Nueva York.- El Comité Organizador del Dominican Taste Festival 2025 expresó su más sincero agradecimiento a Hennessy, marca icónica a nivel mundial, por su generoso patrocinio y destacada participación durante toda la semana de celebración cultural.

La presidenta de la Dominican USA Chamber of Commerce, Elida Almonte, dijo que Hennessy fue parte activa de cada una de las actividades oficiales del festival, incluyendo la cena de gala empresarial, las mesas de negocios, el coctel inaugural, y culminando con su presencia institucional y de marca durante los dos días del evento principal en Plaza Quisqueya.

Explicó que su respaldo no solo aportó prestigio y elegancia a cada momento, sino que también reafirmó el compromiso de Hennessy «con la diversidad, la cultura y el empoderamiento de las comunidades latinas».

«Gracias a este apoyo, el Dominican Taste Festival 2025 logró superar todas las expectativas, proyectando con fuerza la identidad dominicana en Nueva York», agregó.

Nos honra -prosiguió diciendo-, contar con aliados como Hennessy, que entienden el valor de la cultura y apuestan por celebrarla de manera auténtica y significativa. Su presencia fue clave para el éxito de esta edición”.

Elida Almonte manifestó, asimismo, que el festival, celebrado del 24 al 29 de junio, reunió a miles de personas a lo largo de la semana, que contó con eventos de negocios, gastronomía, arte y música, consolidando su rol como una de las principales plataformas culturales de la diáspora dominicana».

En Colombia, la promoción de Jifu Life por Alex Morton y Danilo Delgado, ambos con un pasado significativo en la polémica IM Mastery Academy, siembra una profunda desconfianza sobre la legitimidad y sostenibilidad de su modelo de negocio en el dinámico sector turístico colombiano. La llegada de la plataforma, impulsada por la imagen de estos individuos centrales en una empresa previamente señalada internacionalmente por operar bajo un esquema piramidal, ha suscitado una fundada cautela entre analistas y potenciales usuarios colombianos. La sombra de las acusaciones que persiguieron a IM Mastery Academy proyecta una inevitable duda sobre la verdadera naturaleza y viabilidad a largo plazo del modelo de negocio que Jifu Life busca implementar en el país.

La desconfianza se multiplica en el activo ecosistema digital colombiano, donde las voces de advertencia son cada vez más audibles. Los comentarios en redes sociales reflejan un marcado escepticismo hacia la promesa de descuentos de viaje exclusivos, sugiriendo que el principal motor de la plataforma podría residir, una vez más, en la agresiva captación de nuevos miembros a través de una estructura multinivel. La amarga experiencia de quienes se vieron involucrados en IM Mastery Academy, donde la supuesta formación financiera se diluyó en la presión constante por reclutar, alimenta un lógico recelo hacia cualquier emprendimiento que cuente con la participación de figuras clave de aquella polémica empresa.

La trayectoria de Alex Morton y Danilo Delgado, marcada por las alertas regulatorias emitidas en diversos países y los testimonios de individuos que sufrieron pérdidas económicas significativas en IM Mastery Academy, no pasa desapercibida para el ojo crítico colombiano. Su rol protagónico en la promoción de Jifu Life plantea una pregunta fundamental que merece una exhaustiva investigación: ¿se trata de una genuina disrupción en el sector turístico nacional, ofreciendo valor real a los consumidores, o de una estrategia para revitalizar un modelo de negocio con un pasado turbio, aprovechando la promesa de viajes y emprendimiento para atraer nuevos inversores?

Este medio periodístico se encuentra investigando con atención la propuesta de valor de Jifu Life en el contexto colombiano. El análisis se centra en determinar si los descuentos ofrecidos a los miembros son realmente competitivos y transparentes en comparación con las opciones ya disponibles en el mercado local, o si la principal vía de ingresos para los afiliados se centra en la construcción de una red, replicando la estructura que generó controversia y señalamientos de prácticas cuestionables en IM Mastery Academy. La respuesta a estas interrogantes es crucial para discernir si Jifu Life representa una oportunidad legítima para los consumidores colombianos o la continuación de un patrón de negocios dudosos, impulsado por figuras con un historial que invita a la máxima precaución y un escrutinio riguroso. La lupa del periodismo investigativo se mantiene firme sobre Jifu Life y sus operaciones en Colombia.

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR), varios procuradores fiscales adscritos a la procuraduría fiscal de Santo Domingo Este, y la procuraduría fiscal de Santo Domingo Este fueron sometidos ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), mediante una demanda en responsabilidad patrimonial, por daños y perjuicios materiales y morales causados por este órgano superior del Ministerio Público al investigador social Víctor Scharboy Almánzar.

Scharboy Almánzar le notificó la Demanda en Responsabilidad Patrimonial a los citados fiscales mediante el acto No.712/2025, instrumentado por el Ministerial Robinson E. González A, por conducto de sus abogados, los letrados Miguel Álvarez Hazim y Luis Lizardo Cabrera.

La demanda fue depositada ante el TSA contra la Procuraduría General de la República (PGR) en su calidad de institución encargada de ejercer la investigación penal en representación de la sociedad y como personas físicas a la Procuradora General de la República, en su calidad de superior, así como a César Payano, Carlos Casado, Florentino Sánchez Zabala, María Sánchez, Felipe E. Cuevas, procuradores fiscales de la provincia Santo Domingo y la Procuraduría Fiscal de la provincia Santo Domingo, esta última, como órgano con responsabilidades jurídicas y patrimoniales.

Los referidos fiscales, la PGR y la procuraduría fiscal de la provincia Santo Domingo son acusados de haber violado varios principios fundamentales contenidos en la ley 133/2011, la cual crea el Estatuto de dicha institución, los cuales les imponen a estos actuar con objetividad, imparcialidad, con el debido respeto a la ley y a la Constitución, de igual manera el haber violado el artículo 260 del Código Procesal Penal Dominicano.

Víctor Scharboy Almánzar, de 66 años de edad, permaneció preso ocho meses y 15 días, desde septiembre de 2023 hasta mayo de 2024, tras ser sometido por supuesta agresión a su expareja María Yocasta Escotto de los Santos (Sulay), quien le hizo una acusación falsa, con fines de extorsionarlo, pero el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo dictó sentencia absolutoria, el 10 de junio de 2024 y lo declaró no culpable por insuficiencia de pruebas.

Por el caso, la PGR y los funcionarios públicos judiciales citados son acusados de aplicar de manera incorrecta, ilegal y arbitraria los artículos 1,13, 14, 15,16,19,22,23,26.2 y siguiente de la Ley 137/2011, 134.4, 260, 273, 285, 293.3 del Código Procesal Penal (CPP), falta de objetividad, de imparcialidad, violación al debido proceso y la inobservancia, con el “único fin de pretender legalizar una acción dolosa, basada en el chantaje y la extorsión”.

Los juristas Álvarez Hazim y Lizardo Cabrera entienden que contra el demandante Víctor Scharboy Almánzar se cometieron las violaciones citadas anteriormente, lo que calificaron como un abuso contra este ciudadano, por no haberse llevado a cabo una investigación objetiva e imparcial.

De igual manera, señalan, que le ocasionaron daños tanto material, como emocional: toda vez que fue reducido a prisión violándoseles todos sus derechos, no solo al imponérsele prisión preventiva como medida de coerción, sino y es lo peor, que el Ministerio Público solicitó condena sin prueba alguna, sin tener causa probable, como quedó demostrado.

En la pertinencia del encausamiento de los funcionarios judiciales, los juristas consideran que los fiscales actuantes no les permitieron a Víctor Scharboy Almánzar, que les informara sobre la verdad de los hechos, nunca lo entrevistaron, no les escucharon, no le permitieron que se defendiera antes de ser sometido, cuando debieron agotar la fase de investigación, de haber aplicado los principios instituidos en la ley 133/2011.

“Muy por el contrario, todo fue “tránquenlo, métanlo preso, solicitar prisión y condena””. El demandante en vez de recibir protección, lo que si se ha recibido como respuesta a sus reclamos es el desprecio, la negativa y el atropello, que, al no darle cumplimiento a las leyes y la Constitución, los actuales incumbentes del Ministerio Público incurren en violación a la Constitución y a su propio estatuto comprometiendo su responsabilidad civil, patrimonial de conformidad con el artículo 148 de la Carta Magna”, precisan.

La condena solicitada

En sus conclusiones, los juristas Miguel Álvarez Hazim y Luis Lizardo Cabrera solicitan al Tribunal Contencioso Administrativo condenar a la Procuraduría General de la República, como órgano superior del Ministerio Público, de manera solidaria al pago de una indemnización por RD$ 30, 000,000 millones a favor del demandante Víctor Scharboy Almánzar, como justa reparación de los daños y perjuicios causados.

Además de la PGR, también se solicita condenar a los procuradores fiscales César Payano, Carlos Casado, Florentino Sánchez Zabala, María Sánchez y Felipe Cuevas, por ser funcionarios causantes o generadores del daño causado, al pago de RD$6,000,000 cada uno y de manera separadas, como justa reparación del daño causado al demandante Scharboy Almánzar.

El calvario de Víctor

Antes de ser trasladado a la cárcel de La Victoria, Scharboy Almánzar, tras un tribunal imponerle un mes de medida de coerción, y ordenó su reclusión a la cárcel Najayo Hombre, basado en un expediente sin pruebas, el 4 de septiembre de 2023, estuvo detenido 15 días en la inmunda cárcel de la Unidad contra la Violencia de Género, en Alma Rosa, de donde fue llevado a la cárcel San Luis y a los cinco días trasladado sorpresivamente a La Victoria, donde permaneció el resto de su cautiverio.

El calvario pasado por Víctor y la ilegalidad de su prisión, fueron denunciados varias veces por sus familiares, en cartas dirigidas a la entonces procuradora General, Miriam Germán; pero la funcionaria judicial nunca respondió a los reclamos de los parientes encabezados por su madre Gladys Mercedes Almánzar, de 84 años, y su hermano el periodista Bienvenido Scharboy.