Nacionales
Politólogo Julián Roa critica la incoherencia del gobierno frente a Haití

Santo Domingo. El abogado y politólogo Julián Roa criticó la política migratoria del gobierno, acusando al presidente Luis Abinader de dar un giro brusco hacia medidas radicales contra Haití, como muros y repatriaciones, pero sin un plan claro ni el consenso necesario para sostenerlas
Según Roa, el mandatario pasó de una postura reivindicativa —cercana a los sectores que cuestionaban la sentencia 168-13 y defendían derechos para los descendientes de haitianos— a una línea dura enfocada en muros fronterizos, repatriaciones masivas y endurecimiento de las restricciones, pero sin el respaldo de un plan bien estructurado ni el necesario consenso político, empresarial y social que permita sostener esas medidas de manera efectiva.
Roa planteó que esta falta de planificación pone en riesgo no solo la estabilidad social, sino también sectores claves de la economía nacional que dependen de la mano de obra haitiana, como la agricultura, la construcción y el turismo.
Advirtió que, sin una estrategia gradual y un acuerdo colectivo, estas políticas solo engrosarán las redes de corrupción vinculadas al control migratorio, dejando al país atrapado en un círculo vicioso.
Estas declaraciones las ofreció durante una entrevista en el programa Propuesta de la Noche, conducido por el periodista Manuel Jiménez por Teleimpacto, canales 52 y 22.
En un análisis histórico y político, Roa desglosó los orígenes del problema haitiano, los errores de la actual administración y las salidas posibles para enfrentar una crisis que calificó como “multifactorial y muy delicada”, donde no caben improvisaciones ni respuestas populistas.
“Este gobierno llegó con un equipo crítico de la sentencia 168-13, diciendo que dejaba sin nacionalidad a muchos hijos de haitianos, y ahora se ha movido al extremo contrario. El presidente ha cambiado de paso porque la realidad lo obliga, pero lo hace desarticulando a su propio equipo y sin prever el impacto en sectores clave de la economía”, afirmó Roa.
El politólogo insistió en que una política migratoria radical no puede sostenerse sin una estrategia gradual ni un acuerdo amplio que involucre al sector empresarial y a la sociedad civil.
“No es solo una decisión del presidente o de cuatro expresidentes reunidos. Esto requiere un pacto colectivo porque, seamos honestos, ni el mercado laboral ni los empresarios agrícolas y de la construcción van a dejar de usar mano de obra haitiana solo porque se lo pidan desde arriba”, advirtió.
Roa recordó que la crisis haitiana y su impacto sobre República Dominicana no es un fenómeno nuevo. Las tensiones arrancan en el siglo XIX, cuando Haití reconoció formalmente la independencia dominicana en 1867, tras 14 años de guerras. Posteriormente vinieron las disputas fronterizas que se resolvieron en los tratados de 1929 y 1936, bajo presión estadounidense, donde se establecieron los límites actuales. Pero, según Roa, la crisis más complicada es la que sigue abierta: la migratoria.
“Desde los inicios del siglo XX, la industria azucarera trajo haitianos porque eran mano de obra más barata, no porque los dominicanos fueran menos productivos. Con la quiebra de los ingenios, esa mano de obra se derramó hacia la agricultura, la construcción, y ahí sigue. Los empresarios lo ven como un milagro: trabajadores sin derechos, sin seguridad social, casi esclavos”, afirmó.
El problema, según Roa, es que las recientes medidas del gobierno no previeron las consecuencias para la economía. “Cuando se habla de repatriaciones masivas, hay que preguntarse: ¿quién va a llenar esos puestos en el campo, en los hoteles, en la construcción? Ya el sector empresarial está reclamando públicamente que necesitan esos trabajadores y piden reactivar un plan de regularización. Pero el gobierno ha dicho que no quiere hablar de eso. El propio vocero Homero Figueroa lo negó rotundamente”, señaló.
Roa también denunció que, aunque hay miles de militares en la frontera, existe una “puerta giratoria” alimentada por la corrupción. “Es imposible que digan que han sacado 300 mil, 400 mil haitianos en seis meses y todavía tengamos tantos aquí. Todo el proceso de deportación tiene precios: desde el policía que lo atrapa y lo suelta, hasta el funcionario que lo deja salir del centro de detención. Nadie lo puede negar. Y el único responsable es el gobierno”, enfatizó.
Sobre la reunión entre Abinader y los expresidentes Fernández, Mejía y Medina, Roa fue claro: es positiva, pero insuficiente. “Esto no se resuelve entre cuatro personas. Es el Consejo Económico y Social (CES) el espacio donde debe debatirse este tema, porque allí están los empresarios, los sindicatos, la sociedad civil. Pero ojo: el gobierno no puede lavarse las manos diciendo ‘que lo decida el CES’. La decisión final es del presidente. No decidir es también decidir”, sostuvo.
Roa subrayó que una política migratoria responsable debe ser gradual. “No podemos aceptar que la mano de obra haitiana sea la base de nuestra economía para siempre, pero tampoco podemos cerrarles la puerta de golpe sin preparar al sector productivo., dijo.
Hay que darle al empresario diez o quince años para actualizar su maquinaria, tecnificarse, contratar dominicanos. Pero eso requiere un plan, no improvisación ni populismo”, afirmó.
El politólogo recordó que el plan de regularización iniciado en el gobierno de Danilo Medina fracasó en gran parte por la falta de identificación de los propios migrantes. “El gobierno haitiano nunca ha mostrado buena fe en entregar documentos a su gente. Sin papeles no hay regularización posible”, explicó.
Finalmente, Roa alertó que los prejuicios históricos pesan en ambos lados. “Los dominicanos tenemos prejuicios hacia Haití, pero los haitianos también creen que su desgracia es culpa nuestra. Es un tema que no se puede resolver ni desde la ignorancia ni desde el oportunismo político. Defender la soberanía es innegociable, pero se necesita inteligencia y planificación”, concluyó.
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NOTICIAS DE LA DIÁSPORA DOMINICANA EN NUEVA YORK

Por Ramón Mercedes.-
Religiosos, comerciantes, comunitarios, deportistas y amas de casas distrito 14-Bronx apoyan a Cabrera
NUEVA YORK.- Los feligreses miembros de la organización «Ministros Hispanos en NY», en el distrito 14, en El Bronx, votarán por Fernando Cabrera en las primarias demócratas del próximo día 24 para que sea el elegido candidato oficial en las primarias demócratas para las elecciones generales del 4 de noviembre, afirmó su presidente, reverendo Rubén Díaz.
En iguales términos se expresaron comerciantes, comunitarios, deportistas, amas de casas y ciudadanos comunes, con derecho a votar, residentes en los sectores de Kingsbridge, Fordham, University Heights, Mount Eden y Mount Hope.
El reverendo Díaz aseveró que, eligiendo a Cabrera, con dos periodos como concejal por ese mismo distrito, regresará las atenciones de esos sectores con la llegada de más vivienda, apoyo a las pequeñas empresas, a la juventud, a las amas de casas; además, el combate al desempleo y a la inseguridad ciudadana existente.

Cabrera fue director del programa de Salud Mental y Consejería del Mercy College, y los resultados de sus gestiones en el distrito 14 como concejal están a la vista de todos.
«Por eso apoyo y exhorto a los residentes del distrito 14 a que voten durante la primaria por Cabrera, porque su pasada labor dejó mucho que valorar», indica el reverendo Díaz.
Asimismo, los comerciantes Juan Torres, Andrés Bautista, Mildred de León, Héctor Luna; los comunitarios Esteban Martínez; los deportistas Menegilda Contreras, Melanio Ruíz, Iván Sierra; las amas de casas Altagracia Fernández, Claudia de Jesús, Soledad Rojas y Alexandra Mena, entre otros, especifican que votarán por Cabrera.
Pero también estamos exhortando a nuestros familiares, amigos y relacionados a que hagan lo propio por el bien de los suyos, la seguridad ciudadana, por más escuelas y vivienda en nuestros sectores, señalan.
Otros que aspiran por el mismo distrito son la actual incumbente Pierina Sánchez (reelección), quien fuera asesora de políticas de vivienda del exalcalde Bill de Blasio, ahora preside el Comité de Vivienda y Edificios ante el Concejo Municipal.
Es señalada por los residentes de su distrito de no haber hecho nada por vivienda, combatir el desempleo, la criminalidad, ni apoyar los pequeños negocios, por eso Cabrera es dado como seguro ganador, dicen.
El otro contendor es Bryan Hodge Vásquez, graduado de la facultad de derecho y con experiencia trabajando con el Congreso y el Ayuntamiento.
Comerciantes NY harán fiesta Bodegas Fest 2025 en El Bronx; oficiales electos asistirán
Por Ramón Mercedes
NUEVA YORK.- La Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), que dirige el empresario Radhames Rodríguez, hará la gran fiesta «Bodegas Fest 2025» en El Bronx, un evento comunitario para celebrar la contribución histórica, conexión humana en nuestros vecindarios y la cultura de las bodegas a la vida neoyorquina.
«Es una declaración pública del valor de los pequeños negocios, del esfuerzo de nuestras familias inmigrantes, porque las bodegas no solo venden productos, son centros comunitarios, refugios y de servicios a una clase menos pudiente», expresó Rodríguez.
«El festival reunirá música en vivo, arte, gastronomía y cultura, creando un espacio para reconocer el trabajo diario de los bodegueros, quienes han sido pilares esenciales en nuestras comunidades, especialmente durante tiempos de crisis como la pandemia del Covid-19″, indica Rodríguez.

Habrá actividades para niños, zonas de comida y stands informativos sobre recursos locales y programas estatales de apoyo a pequeñas empresas.
En tarima estarán los reconocidos artistas DJ Adoni, Sexappeal, Grupo a lo Majao, Eudis “El Invencible” y Shino Aguakate, quienes pondrán a bailar a los asistentes durante toda la jornada. La animación estará a cargo de Michael Miguel.
Se espera la asistencia de los oficiales electos, congresista Adriano Espaillat, los asambleístas Yudelka Tapia y George Álvarez, los concejales Oswald Feliz y Pierina Sánchez, entre otros.
El evento, totalmente gratis, se llevará a cabo el domingo 22 de este mes, desde las 12:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. en EPOE Park, ubicado en Grand Concourse, entre la calle 192 y Kingsbridge Rd, en El Bronx.
Asambleísta Tapia reconoce labor administradora Departamento Legal de BronxWorks
Por Ramón Mercedes
NUEVA YORK.- La administradora del Departamento de Servicios Legales de BronxWorks, Carmen Mohammed, fue reconocida por la asambleísta dominicana por el distrito 86, en El Bronx, Yudelka Tapia.
El homenaje a Mohammed es por su trabajo comunitario a favor de personas de bajos recursos económicos, dijo Tapia, quien representa los vecindarios de University Heights, Morris Heights, Mount Eden, Kingsbridge, Tremont y Fordham en dicho condado.
El reconocimiento expresa «por su dedicación a promover la justicia social y mejorar las vidas de los residentes en El Bronx a través de su trabajo».
BronxWorks es una organización comunitaria que ofrece asistencia legal gratuita a los residentes de todo el distrito.

Su Departamento de Servicios Legales apoya a personas que enfrentan desafíos relacionados con inmigración, vivienda, violencia doméstica y victimización por delitos, brindándoles recursos esenciales y apoyo a quienes los necesitan.
Ha servido a la comunidad en el condado como un recurso confiable desde 1972. Sus servicios y el apoyo han empoderado a generaciones de residentes a realizar cambios significativos en sus vidas, y desde la fecha ha atendido a más de un millón de neoyorkinos.
Nacionales
Le entró a machetazos por discutir con su sobrino

Moca, provincia Espaillat.– Agentes policiales de la Dirección Regional Espaillat, adscritos a la Subdirección de Investigación (DICRIM), recibieron mediante entrega voluntaria a Nicolás Ramón Cruceta (a) Monchi, de 34 años, residente en el sector Jababa, Moca, señalado como el principal autor de causar la muerte de un hombre durante una riña con arma blanca.
El hecho ocurrió en perjuicio de José Algenis Paulino Sánchez, de 24 años, residente en el sector Vuelta Larga del distrito municipal de Las Lagunas, Moca. De acuerdo con el informe preliminar, la víctima habría sostenido una fuerte discusión con Edwin José Hidalgo Cruceta (detenido), sobrino de Monchi, en una cafetería ubicada en el sector Cruce del Algarrobo.
Tras ser informado del incidente, Monchi se comunicó con su sobrino y, en compañía de este, se presentó al lugar a bordo de una motocicleta marca TAURO, modelo CG, color rojo, con numeración de chasis ilegible. Allí, al encontrarse con la víctima y un acompañante, le propinó varias heridas con arma blanca (machete), las cuales posteriormente le ocasionaron la muerte.
El detenido se encuentra bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
Nacionales
Condenan a 15 y 10 años de prisión a militares y civiles de red tráfico haitianos

SANTO DOMINGO.- Fundamentado en las pruebas aportadas por el Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de Montecristi impuso penas de 15 y 10 años de prisión a miembros activos del Ejército de la República Dominicana (ERD) y a civiles procesados en el Caso Frontera como parte de una red que se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes provenientes del vecino Haití.
Los condenados a 15 años de prisión son Rafael Zabala Peña, Javier José Dolores Hernández Merejildo, Julio César Pujols Montero y Rafael Contreras Arno, quienes utilizaron su investidura militar para facilitar y permitir, con dolo y omisión, el paso irregular de ciudadanos haitianos hacia territorio dominicano por la frontera norte, entre las provincias Dajabón y Montecristi.
Igualmente, a los organizadores y colaboradores civiles también les fueron impuestas condenas por violar la ley y la dignidad humana. Entre esos actores claves de la red criminal se encuentran Eddy Rafael Cordero Villanueva (Nelson) y Osiris Rafael Estévez Fortuna, sentenciados a 10 años de prisión por su rol protagónico como organizadores del cruce ilegal de migrantes.
Pese a alegar circunstancias atenuantes, su falta de arrepentimiento y su alto grado de participación en los hechos pesaron considerablemente en la decisión judicial, explicó la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
Bejarán Álvarez destacó “que en el Caso Frontera el Ministerio Público logró un fallo histórico, que se corresponde con las graves violaciones a los deberes constitucionales”.
Resaltó que la condena representa “un paso firme en la defensa de la soberanía nacional y la integridad institucional de la República Dominicana”. La sentencia, dijo, constituye un precedente trascendental en el combate contra las redes criminales que operan en las zonas fronterizas.
El tribunal impuso a Edna Josep, de nacionalidad haitiana y responsable de alojar y ocultar a los migrantes en el país, una condena de 10 años de prisión, al confirmarse su participación activa y consciente en el entramado delictivo.
También condenó a cinco años de prisión a los transportistas Santo Valerio Contreras, conocido como Santico; Anelby Susaña Guzmán (Chichi), Hilario Antonio Gómez Paúl, Jesús María Cerda, Elbio José Castillo Martínez (Soco), Aquilino Sosa Fernández, Expedito Rodríguez (Bobole) y Anelsy Escarlex Cordero Núñez, vinculados a la logística de movilización de los migrantes.
Junto a Bejarán Álvarez representaron al Ministerio Público en el caso la fiscal de Montecristi Grimaldi Oviedo y la fiscal Yohanny Herrera, quienes contribuyeron de manera activa para la presentación de un expediente fuerte, sustentado con pruebas contundentes, con las que quedó demostrada la responsabilidad penal de los procesados.
Al fundamentar su decisión, los jueces Mercedes María Reyes Jerez (presidenta), Anabel Rodríguez y Ranciel Castillo Jorge, expresaron que los militares implicados en el caso cometieron un acto de corrupción institucional, el cual representa “una afrenta inaceptable al deber sagrado de resguardar la frontera y al compromiso patriótico que exige el uniforme militar”.
El Caso Frontera fue el resultado de una rigurosa labor de inteligencia e investigación coordinada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Montecristi.
La litigación estuvo a cargo de María Elena Carrasco Veras, titular de la Procuraduría Regional de la Corte de Apelación de Montecristi, y los fiscales Grimaldi Oviedo, Jhensy Víctor, Miguel Crucey y Aleika Almonte, quienes contaron con el apoyo legal de la abogada Jissell González, adscrita a la PETT.
El Ministerio Público contó con el apoyo de la División Especial de Crímenes Transnacionales (Deidet), el Departamento de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional, y la colaboración institucional del Ejército y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).
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