EL NUEVO DIARIO, NAIROBI. – Treinta y siete organizaciones de derechos humanos, junto a decenas de activistas kenianos, denunciaron este domingo que el allanamiento del domicilio del reconocido activista Boniface Mwangi y su posterior detención se llevaron a cabo «sin pruebas de que existiera una orden judicial y sin garantías de sus derechos como acusado».

La Policía detuvo a Mwangi el sábado en su vivienda de Lukenya, en el condado de Machakos —al este del país y limítrofe con Nairobi— por su presunta implicación en la facilitación de «actividades terroristas» y posesión ilegal de municiones durante las protestas del pasado 25 de junio, según informó la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) en la red social X.

Esas manifestaciones, en las que miles de kenianos salieron a las calles para conmemorar el primer aniversario de las protestas antigubernamentales de 2024, fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad y dejaron un saldo de 19 muertos y 531 heridos, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR).

«Como kenianos patriotas, panafricanistas y defensores de los derechos humanos, nos alarma profundamente el creciente patrón de detenciones arbitrarias y cargos falsos dirigidos contra jóvenes inocentes y cualquier persona que se atreva a alzar la voz en Kenia», señalaron las ONG en un comunicado conjunto.

«Lo que comenzó como una persecución selectiva de jóvenes manifestantes que exigían rendición de cuentas se ha convertido en un ataque a gran escala contra la democracia keniana», agregaron.

Tras la detención de Mwangi, la DCI registró su oficina en el centro de Nairobi, donde incautaron, entre otros objetos, nueve discos duros, dos ordenadores portátiles, dos botes de gas lacrimógeno sin usar y una bala de fogueo de 7,62 milímetros.

El conjunto de organizaciones calificó esta acción como un «allanamiento» en el marco de «acusaciones infundadas de terrorismo, en el último episodio de una represión sistemática que ha llevado a la detención de cientos de jóvenes kenianos bajo cargos fabricados de terrorismo».

Asimismo, afirmaron que los intentos de verificar la validez de la orden de registro utilizada por la Policía para entrar en la oficina y el domicilio del activista «han demostrado que no existía tal orden legal ni intervención de ningún magistrado».

Mwangi, uno de los activistas más conocidos de Kenia, ha sido detenido en múltiples ocasiones y había mantenido un perfil bajo desde su expulsión de Tanzania.

La detención se produjo apenas un día después de que él y la periodista y activista ugandesa Agather Atuhaire presentaran una demanda ante el Tribunal de Justicia del Este de África (EACJ) contra los gobiernos de Tanzania, Uganda y Kenia.

La querella, registrada el 18 de julio en Arusha (Tanzania), busca responsabilizar a esas autoridades por lo que los demandantes califican como graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno tanzano el pasado mayo, cuando ambos viajaron a ese país para asistir al juicio del líder opositor Tundu Lissu.

Mwangi y Atuhaire llegaron a Dar es Salam, la capital económica de Tanzania, el 18 de mayo y, tras permanecer varios días detenidos, fueron deportados a sus respectivos países.

Según la demanda, ambos fueron retenidos inicialmente en dependencias de inmigración y en una comisaría, antes de ser trasladados a lugares desconocidos, donde, según denuncian, fueron sometidos a torturas, incluida violencia sexual.

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