SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó a un tribunal de Santo Domingo Oeste que dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados de formar parte de la red que cometió un fraude por unos RD$2,500 millones a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), la cual fue desmantelada con la Operación Búho.

Con el fraude, la estructura criminal afectó a 366 víctimas, señala el órgano acusador en el expediente.

Por el caso fueron acusados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra, Julio César Minaya Mejía, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez y Simona Borsilea Juan, así como Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa.

Además, fue acusado Pedro Eligio Bonilla, quien fue declarado en rebeldía.

También, las empresas Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L, ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L, Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L., GSB Music Studio y Productions S.R.L y GBS Baseball Academy S.R.L.

Los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), e Yrcania Ibelice Casado Pimentel, de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, representaron al Ministerio Público en la audiencia preliminar este viernes, donde el juez Joan Rodríguez, del Sexto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Oeste, fijó para el próximo 21 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, la audiencia para dar a conocer el fallo.

El Ministerio Público solicitó que sea admitida de manera total la acusación con cientos de medios de pruebas materiales, periciales, testimoniales y documentales, incluyendo informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección Nacional de Registro de Títulos, y que en consecuencia se dicte auto de apertura a juicio.

Igualmente, solicita el decomiso en favor y provecho de las víctimas de pruebas materiales aportadas junto con la acusación, incluyendo bienes muebles e inmuebles incautados, dinero ocupado en efectivo y cheques, cuentas bancarias, certificados financieros, bienes identificados no secuestrados, pero señalados en la acusación como producto de hechos delictivos, así como también de los intereses y beneficios generados producto de la administración de los bienes incautados y de los productos financieros inmovilizados.

El órgano persecutor puso en marcha el 4 de octubre de 2023 la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses, que llevó al arresto de los directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) implicados en el fraude.

La operación movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas presentaron denuncias contra los ejecutivos de Coop-Herrera.

Durante la operación, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.

Los procesados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes.

La Operación Búho es el resultado de un trabajo conjunto de investigación realizado durante meses por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.

Santiago.- Una serie de allanamientos y operativos simultáneos ejecutados en distintos sectores de esta provincia permitió la ocupación de armas de fuego, drogas, cigarrillos ilegales y otros objetos vinculados a actividades delictivas, además del arresto de cuatro personas implicadas en estos hechos.

Las intervenciones se efectuaron en los sectores Villa Olímpica, Pontezuela, Mella I, Circunvalación Sur, El Ejido y La Mina (Hato del Yaque), amparadas en las órdenes judiciales No. 2025-AJ0073391, 2025-AJ0074534, 2025-AJ0073387, 2025-AJ0074533 y 2025-AJ0074535, respectivamente.

Los operativos fueron ejecutados por agentes policiales adscritos a la Subdirección Regional Cibao Central de Inteligencia (DINTEL), en coordinación con miembros de la Policía Preventiva, el equipo SWAT y bajo la supervisión del Ministerio Público, como parte de las acciones de inteligencia y combate contra el crimen organizado y el microtráfico de sustancias controladas.

Entre las evidencias incautadas figuran dos armas de fuego ilegales, una pistola Glock modelo 19, calibre 9mm, y otra Titan II, calibre .380, ambas con sus cargadores y municiones, además de un chaleco antibalas, varias armas blancas tipo machete, una balanza digital, teléfonos celulares y un radio portátil.

Asimismo, fueron confiscadas 18,338 unidades de cigarrillos de distintas marcas, las cuales eran comercializadas de manera irregular, junto a 380 unidades adicionales encontradas en otro de los allanamientos.

Durante un operativo focalizado en el sector La Mina, municipio Hato del Yaque, fue arrestado un individuo que operaba un punto de expendio de drogas. Al momento de su detención, se le ocupó un bulto conteniendo 94 porciones de presunta cocaína, 53 porciones de presunta marihuana, un celular, un encendedor y la suma de RD$2,950 en efectivo.

Tanto los detenidos como las evidencias ocupadas fueron puestos bajo custodia del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Estas acciones forman parte de los operativos preventivos e investigativos que desarrolla la Policía Nacional, a través de sus direcciones especializadas, en coordinación con el Ministerio Público, con el propósito de garantizar la seguridad ciudadana, combatir el tráfico ilícito de drogas y enfrentar las actividades del crimen organizado en toda la región del Cibao Central.

-Solicitan apertura a juicio contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por su participación en el colapso de la discoteca-

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público presentó este viernes acusación formal y  requerimiento de apertura a juicio en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club que dejó 236 personas muertas y más de 100 heridas el pasado 8 de abril de este 2025.

En la instancia, depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, el Ministerio Público está representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.

También, por el procurador de corte Héctor García, los fiscales Magalys Sánchez, Miguel Collado y Rosa Ysabel Mejía, y los fiscalizadores Vladimir Viloria y Enmanuel Ramírez Sánchez.

El Ministerio Público establece que, en sus acciones, como responsables de la operación del local de diversión que operaba en la avenida Independencia, del Distrito Nacional, los hermanos Espaillat incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos castigados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

La investigación se realizó a partir de una instrucción particular dictada por la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien comisionó al Director General de Persecución y a la Fiscal del Distrito Nacional para que llevaran adelante el proceso penal, a fin de determinar las causas de la caída del techo de la discoteca Jet Set Club.

Los fiscales sustentan la acusación con cientos de elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.

Establecieron que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura. Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.

La instancia resume los hallazgos que, al analizar la estructura de la edificación, documentaron los periodos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), designados por el Ministerio Público en su investigación del caso.