EL NUEVO DIARIO, GUAYAQUIL, ECUADOR. – El excandidato a la Presidencia de Ecuador y líder ambiental indígena Yaku Pérez rechazó este sábado que la Justicia haya archivado la denuncia que interpuso en contra del presidente Daniel Noboa por presunto tráfico de influencias y cohecho en la entrega de la licencia ambiental para el proyecto minero Loma Larga.

«Es una tristeza ver a una Justicia arrodillada, inclinada al poder oligárquico, al poder político. Una justicia ciega, sorda y muda. Que no quiso ver las pruebas que presentamos en la Fiscalía», señaló Pérez -en un video- en su cuenta de la red social X.

El líder ambiental interpuso a finales de agosto una denuncia en contra de Noboa; de su esposa, Lavinia Valbonesi, y de la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM) en la que señala que la compañía habría supuestamente obtenido en junio de este año la licencia ambiental para desarrollar el proyecto minero en la sureña provincia andina de Azuay mediante «un fraude».

Además, aseguró que se habría producido después de que presuntamente DPM entregó donaciones a Valbonesi, quien tiene una fundación para mujeres y niños en situación de vulnerabilidad.

El activista también afirmó que, antes de que el Gobierno otorgara esa licencia, se llevaron a cabo en Toronto (Canadá) «sendas reuniones» entre la empresa y el presidente Noboa.

Sin embargo, la noche del viernes Noboa afirmó que una jueza había ordenado el archivo de la denuncia, debido a que la acusación «carecía de sustento legal y de cualquier prueba que la respalde», y que la magistrada la había calificado como «temeraria».

En un comunicado, el mandatario aseguró que se reservaba el derecho de «tomar las acciones legales que correspondan» y añadió que «en caso de que la Justicia falle a favor, los fondos serán destinados a la conservación hídrica en Azuay».

A mediados de septiembre, una multitudinaria marcha recorrió las calles de Cuenca, la capital de la provincia de Azuay, en rechazo al proyecto minero, pues sus asistentes aseguraban que provocaría la desaparición del complejo de lagunas de Quimsacocha, de donde sale el agua que abastece a una parte de la ciudad andina, algo que la empresa ha negado.

Semanas después, el Gobierno revocó la licencia ambiental que había otorgado a la compañía canadiense.

Yaku Pérez afirmó este sábado que «nunca antes en la justicia penal ecuatoriana un caso como este se ha archivado en menos de dos meses, a una velocidad que supera la de la luz».

Y le dijo al presidente que, en lugar de «disfrazarse de ecologista» primero «cancele las concesiones mineras en Quimsacocha» y en otras zonas del país, al igual que «las actividades petroleras en el Yasuní», en referencia al área natural protegida ubicada en la Amazonía de Ecuador.

«Creo que ahí sí sería coherente con ser un ecologista de verdad», añadió el líder ambiental.

«Señor presidente, no voy a huir del Ecuador. Aquí me quedaré para enfrentar a la Justicia con la verdad, porque la verdad nos hará libres. Es una tristeza ver que en estos tiempos el diablo predica el evangelio», concluyó.

Loma Larga preveía una inversión de entre cuatrocientos y quinientos millones de dólares para la construcción de las instalaciones de la mina, con el objetivo de extraer reservas aproximadas de 925.000 onzas de oro, si bien en el yacimiento también hay cantidades menores de plata y cobre.

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