EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Un juez federal ordenó al Gobierno de Donald Trump que facilite el regreso de un hombre guatemalteco que fue recientemente expulsado a México, pese a que una corte en febrero le había otorgado protección humanitaria al considerar que su vida corría peligro fuera de Estados Unidos.

El hombre, que en la causa solo ha sido identificado de momento por las iniciales OCG., es uno de cuatro litigantes en una demanda colectiva que cuestiona su expulsión del país sin permitirles impugnarla sobre la base de que podrían correr el riesgo de sufrir persecución y tortura o morir si regresaban a su país de origen o si eran expulsados a un país alternativo.

El magistrado Brian Murphy del Distrito de Massachusetts emitió esta orden a última hora del viernes tras considerar que el Gobierno cometió un error al expulsar a O.C.G. pese a que el hombre había asegurado que, por su condición de homosexual, su vida corría peligro en Guatemala o en México, donde dice haber sido violado.

El juez insta al Gobierno en su fallo a «tomar todas las medidas de manera inmediata, incluida la coordinación con los abogados de los demandantes, para facilitar el regreso de OCG a Estados Unidos».

En febrero, una corte de inmigración le había concedido al hombre el llamado bloqueo de expulsión al dar por probado que su deportación a Guatemala lo pondría en peligro, según se afirma en la denuncia.

El juez Brian Murphy es el mismo que el mes pasado emitió una orden para bloquear la expulsión de ocho migrantes, incluyendo dos cubanos y un mexicano, a Sudán del Sur, edicto que supuestamente ha violado el Gobierno Trump, que permitió el despegue de un avión con estas ocho personas, que asegura a su vez que siguen bajo custodia federal en Yibuti.

No es la primera vez que un juez federal ordena a la Administración del neoyorquino traer de vuelta a un migrante deportado, ya que una corte conminó recientemente facilitar el retorno del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado en marzo a su país pese a que también contaba con una orden previa que bloqueaba su expulsión al considerar que su vida corría peligro si era retornado.

La Administración admitió que la expulsión de Ábrego García fue un «error administrativo», pero argumentó que no puede asistir en su retorno porque se encuentra bajo custodia de otro Gobierno.

Otro tribunal determinó también que la expulsión, también a El Salvador, de un ciudadano venezolano, Daniel Lozano Camargo, vulneró otra decisión judicial para proteger a determinados migrantes que llegaron a EEUU siendo menores de edad.

Para expulsar al hombre venezolano, el Gobierno abanderó la misma norma que empleó para expulsar a Ábrego García, la ley de Enemigos Extranjeros, no utilizada desde la II Guerra Mundial y que la Administración Trump quiere emplear para implementar expulsiones sumarias argumentando que bandas de crimen trasnacional como el Tren de Aragua, de la que dicen que Lozano Camargo forma parte, están invadiendo EEUU.

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