EL NUEVO DIARIO, SAN JOSÉ.- La muerte del migrante costarricense Randall Gamboa Esquivel tras haber estado en custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos y ser deportado, ha desencadenado la polémica en Costa Rica sobre el trato que recibió mientras estuvo detenido y las acciones del Gobierno de su país.

Gamboa, de 52 años, fue deportado el pasado 2 de septiembre en un vuelo ambulancia y falleció el domingo 26 de octubre en el hospital Escalante Pradilla de la localidad de Pérez Zeledón, en el sur de Costa Rica, donde estuvo internado en estado crítico.

La familia informó a los medios locales que el último contacto que tuvieron con Gamboa fue el 12 de junio, hasta que en agosto lograron encontrarlo en un hospital en Texas, Estados Unidos, en un estado de salud grave, lo que atribuyen a supuestas malas condiciones de detención y la falta de atención médica adecuada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense emitió este lunes un comunicado en el que «lamenta profundamente» el fallecimiento de Gamboa y afirma que durante el tiempo en que permaneció bajo custodia del Servicio de Aduanas y Migración de los Estados Unidos, el Consulado General de Costa Rica en Houston «dio seguimiento a su caso, ejerciendo las acciones posibles».

El Gobierno costarricense «ha solicitado información adicional al Gobierno de los Estados Unidos sobre lo sucedido en el caso del señor Gamboa y su historial médico, pero hasta el momento, no se ha recibido respuesta oficial», agrega el comunicado.

El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias, instó en sus redes sociales a «alzar nuestra voz ante el silencio cómplice del actual gobierno de Costa Rica con el actual gobierno de los Estados Unidos de América».

«Randall Gamboa entró al territorio norteamericano ilegalmente pero en perfecta condición física. Fue arrestado dos días después y llevado a un centro de detención, donde permaneció por varios meses. Tiempo después, fue trasladado a un hospital antes de ser deportado y enviado a nuestro país en un avión ambulancia. Randall llegó a Costa Rica, como lo ha dicho su familia, ‘en estado vegetativo’, por lo que no pudo contar qué fue lo que le sucedió mientras estuvo detenido», expresó Arias.

El Nobel de la Paz criticó que el Gobierno costarricense «ha sido incapaz de obtener de las autoridades de Washington una explicación» y aseguró que «la familia de Randall merece conocer la verdad».

Arias señaló que la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump «encarna los peores antivalores que cualquier política estadounidense haya profesado: es racista, xenófoba y normaliza el trato inhumano hacia las personas migrantes».

El actual Gobierno costarricense presidido por Rodrigo Chaves, se ha caracterizado por su cercanía con Estados Unidos.

En febrero pasado, Costa Rica recibió dos vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos, en los cuales viajaron 200 personas -entre ellas 81 menores de edad- originarios de Nepal, China, Rusia, India, Congo, Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Turquía, Uzbekistán y Vietnam.

Diversas organizaciones no gubernamentales denunciaron que las autoridades costarricenses violaron los derechos humanos de estas personas al no permitirles movilizarse fuera de un centro para migrantes por alrededor de dos meses.

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EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La inseguridad en sus negocios, programas de ayuda para afrontar el alto coste de la vida y acceso sin burocracias al alcalde figuran entre los principales reclamos de las pequeñas empresas latinas de cara a las elecciones a la Alcaldía de Nueva York del próximo 4 de noviembre.

Entre los pequeños negocios, las bodegas son un blanco frecuente de robos y asaltos, y algunos de sus dueños, empleados e incluso clientes han perdido la vida, lo que ha generado peticiones a la alcaldía de una mayor vigilancia policial.

De acuerdo con Radhames Rodríguez, presidente de la Asociación de Bodegas Unidas de EE. UU., la inseguridad es una queja recurrente entre sus miembros y ha llevado a muchos a considerar vender sus negocios.

Según Rodríguez, en el estado hay unas 20.000 bodegas, de las cuales más de 12.000 están en manos de latinos, quienes pagan impuestos y generan empleos, pero «no están respaldadas por las autoridades como deberían».

El congresista Adriano Espaillat, que asistió hoy a un evento con Rodríguez, señaló que «son los mayores empleadores en el país».

«La inseguridad es algo por lo que hemos estado luchando: siempre hay robos, asesinatos e insultos, y eso ocurre porque no hay leyes que castiguen a los delincuentes. Si las bodegas son seguras, la comunidad también lo es, pero las autoridades tienen que hacer su trabajo, y eso es lo que esperamos del nuevo alcalde», afirmó Rodríguez a EFE.

«Queremos mayor vigilancia policial, que los arresten y que los fiscales no los suelten, porque se los lleva la policía y a las tres horas están libres», reiteró, refiriéndose a una de las quejas más frecuentes de los bodegueros.

La campaña electoral, en su fase final

La comunidad latina espera que el nuevo alcalde atienda los problemas que más le preocupan, como el acceso a una vivienda y a una educación asequibles.

Según una encuesta de la Federación Hispana, un 64 % de los encuestados sigue el día a día de la política neoyorquina, atento a lo que el demócrata Zohran Mamdani, el republicano Curtis Silwa y el independiente Andrew Cuomo incluyen en sus programas de gobierno.

El alto coste de los alquileres, que puede alcanzar miles de dólares, y de la electricidad, que según Rodríguez puede ser de 400 a 500 dólares mensuales, es otro problema que enfrentan. Según estos comerciantes, deberían crearse programas que les ayuden a reducir los costes y permitan que las bodegas subsistan en las comunidades, donde también funcionan como lugares de encuentro para los vecinos.

«Deben existir políticas que trabajen más de cerca con nosotros, porque cuando se pierde (cierra) una bodega, se pierden mínimo cinco empleos», sostuvo hoy en el encuentro ‘Crecer’, organizado por la Federación Hispana, la comerciante Karina Madera, quien desde hace tres años exporta patatas desde España para venderlas a grandes cadenas de supermercados y otros negocios.

Madera coincide con Rodríguez en que hacen falta más programas de ayuda: «Nos hace falta más educación financiera y más apoyo económico que nos permita crecer nuestros negocios».

«No tenemos recursos para pagar empleados y tenemos que hacer todo el trabajo. Sé que existen ayudas, pero hasta hoy no he recibido ninguna pese a haberlas solicitado y cumplir con innumerables requisitos», indicó.

Mientras, Frankie Miranda, presidente de la Federación Hispana, destacó el impulso de los negocios latinos a la economía de la ciudad, pero también en la cultura, los deportes y otras áreas.

«Somos importantes, somos el 27 % los que vivimos aquí, estamos impulsando enormemente a esta ciudad. Estamos viendo muy de cerca cuál va a ser la reacción del nuevo alcalde a nuestra comunidad», destacó.

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