupación humanitaria Socorro Jurídico recordó este martes que hay miles de inocentes presos acusados pandilleros. Unos 500 presos han muerto en los últimos cuatro años.

Según datos World Prison Brief (WPB), con unos 1.700 prisioneros por cada 100.000 habitantes, este pequeño país centroamericano tiene la mayor población carcelaria del mundo.

El estado de excepción es la piedra angular de la política de seguridad de Bukele, que redujo a mínimos históricos los homicidios, pero que es señalado de graves violaciones a los derechos humanos por oenegés nacionales e internacionales.

– «Bufetes» del «crimen» –

Hace una semana, un grupo de juristas internacionales denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los «crímenes de lesa humanidad» abarcan «tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos».

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) denunció el lunes que el gobierno de Bukele mantiene en «desaparición forzada» a por lo menos 11 migrantes salvadoreños que fueron deportados por Estados Unidos hace un año junto con 252 venezolanos, acusados sin pruebas de pertenecer a bandas criminales.

En su discurso en una sala del Congreso, Villatoro arremetió contra las oenegés de derechos humanos. «Son unos demonios que representan la maldad, la pobreza y la inseguridad», dijo.

«Esas organizaciones globalistas criminales que defienden criminales van a tener que seguir poniéndose a prueba. Ya se quitaron recientemente la máscara, ya no son las ovejas» como se «vendían», agregó el ministro.

En los últimos días, Bukele ha publicado varios mensajes en la red social X en los que acusa a las organizaciones de derechos humanos de ser «bufetes legales internacionales del crimen».

El modelo de seguridad de Bukele acabó en El Salvador con la violencia de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas organizaciones terroristas por Estados Unidos y El Salvador, que controlaban ciudades, asesinaban y extorsionaban.

«Se nos ha cuestionado el uso legítimo de herramientas para llevarle paz a los salvadoreños. La seguridad, junto con la justicia, nos lleva a revisar el comportamiento de homicidios y violaciones», señaló el ministro al justificar la reforma.

Amnistía Internacional, HRW y otras oenegés internacionales y salvadoreñas aseguran que el régimen de excepción se ha usado también para silenciar a los defensores de derechos humanos y a voces críticas.

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