Santo Domingo.- La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, amplía las investigaciones en torno a incidente ocurrido la mañana de este lunes en el sector Bella Vista, Distrito Nacional, donde desconocidos dispararon en múltiples ocasiones contra una yipeta en la cual viajaba un hombre y una mujer cuando ingresaban al parqueo de una torre de apartamentos.

El hecho se produjo en un residencial ubicado en la avenida Núñez de Cáceres esquina Camila Henríquez, cuando individuos a bordo de una jeepeta Honda CRV dispararon contra Starling Noboa Ysabel, de 34 años, quien se desplazaba en una Mercedes Benz G-63 AMG 4WD, negra placa G609481.

Tras la agresión, los atacantes emprendieron la huida en la jeepeta Honda CRV, blanca, placa G576628, pero momentos después colisionaron con otro vehículo en la que escapaban en la avenida 27 de Febrero esquina Winston Churchill. Allí dejaron abandonaron el vehículo y continuaron la fuga.

En el interior de la CRV, fue ocupado un fusil marca American Spirit, calibre 5.56x45mm, modelo ASA15, con 44 cápsulas del mismo calibre, así como un celular.

Además, en el lugar del hecho fueron recolectados 24 casquillos y una cápsula calibre 5.56mm, mientras que los vehículos Mercedes Benz y Honda CRV permanecen bajo custodia policial como parte del proceso de investigación.

La Policía Científica analiza las evidencias colectadas y la Dirección Central de Investigación (DICRIM) trabaja en la identificación y localización de los responsables para ponerlos a disposición del Ministerio Público.

Oportunamente se ofrecerán mayores detalles del caso, conforme avance el proceso investigativo.

SANTO DOMINGO.- Con base en los elementos de pruebas presentados por el Ministerio Público, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 8 años de prisión y al pago de una multa de 300 salarios mínimos del sector financiero a Jairo Joel González Durán, procesado por cometer una estafa que superó los US$15 millones y RD$34  millones, así como más de 3 millones en criptomonedas en perjuicio de más de 400 personas.

El tribunal también condenó a Kelmin Santos Rodríguez a 5 años de prisión suspendida bajo reglas y al pago de una multa de 100 salarios mínimos del sector público.

Entre las reglas impuestas a Santos Rodríguez se encuentran: residir en un domicilio fijo, no portar armas ni ingerir en exceso bebidas alcohólicas, prestar 60 horas de trabajo comunitario, aprender un oficio o un curso técnico y mantenerse bajo la vigilancia del juez de Ejecución de la Pena.

La sentencia advierte que en caso de incumplimiento de las reglas fijadas o cometer una nueva infracción, estas reglas pueden ser revocadas y deberá cumplir la totalidad de la pena en prisión.

Para los condenados la sentencia ordena el cumplimiento de la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal. Ambos, además, fueron condenados al pago de las costas penales del proceso.

González Durán también deberá pagar diferentes montos indemnizatorios a las víctimas.

Respecto a los procesados Moisés González, Leandro González y William Martínez dictó sentencia absolutoria.

Además, el tribunal excluyó la calificación de lavado de activos y de estafa por medios electrónicos.

Los procesados realizaron oferta pública de valores y estafaron por la cantidad de quince millones ochocientos sesenta y seis mil ciento ochenta y cuatro dólares norteamericanos con 18/100 (US$15,866,184.18) y treinta y cuatro millones doscientos quince mil quinientos sesenta y un pesos dominicanos con 00/100 (RD$34,215,561.00), así como la suma de tres millones trescientos un mil ochocientos cincuenta y siete con 18/100 de criptomonedas (3,301,857.18 USDT) denominadas Tether US Dollar, USDT, en perjuicio de más de 400 víctimas.

En el proceso el órgano acusador estuvo representado por el procurador general de corte Pelagio Alcántara; la fiscal Lewina Tavárez, directora interina de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros; Miguel Pichardo, fiscal de la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), y Margaret Cabrera Morillo, fiscalizadora adscrita a la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros.

Los jueces Arlin Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, leerán íntegra la sentencia el próximo 4 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.

Los fiscales establecieron con las pruebas incorporadas al proceso cómo los acusados iniciaron un negocio de captación de recursos de terceros, con una empresa que cumplía con las regulaciones legales, desde la cual realizaron una oferta pública masiva y se hicieron entregar recursos de más de 400 víctimas que posteriormente ocultaban a través de maniobras fraudulentas propias del lavado de activos.

El Ministerio Público destacó cómo los acusados se promocionaban a través de plataformas digitales, induciendo a las víctimas al error de creer que se trataba de operaciones seguras, a pesar de que estos no estaban regulados por el órgano competente para la gestión del Mercado de Valores, hechos por los cuales fue solicitado que sean declarados culpables.

En el proceso, para Jairo Joel González Durán el Ministerio Público pidió que fuera condenado a 20 años de prisión, al pago de 400 salarios mínimos, multa adicional, inhabilitación permanente para ocupar funciones vinculadas al mercado financiero y de valores, así como el decomiso de bienes adquiridos con fondos ilícitos.

Asimismo, solicitó que los acusados Kelmin Santos Rodríguez y Leandro González Espinal fuera condenados a 10 años de prisión, al pago de 200 salarios mínimos y a la inhabilitación permanente en el mercado financiero y de valores.

Con respecto a los acusados Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez, solicitó que fueran condenados a 5 años de prisión, al pago de 200 salarios mínimos y a la inhabilitación por diez años para ocupar funciones relacionadas al mercado financiero y de valores.

El Ministerio Público también solicitó que se ordenara el decomiso de bienes adquiridos con los fondos producto de la estafa, entre ellos, apartamentos en el Distrito Nacional y Playa Nueva Romana, unidades funcionales en el condominio Náutica Business Center, así como vehículos de lujo, incluyendo un Lamborghini Urus 2019, un Audi Q8 2020, una Lincoln Navigator 2021 y una Chevrolet Tahoe 2017, entre otros.

Finalmente, pidió que los acusados Jairo Joel González Durán, Kelmin Santos Rodríguez, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez asuman el pago de las costas del proceso penal, mientras que al acusado Leandro González Espinal le sean compensadas las costas, por estar representado por un defensor público.

El caso recibió la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal de la República Dominicana, el artículo 351, numeral 4, de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores, el artículo 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como en los artículos 3 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Santo Domingo, R.D.- La Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (PROTECOM) fue creada como institución de segunda instancia para recibir las quejas de los clientes inconformes con las respuestas que ofrecen las distribuidoras a sus quejas, y en el período 2020-2024 ha incrementado en un 84 % las respuestas a las reclamaciones que recibe.

La explicación la ofreció Eduard Bautista, director de dicha entidad en un encuentro con periodistas en el que se analizó el rol asignado a esta institución, dependencia de la Superintendencia de Electricidad (SIE), el formato de los procesos para atender las quejas de los clientes y los cambios introducidos en los últimos años para fortalecer los servicios que ofrece. 

La misión de PROTECOM, dijo, es garantizar “que los derechos de los usuarios del servicio eléctrico no sean vulnerados, velando por el cumplimiento de los derechos y deberes establecidos, ofreciendo respuestas justas, oportunas y transparentes a los reclamos presentados a las empresas distribuidoras”.

Bautistadijo que cuando un cliente “no está satisfecho con los resultados de la reclamación que hizo a una distribuidora, puede acudir en 2da. instancia a PROTECOM, presentando la documentación que acredite la gestión inicial realizada, su cédula y la respuesta de la distribuidora”; y puede hacerlo presencial o en línea por “protecomenlinea.gob.do”.

Cada solicitud presentada a PROTECOM, explica, se ingresa al “Sistema de Gestión de Reclamaciones”, un base de datos digital; se le asigna un número de caso; se clasifica según el motivo de la reclamación, y se dispone un analista responsable para darle seguimiento. Además, se notifica a la distribuidora, para evitar la suspensión del servicio durante el proceso de investigación.

Cuando el caso lo exige, destacó Bautista, se genera un requerimiento de inspección técnica, que incluye la revisión del medidor, tomas de lecturas, y cuando sea necesario se analiza la carga o demanda que generan los equipos e instalaciones.

Además, advirtió, el usuario debe estar presente cuando se verifica que el medidor o contador este registrando un consumo dentro de los parámetros que establece la normativa vigente. “Esta inspección requiere más tiempo por la logística de coordinación con la distribuidora que es la autorizada a abrir el medidor. Resumiendo: esta inspección incluye revisión del estado del medidor, de las conexiones eléctricas y de las instalación interna y externa”.

PROTECOM, de acuerdo con lo dicho por su director, emite la decisión tomando en cuenta los resultados de la investigación, apoyándose en las evidencias encontradas; y la notifica al usuario para que pase a retirarla en una las oficinas, o la descargue de la plataforma en línea.

Gracias a los cambios introducidos en la gestión, explicó, incluyendo la nueva plataforma digital, la política de revisión constante de la calidad de los procesos y el reentrenamiento de los recursos humanos, los casos fallados pasaron de 36,249 en el año 2019, a 68,481 en el 2024, el último año completo, casi una duplicación de los resultados diarios, considerando la semana de 5 días laborables.

“Las estadísticas reflejan un crecimiento sostenido en la gestión de los reclamos relacionados con el servicio eléctrico, y hemos abierto seis nuevas oficinas, fortaleciendo así la presencia institucional de los servicios en el territorio nacional”, dijo Bautista.

Un cambio de enfoque muy importante señala, en la relación con quienes acuden a PROTECOM como segunda instancia, es el esfuerzo para educar y concientizar a los clientes del servicio de energía, y un ejemplo de esto es que la decisión se documenta y explica en una forma didáctica presentando los motivos o razones cuando la decisión no les favorece.

Además, destaca, a todos los que acuden a esta entidad les enseñamos opciones fáciles de aplicar para ahorrar en el consumo; por ejemplo, le explicamos que el consumo de energía eléctrica depende del tiempo en que uses los artefactos eléctricos y no de la cantidad de equipos que se tienen.

También, indica Bautista, le enseñamos acciones fáciles de realizar como: cambia bombillos tradicionales por LED; sustituye los equipos antiguos por los de tecnología inverter; no encender varios equipos al mismo tiempo (aires acondicionados, lavadoras, planchas…etc.); regular la temperatura de los aires en 23 grados; no dejar conectados equipos eléctricos cuando sales de casa y apaga las regletas.

PROTECOM, además, participa en el programa “SIE EDUCA” de la Superintendencia de Electricidad que ofrece charlas en escuelas y clubes sobre el uso racional de la energía eléctrica, y a través de las páginas y redes sociales. También participa en el programa “La Ruta de los Derechos”, de acercamiento a las comunidades del Defensor del Pueblo, para educar sobre los derechos de los clientes de servicio y que hacer para solicitar la intervención de PROTECOM.