EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE PANAMÁ. – El contralor general de la República de Panamá, Anel Flores, anunció este miércoles la presentación de dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia, una de inconstitucionalidad y otra de nulidad, relacionadas con el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.

«La Contraloría General de la República, salvaguardando los intereses del país, hizo presentación de dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia: una de inconstitucionalidad y la otro por nulidad, referentes las dos al tema de los contratos con Panama Ports Company», señaló Flores en una conferencia de prensa.

La demanda de inconstitucionalidad se refiere al contrato con PPC y «la nulidad es exclusivamente al tema de la prórroga» posterior de ese contrato, aclaró, una adenda que no contó con los trámites establecidos en la ley.

El funcionario explicó que las acciones legales están fundamentadas en los hallazgos de una auditoría practicada por la Contraloría General, entregada el pasado 7 de abril, que reveló «numerosas irregularidades», calificando el contrato como «leonino y abusivo contra los intereses del país».

«El deber de esta Contraloría es defender los dineros de los panameños y siempre estar a la defensa de los mejores intereses nacionales», afirmó el contralor.

Panama Ports maneja los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), dos de los cinco puertos en torno al Canal, desde 1997, cuando se le otorgó un contrato de concesión por 25 años. En 2021, el contrato fue extendido automáticamente por igual periodo, en medio de denuncias de supuesta corrupción y de condiciones consideradas desfavorables para el Estado panameño, que posee solo el 10 % de las acciones en la empresa.

Negociaciones «en diferentes latitudes» sin incluir a Panamá

Flores también se refirió a publicaciones internacionales sobre presuntas transacciones vinculadas a los puertos operados por PPC sin la participación del Estado panameño.

«Creo que estamos muy claros que ahí están hablando de transacciones multimillonarias en diferentes latitudes que no incluyen a la República de Panamá, que es la real dueña de los puertos panameños, por ello hemos tomado las acciones que hemos tomado», expresó.

En un último giro, la multinacional hongkonesa CK Hutchison, propietaria de PPC, indicó a inicios de semana su interés en incorporar a un inversionista chino en el consorcio liderado por BlackRock que busca adquirir sus activos en Panamá. Según información de Bloomberg, el gigante estatal chino Cosco negocia su entrada en el consorcio con poder de veto, lo que ha generado nuevas inquietudes sobre el futuro de los activos portuarios panameños.

Esta operación se encuentra en el ojo del huracán de los turbulentos lazos entre China y Estados Unidos, ya que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo calificó como una «recuperación» del control estadounidense sobre el Canal de Panamá tras sus denuncias sobre la influencia china en esta infraestructura clave.

Por su parte, Pekín anunció que investigaría el acuerdo, el cual fue comparado por la prensa oficial con «entregar un cuchillo al rival».

El acuerdo, valorado en unos 23.000 millones de dólares, prevé el traspaso del 90 % de las participaciones en los puertos de Balboa y Cristóbal, operados actualmente por CK Hutchison.

  «Más de 1.300 millones no entraron a las arcas nacionales»

Sobre posibles responsabilidades de exfuncionarios en relación al contrato, el contralor recordó que el caso fue remitido en abril al Ministerio Público, que deberá realizar las evaluaciones correspondientes.

El informe habla «de un contrato leonino, un contrato donde malos panameños permitieron que más de 1.300 millones no entraran a las arcas nacionales», afirmó Flores, y añadió que «esa gente vio para otro lado y no puso atención a lo que tenían que hacer, que era cuidar los bienes de todos los panameños».

Entre los hallazgos, detalló, figuran presuntos incumplimientos de inversión por parte de PPC y otros perjuicios económicos, que han sido documentados en el informe de auditoría.

«Esperamos que el procurador de la nación haga su trabajo, como lo estamos haciendo nosotros», subrayó.

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