EL NUEVO DIARIO, LA PAZ.– El Gobierno de Bolivia confirmó la muerte de un civil este jueves que se suma a los cuatro policías fallecidos durante los enfrentamientos con los seguidores del expresidente Evo Morales que bloquean carreteras desde hace once días para forzar su candidatura en las elecciones de agosto.

«Son cuatro muertes confirmadas de miembros de la Policía boliviana y un civil», quien de acuerdo al ministro de Gobierno (Interior), Roberto Ríos, perdió la vida por «manipulación de un artefacto explosivo», aunque no informó dónde ocurrió la muerte.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, había confirmado horas antes la muerte del cuarto agente, el subteniente Christian Calle Alcón, quien fue «emboscado» con un explosivo en la región central de Cochabamba.

«Se están utilizando armas de fuego y están utilizando francotiradores inclusive”, afirmó por su parte el ministro de Justicia, César Siles.

Siles agregó que se pidió «que las Fuerzas Armadas puedan intervenir» entre la población de Llallagua, el punto más conflictivo ubicado en Potosí, porque están operando «grupos paramilitares» en los enfrentamientos.

En esa zona, en la víspera, fallecieron los primeros tres policías, los subtenientes Brayan Jorge Barrozo, Carlos Enrique Apata, y el sargento Alberto Mamani Morales, de la unidad de Bomberos Caracoles Potosí.

Los cuatro uniformados eran parte de operativos policiales que buscaban despejar las rutas que se encontraban bloquedas por personas afines a Morales.

El Gobierno de Luis Arce denunció que los policías fueron emboscados en la carretera que conduce hacia Llallagua por algunos manifestantes, quienes estaban apostados en los cerros aledaños, desde donde lanzaron piedras, dinamita y, según las autoridades, también fueron atacados con armas de fuego.

El ministro Ríos denunció que los policías «fueron vilmente asesinados por disparos de arma de fuego mientras cumplían su deber de proteger a la ciudadanía», en una jornada «marcada por la violencia promovida por sectores radicales» afines a Morales.

«Lo que estamos viviendo no es una demanda social legítima, es una estrategia violenta para forzar una candidatura inconstitucional. Morales quiere imponer su candidatura e intereses personales, aún a costa de vidas humanas y por encima del pueblo boliviano», manifestó.

Arce aseguró que continuarán los operativos militares y policiales para retirar todos los puntos de bloqueo instalados por los grupos leales a Morales en la región central de Cochabamba, en Potosí y en el vecino departamento andino de Oruro.

El mandatario señaló además que no renunciará y que ejercerá «todas las facultades que constitucionalmente» le otorgan las leyes para «dar tranquilidad al pueblo boliviano».

Por su parte, Evo Morales (2006-2019) dijo que Bolivia «vive una criminalización de la protesta» y señaló que el desbloqueo generará una «mayor rebelión y mayor sublevación ante el Gobierno».

Los grupos leales al exmandatario bloquean carreteras desde el 2 de junio para exigir que el político pueda participar en los próximos comicios, con un partido que no tiene personería jurídica vigente.

El expresidente, que está distanciado del Gobierno, insiste en ser candidato pese a no tener partido y a que el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificó recientemente que la reelección en el país está permitida «por una única vez de forma continua», sin posibilidad de un tercer mandato, y él ya gobernó el país en tres periodos.

La Fiscalía investiga al exlíder del oficialismo y a algunos dirigentes cercanos por ocho delitos, entre ellos terrorismo y obstrucción de procesos electorales.

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