SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) que dirige el licenciado José R. Gonell Cosme, dio un nuevo paso hacia la transformación digital y la modernización con el lanzamiento oficial del Sistema Integrado de Gestión Institucional ONDA (SIGIONDA), una plataforma tecnológica diseñada para automatizar, centralizar y digitalizar los procesos internos de la institución.

En una nota de prensa, Esther Vásquez, encargada del Departamento de Tecnología de la ONDA explica que este avance forma parte de los esfuerzos institucionales promovido por Gonell Cosme “para fortalecer la eficiencia operativa, mejorar la trazabilidad de la información y reforzar los principios de transparencia y seguridad en la gestión pública”.

Agregó que SIGIONDA permite a los equipos técnicos y administrativos del órgano regulador del Derecho de Autor en República Dominicana contar con una herramienta moderna, segura y unificada para la toma de decisiones y el control de los flujos institucionales.

Una de las características clave de SIGIONDA es la integración con Firma GOB, el mecanismo oficial de firma digital del Estado dominicano, que garantiza la validez jurídica, integridad y autenticidad de los documentos procesados dentro de la plataforma.

Exoneración obras del Estado

El lanzamiento de SIGIONDA también se alinea con la entrada en vigor de la Resolución No. 012-2023, mediante la cual la ONDA establece la exoneración total del pago correspondiente al registro de obras artísticas, literarias y científicas creadas en condiciones especiales, “como aquellas elaboradas por empleados o funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones, así como las donadas voluntariamente al Estado por autores del sector público o privado”.

“La resolución reconoce el valor del trabajo intelectual en el sector público. La ONDA exhorta a todas las instituciones gubernamentales a utilizar esta facilidad para registrar y preservar el patrimonio creativo que se genera dentro del Estado”, señala Vásquez en la nota divulgada este viernes.

Con esta medida, la ONDA reafirma su compromiso con la innovación, la protección de los derechos de autor y la accesibilidad a los servicios del sistema de propiedad intelectual en el país.

SANTO DOMINGO.- Ante las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal le impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de matar a una mujer y herir a otras cinco personas el pasado martes, 23 de julio, en un edificio de apartamentos del sector Naco, en el Distrito Nacional.

Pumarol Fernández deberá cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, de Higüey, en la provincia La Altagracia.

De acuerdo con la solicitud presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, agrediendo a diferentes residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le quitó la vida.

El imputado atacó e hirió, además, a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso la medida de coerción.

Los hechos

Luego de presentarse a la vivienda el imputado agredió a las víctimas.

El hecho fue atendido de manera inmediata por agentes de la Policía Nacional que acudieron en respuesta a una llamada al Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Al lugar también se presentó el Ministerio Público.

Durante la intervención, los agentes policiales lograron controlar y arrestar al imputado, quien se encontraba armado con cuchillos y mostraba una conducta violenta. El imputado fue detenido en flagrante delito.

El Ministerio Público imputa a Pumarol Fernández, de 30 años de edad, la violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal, que tipifican y agravan el homicidio voluntario; el artículo 2 sobre tentativa de homicidio, y el artículo 309, que sanciona las heridas y la violencia voluntaria. También, violaciones a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por el uso de armas blancas con fines delictivos.

Por la muerte de la perra de Yolanda Handal Abugabir, el Ministerio Público también presentará contra el imputado cargo por biocidio, un delito de crueldad contemplado en el Artículo 61, numeral 6, de la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable.

SANTO DOMINGO.- Ante las pruebas aportadas por el Ministerio Público, un tribunal condenó a 10 años de prisión a un hombre que atracó a dos personas que detuvieron la marcha de su vehículo por falta de combustible cuando se desplazaban por el sector El Cachón de la Rubia, en el municipio Santo Domingo Este.

La condena le fue impuesta a Francis Ferre (el Chino) por el hecho delictivo cometido en contra de Carmen Josefina Reyes y Wellington García Toribio, interceptados bajo amenaza de armas de fuego y despojados de sus pertenencias.

Los asaltantes despojaron a las víctimas de 3 cadenas, con sus medallas, una cartera, conteniendo en su interior la suma de 15 mil pesos en efectivo, un celular y una tarjeta de crédito de la que consumieron 800 dólares.

Ferre cometió el atraco junto a otra persona hasta el momento desconocida, quedando el hecho captado en video de cámaras de vigilancia de la zona. Después de cometer el hecho ambos huyeron del lugar en la motocicleta en la que se desplazaban.

El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Flor Jiménez explica que el hecho ocurrió el 16 de enero de 2024.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por los fiscales litigantes Evelyn Peña y Alexis Casado, mostraron al tribunal suficientes elementos de pruebas con las que demostraron la responsabilidad penal del hoy procesado, que fue acusado de violar los artículos, 265, 266,382y 383 del Código Penal Dominicano, relativos a la asociación de malhechores y al robo agravado, así como  los artículos, 66 y 67, de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Los jueces del Primer Tribunal Colegiado, Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal (presidenta), Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, dictaron la sentencia condenatoria y ordenaron su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.