Internacionales
Uribe denuncia sesgo de la jueza que lo condenó e invoca la justicia internacional – El Nuevo Diario (República Dominicana)
El expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe. Foto/fuente externa
EL NUEVO DIARIO, BOGOTÁ. – El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) dijo este viernes que el juicio en el que se le condenó a doce años de prisión domiciliaria fue sesgado y señaló que la Justicia colombiana y la internacional tendrán que examinar la actuación de la jueza Sandra Heredia, a la que acusó además de irrespetar a su familia.
«Esos desvíos temperamentales, esas intemperancias contra la defensa, contra mi familia, contra mí, muestran que aquí hubo sesgo y eso lo tiene que considerar la Justicia nacional, los órganos competentes y la Justicia internacional», manifestó.
El expresidente pidió el uso de la palabra para argumentar en su favor luego de que Heredia, titular del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, leyera la sentencia en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
«Este es un fallo que abusa, este es un fallo que excede lo jurídico, un fallo que va contra las normas jurídicas, contra la ética, contra la moral», expresó el expresidente de 73 años, quien subrayó: «Este es un fallo con determinadores políticos, sesgados».
El exmandatario y fundador del partido de derecha Centro Democrático, en oposición al presidente colombiano, Gustavo Petro, insistió en que hubo un «discurso político» para condenarlo el pasado lunes, cuando la jueza leyó el fallo que lo encontró culpable de dos delitos y lo absolvió del de soborno simple en un caso que lo enfrenta al senador de izquierdas Iván Cepeda.
Argumento de condena sin pruebas
Todo hace parte de un proceso que el mismo Uribe inició en 2012 cuando demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus supuestos vínculos con los paramilitares.
Sin embargo, el magistrado del caso no solo desestimó esa denuncia, sino que ordenó investigar al expresidente por intentar «comprar» falsos testigos en cárceles, por medio del abogado Diego Cadena, con quien mantenía contacto, para que declararan en contra de Cepeda.
«No hay una sola prueba que sustente este fallo político que me condena», subrayó Uribe, quien contestó el argumento de la acusación, acogido por la jueza, de que fue él quien mandó a Cadena buscar testigos contra Cepeda entre exparamilitares presos.
El expresidente agregó: «No hay una sola prueba que sustente que yo pagaba esos testigos. No hay una sola prueba que sustente que yo pedía a esos testigos que debían acusar a Cepeda o a otra persona».
Defensa de su familia y de la libertad
Uribe cuestionó además a la jueza por comisionar al Centro de Servicios Judiciales de Rionegro, el municipio del departamento de Antioquia donde reside el expresidente, para expedir «la correspondiente boleta de encarcelación» y «proceder a su traslado inmediato a su domicilio donde cumplirá la prisión domiciliaria y se realizarán los controles respectivos».
«Y me niegan el derecho a permanecer en libertad. Una de las razones para negarme el derecho a permanecer en libertad es que es para evitar violencia», dijo.
El expresidente explicó que «en el ejercicio de libertad» recorre el país y participa en foros en los que expresa «con franqueza» lo que su corazón «siente sobre Colombia».
«Doy las razones de oposición a este gobierno, pero jamás, jamás mi partido, los afines, mis compañeros dirigentes de la política, han sido incitadores de la violencia. Eso es, señalarnos de incitadores de la violencia», indicó sobre la restricción de su libertad.
El expresidente reclamó también a la jueza por mencionar al comienzo de la audiencia de hoy a su hijo Tomás Uribe Moreno como una de las personas que supuestamente filtró a la prensa la sentencia condenatoria horas antes de que la hiciera pública, señalando que carece de «gallardía».
«Eso me parece temerario, lo que hoy se dijo contra mis hijos, acusándolos de filtraciones y de faltos de gallardía cuando mis hijos proceden de frente, mirando a la cara. Y se olvidó la historia de filtraciones de este proceso, filtraciones sesgadas», agregó Uribe.
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Gobierno de Trump recurre orden que obliga a financiar por completo programa alimentario – El Nuevo Diario (República Dominicana)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE.
EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- La Administración de Donald Trump recurrió este viernes ante un tribunal de apelaciones la orden judicial que le obliga a abonar por completo los subsidios para comprar la comida de 42 millones de estadounidenses, y no a hacerlo parcialmente como avanzó el Gobierno que lo haría.
El recurso, tramitado por vía de emergencia, insta al tribunal a «suspender» las órdenes de la corte para financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que se encuentra congelado por el cierre del Gobierno federal, que cumple hoy 38 días.
El fallo de un tribunal inferior obliga al Departamento de Agricultura, del que depende SNAP, a encontrar fondos para financiar el 100 % de los cupones.
Este lunes, el Departamento aseguró en una declaración presentada ante una corte de Distrito del estado de Rhode Island que utilizaría el fondo de emergencia del programa para pagar la mitad de los cupones durante el mes de noviembre.
Más tarde elevó la cifra al 65 %. Sin embargo, el tribunal consideró que no era suficiente.
El Departamento de Justicia alegó en su apelación que las prestaciones se encuentran paralizadas por el cierre del Gobierno y que no hay forma de que el Departamento encuentre el dinero que falta.
Por su parte, Trump tildó el fallo de «absurdo» e insistió en responsabilizar a los demócratas del cierre del Gobierno, y, por tanto, de la falta de fondos.
Algunos estados ya han comenzado a distribuir las ayudas parcialmente y varios han apuntado que podrían llegar la próxima semana, según la CNN.
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Sheinbaum recibe a Macron en el Palacio Nacional de México – El Nuevo Diario (República Dominicana)
EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, recibió este viernes al presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio Nacional para una visita oficial centrada en la cooperación política, económica y cultural, y en la que México buscará la restitución de códices históricos actualmente en Francia.
Se trata de la primera visita oficial de un líder europeo a México desde que Sheinbaum asumió el cargo de presidenta en octubre de 2024.
«Vamos a hablar de relación económica, del acuerdo comercial que se renueva en el 2026 con la Unión Europea y cómo va a participar Francia, esencialmente, y colaboración en temas de ciencia, cultura e innovación”, remarcó la mandataria el jueves en su conferencia diaria.
El presidente francés llegó a México procedente de Brasil donde asistió a la reunión de jefes de Estado de la COP30, en la ciudad de Belém.
Sheinbaum explicó que el viaje de Macron incluirá un encuentro con empresarios franceses y mexicanos, como parte del fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales y se prevé una conferencia de prensa conjunta.
Asimismo, la mandataria adelantó que abordarán temas históricos y culturales, especialmente la solicitud de devolución de dos códices mexicas, el de Azacatitlán y el Borbónico, actualmente en Francia.
Por su parte, fuentes del Elíseo subrayaron en París a EFE que la visita oficial debe servir para estrechar los vínculos con un país con el que Francia «comparte muchos valores», como la defensa del multilateralismo, la acción feminista o la importancia que da a la soberanía propia.
La visita de Macron a México -originalmente prevista para septiembre pasado y retrasada debido a tensiones políticas en París-, se enmarca en los preparativos del 200 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Francia, que datan de 1830.
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Unos 250 mil venezolanos se quedan en la clandestinidad en EE. UU. tras perder el TPS – El Nuevo Diario (República Dominicana)
Foto: EFE/Ángel Colmenares.
Por: Ana Milena Varón
EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Un cuarto de millón de venezolanos queda expuesto a la deportación desde la medianoche de este viernes cuando se vence el Estatus de Protección Temporal (TPS) que los protege, lo que supone un duro golpe para los migrantes que prefieren quedarse en las sombras a regresar a su país.
“No podemos regresarnos a Venezuela, allá ya no queda nada para nosotros, prefiero quedarme en la clandestinidad”, dice en una entrevista telefónica con EFE Oriana, una inmigrante venezolana que no quiere dar su apellido.
La mujer de 38 años, madre de una adolescente de 15 años, cuenta que vivió en Florida por más de cinco años, pero recientemente decidió mudarse y establecerse en otro estado, tras la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al amparo a los venezolanos concedido por su antecesor.
El TPS protege a los beneficiados de la deportación y les otorga un permiso de trabajo, que Oriana perderá desde este viernes.
“Dejé de usar ese permiso, me estoy adaptando a mi nueva realidad”, cuenta la inmigrante.
La venezolana no quiere dar detalles sobre dónde se establecerá, o cómo se mantendrá, tras perder la autorización de empleo. Asegura que desconectará su número celular y comenzará “una nueva vida” en la clandestinidad pero aún en Estados Unidos.
Aún hay esperanza
“Soy consciente de que con el TPS tuvimos un privilegio frente a otros inmigrantes como los colombianos o mexicanos, pero de ellos aprendí que no hay que perder las esperanzas y que hay que aguantar hasta donde más se pueda”, manifiesta la inmigrante.
Una actitud que aplaude José Palma, coordinador de la Alianza TPS, una coalición que encabeza una demanda contra el Gobierno de Trump para mantener con vida el amparo.
“La lucha sigue en las cortes, no se ha dado la última decisión”, advierte el activista.
La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados, los de 2021, unos 250,000 a los que se les termina hoy el TPS, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350,000, que quedaron desprotegidos desde el mes pasado cuando la Corte Suprema permitió a la Casa Blanca seguir con sus planes mientras la batalla en los tribunales inferiores continúa.
El caso se encuentra en el Noveno Circuito de Apelaciones donde un panel escuchará argumentos de ambas partes, después que el Gobierno Trump recurriera un fallo de un juez federal que dictaminó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad legal al terminar con el amparo y que su decisión era «arbitraria y caprichosa».
Palma no descarta que la batalla legal llegue nuevamente al Supremo, donde los jueces deberán considerar por completo el caso.
En total son 600,000 venezolanos que desde esta medianoche quedarán en riesgo de detención y deportación inmediata, lo que supone el mayor número de personas que han perdido el TPS, en la historia del amparo.
Esta no es la primera vez que Trump se enfrasca en una pelea contra el beneficio establecido en 1990, en su primer mandato intentó terminar con la protección a inmigrantes de seis países, la mayoría centroamericanos, pero perdió la batalla legal.
“Ya ganamos una vez en la corte, podemos volver a lograrlo”, indica Palma.
La Alianza TPS también está presionando en el Congreso estadounidense a favor de varios proyectos de ley con apoyo bipartidista que otorgaría la legalización permanente a los beneficiados por el TPS de decenas de países.
¿Quiénes corren mayor riesgo?
Pero ambas opciones requieren tiempo, algo que los venezolanos parecen no tener ante la arremetida de las autoridades migratorias para cumplir con la meta del presidente Trump de deportar a un millón de personas en un año.
Fernando Romo, abogado de inmigración y principal asesor jurídico de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal), explica a EFE que los venezolanos que corren un riesgo de detención inmediata, tras perder el TPS son aquellos que tenían una orden de deportación previa.
“El TPS pone un paro a las órdenes de deportación, pero al perder el amparo esta orden se activa y seguramente van a ser buscados por los agentes migratorios”, ahonda el abogado.
No obstante, el jurista explica que los inmigrantes que han perdido el TPS aún tienen otras opciones como solicitar asilo, y aunque estos procesos “no son fáciles de ganar” representan una posibilidad para los venezolanos.
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