EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN AMÉRICA.- Seis organizaciones internacionales, entre las cuales está Amnistía Internacional (AI), denunciaron este viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «la política sistemática y sostenida de represión» en contra de personas defensoras de los derechos humanos en Venezuela dos días antes de que el país celebre sus elecciones municipales.

Las organizaciones, que se presentaron ante la Corte en representación de organizaciones nacionales venezolanas, alertaron en un comunicado que el Estado venezolano ejerce «una serie de patrones que evidencian una estrategia deliberada de castigo y disuasión» contra defensores de derechos humanos a través de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, anulación de pasaportes, criminalización, vigilancia digital, amenazas y campañas de estigmatización».

De acuerdo con el comunicado, en la primera mitad del 2024 se registraron más de 592 ataques en contra de personas defensoras y la tendencia se recrudeció tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en un proceso que es tachado de fraude por la oposición y que despertó amplias protestas en el país.

En lo que va de 2025, las organizaciones contabilizan 236 ataques más, entre las cuales denuncian desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y acusaciones de terrorismo «sin pruebas».

Otro mecanismo represivo destacado por AI es la anulación arbitraria de pasaportes de las personas defensoras y de sus familiares, sin justificación ni notificación oficial. Según un informe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que también firma el comunicado, al menos 40 personas perdieron sus pasaportes como medida para «silenciar voces».

Las organizaciones también denunciaron la Ley de Fiscalización de ONG, aprobada en agosto de 2024, por cerrar el espacio público y establecer «sanciones desproporcionadas, requisitos onerosos e imposibles de cumplir, a la vez que generado un ambiente de hostilidad y vigilancia contra organizaciones que defienden derechos humanos».

Ante la crisis de Venezuela, Amnistía reafirma y dignifica el compromiso de las personas defensoras de los derechos humanos en el documentar, acompañamiento a las víctimas y en la denuncia de las violaciones a sus derechos.

«Su labor es esencial para preservar la memoria, la verdad y sentar las bases de la rendición de cuentas futura. Su protección y acompañamiento requiere un compromiso firme, sostenido y diferenciado por parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos y la comunidad internacional», concluye el comunicado.

Además de AI y el CEJIL, también firman la declaración la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Robert F. Kennedy Human Rights Center (RFKHR).

Esta denuncia llega dos días antes de las elecciones municipales en Venezuela, que se celebrarán el próximo domingo para elegir 2.806 cargos, de los cuales 335 son alcaldes y 2.471 son concejales.

En estas votaciones no participa el sector mayoritario de la oposición, liderado por María Corina Machado y Edmundo González, por mantener la acusación de fraude contra el CNE en las presidenciales de 2024.

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EL NUEVO DIARIO, BANGKOK. – Los Gobiernos de Tailandia y Camboya consideran un alto el fuego propuesto por Malasia, mientras los Ejércitos de ambos países continúan este viernes su enfrentamiento por segundo día en varios puntos de la frontera.

«Tailandia agradece al primer ministro (de Malasia), Anwar Ibrahim, la oferta de alto el fuego, con la que Tailandia está totalmente de acuerdo en principio y la considerará», indicó en la noche del viernes el ministerio tailandés de Exteriores.

Bangkok, sin embargo, señaló que las fuerzas camboyanas continuaron hoy con «sus ataques indiscriminados contra territorio tailandés» y aseguró que las acciones de Camboya «demuestran falta de buena fe y continúan poniendo a la población civil en peligro».

«Tailandia tiene la obligación de proteger su soberanía y a su pueblo», remarcó Exteriores en un comunicado.

El primer ministro de Malasia, país que alberga este año la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), conversó la noche del jueves con sus homólogos tailandés, Phumtham Wechayachai, y camboyano, Hun Manet.

«Malasia apeló directamente a ambos líderes para un alto el fuego inmediato que evite nuevas hostilidades y genere un espacio para el diálogo pacífico y la resolución diplomática. Agradezco las señales positivas y la disposición mostradas tanto por Bangkok como por Nom Pen», dijo Anwar en X.

Por su parte, el primer ministro de Camboya acusó la noche del viernes a Tailandia de romper ese alto el fuego mediado por Malasia.

«Camboya estaba de acuerdo con su propuesta de alto el fuego porque Camboya no había iniciado estos combates», dijo Hun Manet, al remarcar que Anwar le había confirmado que su homólogo tailandés «había aceptado» la propuesta que entraría en vigor a la medianoche del jueves.

«Es lamentable que, poco más de una hora después, la parte tailandesa informara que había cambiado su postura (…) La clave para resolver el actual conflicto armado entre Tailandia y Camboya reside en la voluntad genuina de la parte tailandesa de aceptar un alto el fuego, lo cual constituye el primer paso para encontrar nuevas soluciones», aseguró el dirigente camboyano en Facebook.

Tras casi dos meses de tensión, el enfrentamiento entre los Ejércitos de ambos países explotó en la mañana del jueves y ganó intensidad rápidamente. Ambos países acusan al otro de iniciar la contienda.

Los combates continuaron este viernes y se extendieron a 12 puntos de la frontera entre ambos países.

En la noche del viernes, el Comando de Defensa Fronteriza de las provincias orientales de Chanthaburi y Trat, colindantes con Camboya, declaró la ley marcial en 8 distritos de la región con el objetivo de facilitar el movimiento de tropas, policías y civiles para «proteger a la nación de esta amenaza externa».

Tailandia ha informado de 18 muertos (13 civiles y 5 soldados), según la última actualización publicada en la noche del viernes, y más de 138.000 desplazados.

Por su parte, Camboya, que se muestra más opaco, solo ha confirmado un civil muerto y cinco heridos y unas 3.400 familias evacuadas.

La tensión territorial entre ambas naciones generalmente se ha abordado de manera diplomática, aunque entre 2008 y 2011 murieron una treintena de personas en enfrentamientos militares bilaterales en un territorio adyacente al templo hindú de Preah Vihear.

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EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. – Estados Unidos criticó este viernes una investigación penal abierta en Francia contra la red social X, propiedad del magnate Elon Musk, por sospechas de injerencia extranjera.

«En el marco de una investigación penal, un fiscal francés activista solicita información sobre el algoritmo patentado de X y ha clasificado a X como ‘grupo de delincuencia organizada’», escribió el Departamento de Estado en la misma plataforma.

Desde que regresó al poder en enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha denunciado lo que considera amenazas a la libertad de expresión en Europa.

«Los gobiernos democráticos deben permitir que se oigan todas las voces, no silenciar las expresiones que no les gustan», señaló la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, que depende del Departamento de Estado, en la publicación.

«Estados Unidos defenderá la libertad de expresión de todos los estadounidenses frente a los actos de censura extranjera», añadió.

La plataforma X denunció el lunes una «agenda política» y dijo que se había negado a acceder a las peticiones de la Fiscalía de París para acceder a su algoritmo.

Según X, las autoridades francesas solicitaron acceso a su algoritmo de recomendación, así como a datos en tiempo real de todas las publicaciones de sus usuarios.

El 11 de julio, la Fiscalía de París indicó que se había encargado a la Gendarmería una investigación sobre X, como entidad jurídica, y contra las «personas físicas» que la dirigen.

La pesquisa resulta de dos denuncias recibidas en enero que «hacían referencia a la presunta utilización del algoritmo X con fines de injerencia extranjera», según el fiscal.

X «niega categóricamente» las acusaciones de manipulación de su algoritmo con dichos fines.

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