EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MEXICO. – El Gobierno de México respondió este sábado a la nueva amenaza arancelaria de Estados Unidos con ánimo de negociación, «experiencia» y «cabeza fría» para lograr una salida pactada ante la posible imposición tarifas del 30 % a productos mexicanos a partir del 1 de agosto, anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, apeló a la «experiencia» que ha adquirido con las presiones arancelarias de Trump, quien desde el inicio de su segundo mandato en EE.UU., el 20 de enero pasado, advirtió que renovaría esa política comercial.

«Yo tengo pues ya alguna experiencia con estas cosas. Ya nos ha tocado varios meses y tengo(…) pienso que vamos a llegar un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos», aseguró la mandataria mexicana en un evento público en el estado de Baja California (norte).

Momentos antes, durante en un mitin en el estado de Sonora (norte), la presidenta mexicana también mencionó la carta pública que le envió su homólogo estadounidense advirtiendo una posible tarifa del 30 % a los productos mexicanos por considerar que México no ha hecho lo suficiente para frenar el narcotráfico.

No obstante, Sheinbaum se limitó a señalar que Trump está enviado estas cartas a muchos países y se mostró confiada en que México alcanzará un acuerdo en la mesa de negociación instalada por funcionarios de su Gobierno con sus contrapartes estadounidenses.

«Siempre he dicho que en estos casos lo que hay que tener es cabeza fría para afrontar cualquier problema. Pero además yo me siento muy segura porque hay algo que tenemos en el gobierno y es que representamos(…) la dignidad del pueblo de México», sostuvo la presidenta.

Negociaciones frente a ‘trato injusto’

La mesa de trabajo binacional se instaló el viernes con funcionarios de ambos países para desahogar temas como seguridad, migración y economía, según informaron las secretarías (ministerios) de Relaciones Exteriores (SRE) y Economía (SE) en un comunicado conjunto.

En dichas reuniones, EE.UU. avisó de nuevos aranceles a partir del 1 de agosto a todos los países, -un 30 % correspondiente a México-, lo que los ministerios mexicanos calificaron como «injusto».

«Mencionamos en la mesa que era un trato injusto y que no estábamos de acuerdo», advirtieron, y aseguraron que ya están en negociaciones para conseguir «una alternativa que permita proteger empresas y empleos en ambos lados de la frontera».

Previamente, Trump publicó una carta dirigida a Sheinbaum en la que anuncia que impondrá nuevos aranceles del «30 % a los productos mexicanos enviados a Estados Unidos, aparte de todos los aranceles sectoriales», a partir de agosto

Pero Trump indicó que las tarifas podrían fluctuar, dependiendo de la relación bilateral, al tiempo que criticó al Gobierno de Sheinbaum por no frenar a los carteles y el flujo de drogas, especialmente fentanilo.

Sin embargo, horas después, la Casa Blanca sugirió que los nuevos aranceles del 30 % anunciados por Trump no se acumularán a los existentes para los autos ni aplicarán a productos dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Aunque los funcionarios citados por medios estadounidenses advirtieron que la decisión final es de Trump, por lo que el mandatario podría en cualquier momento cambiar de opinión y aplicar los impuestos comerciales de forma acumulativa, en lugar de separada.

En la primera ronda de aranceles globales, el 1 de febrero, Trump firmó órdenes ejecutivas para establecer aranceles del 25 % a todos los productos mexicanos, que entraron en vigor el 4 de marzo, exceptuando a los que están en el T-MEC.

Luego, se añadió una tarifa del 25 % al acero y aluminio, en vigor desde el 12 de marzo en México, que aumentó al 50 % el 4 de junio.

A México también afecta el arancel universal del 10 % a todos los bienes importados a EE.UU. vigente desde abril, así como la ampliación de tarifas del 25 % a automóviles y autopartes, con exenciones parciales dentro del T-MEC.

La semana pasada, Trump anunció un nuevo arancel del 50 % al cobre, que también impacta a México, y entraría en vigor el 1 de agosto.

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