Por Louis GENOT

EL NUEVO DIARIO, BRASIL. – Un niño sostiene un cartel que dice: «Los niños deben poder jugar, la favela quiere vivir en paz». Su camiseta está manchada de pintura roja, un recordatorio de la sangre derramada durante la operación policial más letal de la historia de Brasil.

Como él, cientos de personas protestaron el viernes, vestidas de blanco, por las calles de Vila Cruzeiro, una de las favelas de Rio de Janeiro donde tres días atrás tuvo lugar la intervención que dejó más de 120 muertos.

«Los policías vinieron aquí a cometer una masacre», declaró a la AFP Ana Maria Pereira, de 18 años, residente de este barrio de calles estrechas coronadas por marañas de cables.

El punto de partida de la manifestación fue el campo de fútbol donde Adriano, la antigua estrella del Inter de Milán y la Seleção, dio sus primeros pasos.

«¡Fuera Castro, paren las masacres!», coreaban los participantes, en referencia al gobernador del estado de Rio de Janeiro, Claudio Castro. Este político derechista consideró la operación del martes un «éxito» contra los «narcoterroristas».

En las pancartas se leía: «120 vidas perdidas, esto no es un éxito» y «Castro tiene las manos manchadas de sangre».

Decenas de mototaxis, un medio de transporte común en las favelas por las empinadas y sinuosas calles, también se unieron a la marcha haciendo rugir sus motores.

«El día de la operación, la policía nos impedía movernos, nos dispararon y lanzaron gases lacrimógenos», dijo uno de ellos, Lucas Azevedo, de 32 años.

Residentes de barrios acomodados también participaron en la manifestación, como Miguel Rabelo, un músico de 30 años. «Para mí es importante estar aquí, escuchar a la gente, compartir este momento con ellos, mirarlos a los ojos», dijo.

– «Dolor e indignación» –

«Hay mucho dolor e indignación, pero nos hemos reunido aquí para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir jamás», explicó Mónica Benicio, viuda de Marielle Franco, concejala de Rio nacida en una favela y asesinada en 2018, un crimen que conmocionó a Brasil y el mundo.

«Lo más aterrador es ver a una parte de la sociedad aplaudir, diciendo que el único delincuente bueno es el delincuente muerto», lamentó la mujer de 39 años, ahora concejala también.

La indignación de los residentes de los complejos de favelas Penha y Alemão, donde ingresaron miles de policías el martes, se manifiesta por todas partes.

Sin embargo, encuestas publicadas en los últimos días muestran que la mayoría de los brasileños aprueba esta operación contra el Comando Vermelho, uno de los principales grupos criminales del país.

«Se necesita una movilización nacional para combatir a esta organización, que ya no es solo una organización criminal, sino una organización terrorista (…) que emplea tácticas guerrilleras y oprime a los residentes de la comunidad», declaró Felipe Curi, jefe de la Policía Civil de Rio, en una conferencia de prensa el viernes.

Según Curi, hasta el momento se han identificado en el instituto forense los cuerpos de 99 personas, descritas por las autoridades como «delincuentes». Entre ellas, 42 tenían órdenes de arresto pendientes y 78 contaban con amplios antecedentes penales.

La ONG Human Rights Watch denunció el viernes en una nota que la policía no tomó «medidas de investigación cruciales» para determinar las circunstancias de las muertes durante el operativo, como preservar el lugar de los tiroteos o establecer una cadena de custodia rigurosa de las pruebas.

El miércoles, al día siguiente de la incursión, los vecinos encontraron decenas de cadáveres en una zona boscosa y los trasladaron a una plaza de la favela, donde los alinearon despojados de ropa. Esa imagen dio la vuelta al mundo.

Curi anunció que investigarán si la remoción y exhibición de los cuerpos se hizo con la intención de crear una narrativa contra la actuación policial.

Mientras el sector conservador lo acusa de ser laxo en materia de seguridad, el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva anunció el viernes en la red social X que presentó un proyecto de ley al Congreso que propone una pena de 30 años de prisión para los miembros de facciones criminales.

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